Al dirigente del PAN se le ocurrió declarar que pidió a los gobernadores de su partido que apoyen a la candidata de la oposición. ¿Algún problema legal que la militancia apoye a su candidata?
Por supuesto que no existe problema legal alguno. La “corcholata” o candidata oficial, sin embargo, de inmediato giró instrucciones a su representante en el INE para que denuncie a Marko Cortés. Los medios de inmediato hicieron eco a la “amenaza” de la oficialista.
Si bien existe una cauda de delitos que puede cometer cualquier ciudadano, funcionario público, funcionario electoral o funcionarios de partido, según la ley especial en matera de delitos electorales, primero hay que leer con detenimiento las conductas típicas, en qué casos se puede incurrir en conducta delictiva electoral. La señora, además de ignorar el derecho penal electoral, prueba su ignorancia en la materia.
A nadie, sin excepción, le está prohibido apoyar al candidato de su preferencia. Por lo tanto, la “corcholata” peca de malévola.
Se debe sancionar la conducta cuando, como en el reiterado caso de AMLO, ha utilizado recursos públicos abierta y descaradamente para promover a su partido y a sus candidatos, entre ellos, a su candidata. Ha pedido el voto para todos ellos en varias ocasiones en sus conferencias ¡Esa conducta sí es delictiva! Pero como es el presidente, no le pasa nada, a pesar de su conducta delictiva. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) tiene instrucciones de no proceder en contra de AMLO.
Ahora que si la “corcholata” demuestra que los gobernadores incurren en la misma práctica que el presidente López, entonces sí están cometiendo delitos electorales. Además de violentar el artículo 134 constitucional y su correspondiente de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La simple declaración del dirigente panista no es causa de delito.
Salvo que los morenistas prueben que los gobernadores desvían recursos públicos en favor del partido o candidata a la que aludió Marko Cortés Mendoza.
A la largo y ancho de la República Mexicana, miles de funcionarios públicos federales, estatales y municipales apoyan a sus candidatos. Los conocidos como “siervos de la nación” son activistas de Morena y cobran un salario en la burocracia federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina con meridiana claridad que los partidos políticos son el instrumento para arribar al poder, pero bajo las reglas de igualdad y equidad y el código penal en materia de delitos electorales, determina las conductas típicas en las que puede incurrir cualquier persona, y por tanto, ser sancionada, previo juicio en el que sea oído y vencido, garantía de audiencia.
Alharaca política de la “corcholata” para intimidar y generar nota periodística.
A contrario sensu, cuando la señora “corcholata” fue abordada por encapuchados durante una de sus giras de fin de semana, afirmó que no presentaría denuncia alguna. ¿Presunta conducta delictiva? Vaya flacidez de convicciones democráticas.
Si de verdad las autoridades civiles o electorales quisieran poner orden en el no uso de recursos públicos en apoyo de tal o cual partido, candidata o candidato, el cúmulo de denuncias penales debieran pesar sobre el mismo Andrés López Obrador. Pero como todo es montar una farsa y convertirla en publicidad mediática, no son más que simples acusaciones, denuncias y amenazas de campaña.
Marko Cortés puede estar tranquilo mientras Morena no demuestre que ha incurrido en acciones típicas sancionadas por la ley. La tipicidad debe ser específica y probar, demostrar todos los elementos del tipo penal; no sirve para nada lanzar simples amenazas, acusaciones que no llevan a ningún lado.
Aunque Marko no debe confiarse de la mala fe que pesa en los morenistas, tienen el control de todas las autoridades en la “procuración de la justicia” en materia de delitos electorales.
Esos sí son un peligro. No olvidar que José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fepade, exlegislador morenista, está a las órdenes de AMLO y su corrupto sistema. Esos sí son un peligro.
