El presidente López Obrador insiste e insiste en destinar el dinero de los fideicomisos en litigio –propiedad, en su mayor parte, de miles de empleados del Poder Judicial de la Federación– para ayudar a los damnificados del estado de Guerrero.
AMLO volvió a insistir, culpando a la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña Hernández, de no cumplir lo que ella había aceptado. Que tiene un doble discurso al otorgar amparos, habiendo prometido destinar el dinero a Acapulco. Dice López: “no veo claro”.
Discurso mediático de mentiras del presidente. O tal vez, debido a su extrema ignorancia en la comprensión del Derecho, no entendió lo que aseveró la ministra en la misiva que envió a él mismo. AMLO no ha designado a nadie para determinar la solución, fue lo que pidió la ministra. Veamos.
Primero, la presidenta de la SCJN no puede disponer de los recursos de los fideicomisos del PJF; existe un decreto aprobado por los legisladores y sancionado por el mismo titular del Poder Ejecutivo, que le impide legal y constitucionalmente distraer los dineros de los fideicomisos.
Segundo, cientos de empleados del Poder Judicial han interpuesto juicios de amparo y dos jueces otorgaron la suspensión provisional para que nadie disponga de los recursos de los fideicomisos. La ministra Piña nada puede hacer al respecto, no está dentro de sus atribuciones legales “meter mano” en los juicios ante los jueces de distrito ni ante cualquier otro tribunal. Pero la perversidad de AMLO es extrema y exhibe como incumplida a la ministra Piña.
Tercero, si bien AMLO pudiera entender el contenido de la misiva que la ministra le envió, ella nunca se comprometió a entregar o donar recurso económico alguno de los fideicomisos de los empleados a la causa de los damnificados. Así de claro y simple. La intención de la ministra es nítida; tal vez, solo tal vez, en caso de ganar los juicios de amparo y los que se presenten de inconstitucionalidad, hasta entonces sí, poder disponer de los recursos del PJF, en manos de la institución fiduciaria, pero no de los dineros de los empleados. Por ello se precisa, según el documento de la ministra, al referir sentémonos a platicar y definir las líneas de estrategia para destinar algunos dineros propiedad del Poder Judicial.
El presidente no entiende, no comprende o definitivamente es perverso y tergiversa, como siempre, la realidad de los hechos. La ministra Norma Piña jamás ofreció donar, regalar o transferir recursos de los fideicomisos de los empleados a la causa de los damnificados. Más parece una campaña de desprestigio, como tantas otras, emanada desde la misma mañanera para seguir molestando a la ministra Piña por no someterse a los caprichos de López.
Cuarto punto y fundamental. El problema de los fideicomisos se encuentra “sub judice”. La ministra incurriría en responsabilidad penal y administrativa con solo pretender meter mano en los fideicomisos, no tiene poder ni competencia legal alguna por sí misma.
Ahora bien, ¿qué significa la palabra sub judice? La locución sub judice significa: “En Derecho se emplea para indicar que una cuestión se encuentra pendiente de una resolución”. AMLO bien puede consultar el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, entre otros documentos. O tal vez alguna tesis o jurisprudencia.
Y no han faltado los comparsas mediáticos que pretenden involucrar a la ministra en la mentira de que ella ofreció “donar” el dinero de los fideicomisos y no ha cumplido. ¡Falso!
El colmo y último punto. En la “rebatiña” que se dio en la Cámara de Diputados, las bancadas oficialistas del PT, Verde y Morena propusieron la barbaridad de destinar los recursos de los fideicomisos a los damnificados.
Sí, mediante un simple acuerdo pretendieron violentar lo que ellos apenas aprobaron la semana anterior. Sumada la barbaridad a que el decreto que ellos aprobaron para la desaparición de los fideicomisos hoy se encuentra en litigio, “sub judice”. Nadie puede decidir nada sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación hasta que se resuelvan en definitiva los juicios.
Esos mismos legisladores no fueron capaces de aprobar recursos del presupuesto de 2024 para los damnificados del estado de Guerrero. No quisieron quitarle un peso al presupuesto del Poder Ejecutivo. Por esa razón la diputada morenista Selene Ávila los recriminó y se dijo dispuesta a dejar las filas de Morena, a renunciar, por no haber destinado un solo peso del presupuesto a los guerrerenses.
Los trámites de los amparos y juicios de inconstitucionalidad pueden durar meses. Sin exagerar, podría terminar el sexenio de AMLO sin que los juicios hayan concluido y causado estado.
Así es, el Poder Judicial tiene en sus manos el destino constitucional y legal de los fideicomisos.
Los juicios de inconstitucionalidad, mismos que en su momento estarán en manos del pleno de la SCJN; sí, la solución, en poder de los ministros, no del presidente ni de los legisladores.
De tal suerte que los diputados federales y AMLO se quedarán con las ganas de “robarse” el dinero de los empleados del Poder Judicial de la Federación.
Así funciona el Estado de Derecho, no a caprichos de los políticos que desdeñan las leyes y la Constitución.
