Ahora fue el diputado federal y Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, quien amenaza con desaparecer los poderes de un Estado, en el caso el de baja California, por haber reformado la Constitución de esa entidad federativa, para prolongar el periodo de gobierno del morenista electo, de 2 a 5 años, Jaime Bonilla. Antes, por el mes de febrero pasado, fue el borrachín (también Porfirio) y senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien proponía la desaparición del Poder Judicial, por no subordinarse a la ley de remuneraciones, misma que fue reformada de inmediato debido a la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos, “chicanearon” los juicios de inconstitucionalidad para declarar su improcedencia.
Sorprende de Porfirio su hilarante propuesta, en tratándose de un hombre letrado y conocedor de la materia jurídica, como de los mejores legisladores. No fue así el caso del neófito, ignorante de Salgado Macedonio, a quien nadie siguió en su frustrante intentona de desaparecer al Poder Judicial de la Federación, incluso su coordinador lo tildó de “loco”, Ricardo Monreal, dada la descabellada “iniciativa” en tribuna de comisiones.
La torpe propuesta quedó en el olvido y los Ministros declararon la inconstitucionalidad de algunos artículos la ley ahora reformada; no trascendió y su torpe declaración quedó en el olvido, aunque deberá estar en el registro de intervenciones.
Por cierto, el neófito recordó que Ernesto Zedillo lo hizo en 1994, lo que de suyo es una falacia; si bien se indemnizó a todos los Ministros de entonces, dado que eran inamovibles y vitalicios, reformaron la Constitución para que los Ministros tuvieran un periodo de duración en el cargo; cierto, fue una canallada de Zedillo y sus huestes legislativas, pero no hubo desaparición del Poder Judicial. Por cierto, una de las beneficiadas de aquella reforma constitucional fue la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, vale recordar, viola la Constitución al cobrar 2 salarios; uno como Secretaria y el otro bajo la denominación de pensión, disfraza la violación donando su salario y goza del ingreso más alto; la ministra en retiro devenga el triple de lo que percibe su jefe inmediato superior, Andrés Manuel López Obrador. Así el doble rasero en la interpretación y aplicación de la ley en el gobierno de la 4T.
Sobre el tema de la reforma constitucional en Baja California, los políticos pretenden ir más allá; la propuesta del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es una vacilada. Es un tema serio, debe someterse al imperio de la ley, de lo contrario caen en lo mismo que hicieron diputados y ayuntamientos de ese Estado, violar la Constitución federal. La competencia de la desaparición de poderes es del Senado de la República, aunque Porfirio hace la acotación; sin embargo, subió a la mesa de debate el tema con mayor fuerza; ese es el propósito, como para que se olviden otros temas también de la misma envergadura (delincuencia, recesión, falta de empleos, nula inversión, mentiras del Presidente de la República, etcétera). Políticos de los partidos del PAN y del PRI, “engordan el caldo” y se suman a la propuesta de Porfirio y cómo no, si la pretensión al final sería que se inhabilite a Bonilla y no ocupe la gubernatura por los 2 años, periodo para el que fue electo. Se nombraría un gobernador interino y convocarían a elecciones extraordinarias. Eso no sucederá. Más prudente Monreal y con ánimo de no friccionarse con Muñoz Ledo, dice que se estudiará el caso.
Es mucho más sencillo y prudente iniciar 2 caminos a la vez. Uno, juicio político para todos los violadores de la Constitución, de naturaleza política, solo eso; inhabilitarlos, destituirlos y pérdida de derechos políticos. No desaparecer lo poderes que no encuadra en el artículo 76 fracción V de la Constitución federal. La otra vía, iniciar los juicios de inconstitucionalidad para declarar nula la reforma y por tanto inconstitucional; aunque Porfirio también sugiere, ante la duda, que podría ser la controversia constitucional. No sabe bien a bien la vía judicial, por eso su pretensión es más política que jurídica ¿Controversia o inconstitucionalidad? Porfirio prefiere echar la moneda al aire, a ver cuál pega. Serán los abogados los que decidan o bien, por si las dudas utilizar los dos juicios. Al final el asunto de la reforma de la Constitución de Baja California, es como el sargazo: contamina y apesta.
La reforma aun no puede ser impugnada hasta en tanto no se publique en el Periódico Oficial de aquel Estado, para que entre en vigor. Pero el juicio político puede dar comienzo; hasta ahora solo alharaca, nadie ha hecho nada en serio, nadie ha iniciado procedimiento alguno, vamos ni el procaz e improcedente que pretende desaparecer los Poderes en el Estado de Baja California. Todo hasta ahora es teatro bien diseñado y montado en escena para entretener a la clase política y a los mexicanos. Y así viene sucediendo desde la salvaje, ilegal e inconstitucional ocurrencia de los legisladores de aquel estado. ¿Podría el gobernador actual de ese Estado imponer el “veto” u observancia para devolverlo a la Legislatura?
No. No puede, en tratándose de reformas a las constituciones, los titulares del Poder Ejecutivo, por supuesto también el federal, carecen de la facultad para vetar reformas constitucionales. La escena teatral continúa.
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