Dado el alto grado de impunidad que existe en México desde hace muchos años, políticos, burócratas y empresarios suelen enriquecerse por medio del erario, sea municipal, estatal o federal. Si bien no son todos, una gran parte de ellos suele practicar como deporte la corrupción.
Coludidos, por supuesto, saben bien que están regularmente protegidos. Salvo que incurran en deslealtades o abusos excesivos entre ellos, es cuando uno que otro llega a ser inculpado. Ejemplo de ello hay muchos.
Es público que en Pemex —la caja chica del gobierno federal— siempre han existido enormes abusos; no hay control. Son miles de millones los que circulan en la paraestatal; contratos al por mayor por millones de pesos; lo escandaloso de un tiempo a la fecha, el negocio del huachicol; las autoridades dejan robar y el combustible se negocia sin el menor pudor. Los extremos del cinismo, como el robo que se daba en el municipio de Tlahuelilpan. El 18 de enero de 2019 ocurrió una explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, debido a una toma clandestina para robar combustible. La explosión dejó un saldo de al menos 93 personas fallecidas y 46 heridos; la mayor tragedia por robo de combustible en la historia de México. Entonces AMLO ordenó que no intervinieran las autoridades. A la fecha, no hay un solo funcionario de Pemex ni de gobierno federal que fuese acusado. Total impunidad.
“Gracias” a la intervención de las autoridades estadounidenses, los mexicanos Alexandro Rovirosa —presidente de Roma Energy Holdings— y Mario Alberto Ávila Lizárraga enfrentan cargos criminales en Estados Unidos por hacer sobornos a Pemex. Inconcebible. La acusación proviene del Departamento de Justicia. La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer en un comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha levantado cargos contra estos dos connacionales que sobornaron hasta con 150 mil dólares a tres funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos de la paraestatal entre 2019 y 2021. Mientras que en México no hay absolutamente dada en contra de nadie.
De acuerdo con la acusación, Alexandro Rovirosa, presidente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex, ambos residentes en Texas, usaron objetos o bienes de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, así como efectivo, para los sobornos. Presuntamente “sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, aseguró Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos. Práctica común en México: los sobornos.
Los coacusados habrían logrado a través de los sobornos contratos tanto de Pemex como de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción por un monto de 2.5 millones de dólares; habrían violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA, en inglés). ¿Y en México? Simplemente nada, todos meten mano en el dinero público. ¿Habrá más involucrados? Seguramente que sí. Rovirosa, asegura el Departamento de Justicia, tiene vínculos con cárteles mexicanos. ¿Y quién no desde que gobierna Morena? De tal suerte que el fiscal Galeotti aseguró que “esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal (del Departamento de Justicia de EE. UU.) no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.
Así las cosas, de acuerdo con los fiscales estadounidenses, los sobornos ayudaron a las compañías de Rovirosa, vinculadas al sector energético, a obtener contratos de Pemex durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En las mismas condiciones están muchos políticos, asociados con la delincuencia organizada, protegidos por las autoridades mexicanas; de ahí que los Estados Unidos pretendan intervenir para detener y sancionar a esos grupos de corruptos.
Y mientras aquello se desvela desde los EE. UU., en México, Alejandro Gertz Manero, fiscal general, en la mañanera de este martes afirmó que la FGR apelará la absolución otorgada a Israel Vallarta. Por fin hará algo el corrupto del fiscal. Al menos apelará la resolución que dejó en libertad al delincuente; fue absuelto del delito de secuestro por el que permaneció en prisión preventiva 19 años, siete meses y 23 días. Más corrupción. El fiscal aseguró que, más allá de si hubo o no un montaje contra Vallarta, hay “otras seis víctimas” del delito de secuestro que piden justicia. Lo aberrante, muchos medios de comunicación de inmediato entrevistaron al absuelto, quien dijo que procedería en contra de aquellos que lo inculparon.
Gertz dijo: “Seis personas que sufrieron secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, aseveró; es una “obligación moral”, “ética y jurídica” de la FGR defender a las víctimas.
Vamos a proceder, a través de la del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Deseable que se corrija el absurdo legal de la jueza que absolvió al delincuente. La jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó sentencia absolutoria al considerar que no se acreditó la responsabilidad penal de Vallarta, respecto los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la francesa Florence Cassez, su entonces pareja, acusados de formar parte de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodíaco”. Por la publicidad que se dio al caso, ganó notoriedad pública luego de que su detención fuera transmitida en televisión como un “operativo en vivo a cargo de la entonces Agencia Federal de Investigación” (AFI); más tarde se confirmó que el operativo había sido un montaje.
Veremos si el fiscal logra revertir, por medio de la apelación, el evidente acto de corrupción a través del cual el delincuente obtuvo su libertad. Si bien es cierto que los juzgadores deben gozar de plena autonomía en sus resoluciones, hay casos como este que rayan en evidente corrupción.
Si antes de los gobiernos morenistas había corrupción, hoy en día resalta el cinismo, no hay quien no sea señalado de haber cometido actos de soborno para obtener lo que sea; ahí está #DatoProtegido, otro acto emanado de las autoridades judiciales en materia electoral, que rayó en el escarnio público como sentencia, obligar a una ciudadana a pedir disculpas por un plazo de 30 días continuos. Cada vez peor el cinismo de políticos, autoridades y empresarios. La impunidad, madre de todos los ilícitos.
