Manipulador y mentiroso, como es costumbre de Andrés Manuel López, más cuando conviene a sus intereses; exige respeto a la investidura presidencial cuando algo no le agrada; otras veces olvida que es el Presidente e invade funciones ciudadanas que no prescribe la Constitución en su artículo 89; violenta el principio de legalidad consagrado por los artículos 14 y 16, al pretender hacerse pasar por ciudadano común, exigiendo ejercer derechos ciudadanos.
Insiste Andrés Manuel López Obrador, el Presidente, convertirse en “vigilante” de las elecciones, cuando no es atribución que emane de la Carta Magna. ¡No quiere entender! Incluso la ley prevé la figura de los observadores, a cargo de la ciudadanía para cuidar las elecciones.
En otro artículo señalé que el Presidente pretende asumir la figura –figurada– de “árbitro” de la contienda electoral, por lo tanto decidir quién cometió falta o quien jugó limpio; a quién sanciona con tarjeta amarilla y a quién expulsa. Juego caótico en el cual él quiere investirse de autoridad, ser quien decida quién gano o quién perdió en un juego en el que solo están autorizadas a participar autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos; el gobierno, o sea López Obrador, debe sacar las manos, tiene prohibido participar, ni siquiera como “vigilante” abusivo y mañoso.
Precisa con meridiana claridad el artículo 41 de la Constitución quiénes participan; conquista inalienable e imprescriptible, exigencia que se ganó después de muchos años de luchas sociales, incluso la “izquierda” participó en esas luchas, de entre las cuales destaca cuando perdió la elección presidencial Cuauhtémoc Cárdenas –en las que participó activamente AMLO–, en 1988, cuando su hoy aliado Manuel Bartlett, coordinaba las elecciones federales en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral, a virtud de ser el secretario de Gobernación. Aquel que “calló” el sistema de cómputo, dado que se le “cayó” el sistema.
La pretensión resulta soez, sucia e ilegal, conducta que pretende accionar López Obrador, actitud que no encaja en la gobernabilidad. Es claro el abuso del Presidente, no quiere perder lo que cree que es suyo: el abusivo uso del poder político que ejerce sin limitaciones. De un simple manotazo destruiría nuestro sistema democrático, barrería con años de lucha. Él estaría cometiendo delito de abuso de autoridad.
Generador del caos como todo pensamiento de izquierda que odia sujetarse al Estado de Derecho, desnaturalizados dicen representar ley, destruyen el poder legal para desempeñar las tres funciones esenciales del Estado; a eso quiere llegar López Obrador, hacer honor a los abusivos y depredadores gobiernos de izquierda. La ciudadanía no está dispuesta a permitirlo. Nada de regresión.
Una vez más, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, puso en su lugar al Presidente de la República. Sin aspavientos dejó en claro que la Constitución y la ley determinan quiénes son los que intervienen en los procesos electorales, entre los cuales no se encuentra Andrés Manuel López. Su intentona antidemocrática e ilegal rompería los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho.
También quebrantaría el principio de legalidad, lo que parece no interesarle al Presidente, acostumbrado a “mandar al diablo a las instituciones”, una de sus frases predilectas de campaña. Claro, insiste en desprestigiar al INE, para desacreditarlo anticipadamente, para cuando López Obrador pierda las elecciones de 2021, alegue fraude, adjetivice uno de sus sustantivos favoritos: “fraude electoral”. Y eche a andar su maquinaria de desestabilización social, esa que hoy duerme frente a los abusos que antes criticaba a rabiar por medio de la violencia; los tiene hibernando. No está dispuesto a perder lo que él mismo está dilapidando (perdiendo) a diario, ha ido perdiendo credibilidad por sus falsas promesas, por la ineptitud de su gobierno y su caótico partido político: Morena.
Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es un principio universalmente conocido y respetado, principio general de Derecho Constitucional. Muchas ejecutorias de amparo existen al respecto, las primeras emitidas por la autoridad judicial desde principios del siglo pasado siguen vigentes; el principio es jurisprudencia. ¿Sabrán López Obrador y sus asesores lo que significa? Si Andrés Manuel López Obrador desea actuar en su calidad de particular y no de autoridad presidencial, que renuncie al cargo. Así de simple es la solución.
Lo otro, lo que pretende hacer, es una –utilizando su léxico– canallada, una marranada, un acto delincuencial, un fraude electoral.
Desde 1990, el órgano autónomo del gobierno denominado en su nacimiento como Instituto Federal Electoral, se hace responsable de la conducción de los procesos electorales, sin injerencia del gobierno. Posteriormente nacería el sistema jurídico electoral especializado, dependiente del Poder Judicial. Ya bastante hacen los políticos con nombrar a consejeros y magistrados electorales, como para querer volver a manipular las elecciones.
López, el Presidente, se topará con un “muro ciudadano” que impedirá que invada el campo electoral, que no se meta pretendiendo “vigilar” la legalidad de los procesos electorales. ¡El Presidente de la República no es nadie en los procesos electorales! No cabe duda que la tentación del ejercicio del poder enloquece a muchos. ¿Acaso AMLO ya lo estaba?
