No al desmantelamiento del Poder Judicial, tampoco a la pretendida disfunción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pretende el gobierno de la 4T, para lograr el control por medio del Presidente de la República.

En el Senado dieron inicio a los “foritos” con el propósito de crear una reforma de fondo a la estructura y funciones del Poder Judicial de la Federación; van sobre otras normas como para conseguir la creación del Código Penal Nacional único, que se aplique en las todas las entidades federativas y la CdMx.

El objetivo, generalizar delitos y penas; deberán ser muy cuidadosos, no se cometen los mismos delitos, como el abigeato en estados como Michoacán o Guerrero, que en la CdMx; los iletrados, pero activos legisladores para inventar lo que no saben, no tienen idea de lo que es litigar, tampoco han pisado un juzgado (salvo como presuntos delincuentes), eso hicieron en el pasado reciente, creando el Código Procesal Penal único.

Esa normatividad terminó por favorecer más al delincuente que a las víctimas, ahí está en ejemplo de lo sucedido el día de hoy en la CDMX, con la liberación de 27 inculpados, dejados en libertad de manera inmediata por el juez de control, sobrino de Dolores Padierna; delincuentes que fueron detenidos con enorme cantidad de material que los inculpaba, pero, por supuestas fallas en el proceso de la detención fueron dejados en libertad; el juez corrupto evade la justicia para favorecer a otros delincuentes; agudizaron los problemas a las víctimas, todo bajo el supuesto respeto a los derechos humanos y protocolos en las detenciones, generando políticas de privar de la libertad a los menos, dejando, en consecuencia, en libertad a la mayoría de los delincuentes; construyeron normas que permiten acuerdos “forzados” entre las partes, delincuente y víctima, todo para que aquellos no pisen la cárcel, procedimiento penal que agudizó los problemas en el ámbito de la impartición de justicia penal; hoy día es conocido que muchas de la víctimas son presionadas, obligadas a llegar a los “arreglos”, sea por medio de amenazas o “pago de indemnizaciones. Así, el delincuente no pisa la cárcel, salvo que sea perseguido político como Rosario Robles, ahí si no se salvan; todo basado en la extrema discrecionalidad de los impartidores de justicia.

En la primera reunión de trabajo legislativo de los senadores e invitados, estuvieron presentes todos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así, esos a quienes se pretende someter al imperio del Ejecutivo; también asistieron académicos, representantes de colegios de abogados, del Poder Ejecutivo y más. La mayoría de los invitados fueron políticos, deseable que estos hagan caso a los expertos en derecho, sobre todo en derecho procesal, y a los miembros del Poder Judicial, son otorgarles tantos privilegios; sin prebendas para ellos que signifiquen abusos y corrupción.

Las reformas deben velar por conservar y fortalecer la independencia del Poder Judicial, indispensable para contener la embestida y abusos del Poder Ejecutivo, a quienes descalifica cuando no fallan a su contentillo. Uno de los legisladores, puso de relieve y sobre la mesa, como premisa fundamental, que con la pretendida reforma no permitan el desmantelamiento del Poder Judicial.

Tampoco a los intentos de intimidación que lleva a cabo personalmente el titular del Poder Ejecutivo, tampoco deben aceptar presiones ni coacciones para doblegar a los ministros, ello significaría poner de rodillas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al paso que va López Obrador, poco le falta.

La invaluable instancia de impartición de justicia es la responsable de la defensa de los derechos humanos de los mexicanos, así como de contener los abusos de cualquier autoridad; y, en su caso, tiene la atribución de imponer sanciones a los delincuentes; los juicios de amparo son fundamentales, por medio de ellos los particulares combates actos arbitrarios de las autoridades; en la Corte se tramitan las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, el paladín de la justicia, por medio de esas figuras jurídicas se ha logrado amainar las descaradas embestidas lopistas.

La Suprema Corte sirve para contener abusos y arbitrariedades, como las que pretende llevar a cabo el gobernador de Baja California, quien controla la Legislatura local, lucha desde los rincones de la corrupción, ampliar su periodo de gobierno por medio de inconstitucionales reformas, no pretende subordinarse a la voluntad popular por medio de un proceso electoral, no, por medio de una reforma quiere ampliar su periodo de gobierno de 2 a 5 años, la Corte deberá detenerlo en seco, de acceder a la absurda ambición, otros harían exactamente lo mismo, para qué realizar procesos electorales si se puede acceder al poder por medio de truculentas reformas; la Corte también evita los abusos de autoridades que, sin atribución alguna, ordenan dejar en libertad a presuntos delincuentes, evitando así ser sometidos al imperio de la justicia, tal y como lo hiciera el titular del Poder Ejecutivo, con la liberación de Ovidio Guzmán.

La medición del Poder, como nunca antes, el déspota no respeta la ley, tal como lo hace Andrés Manuel López. El Poder Judicial, también es el árbitro de la justicia electoral, por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial, otra función consustancial de la democracia, no deben permitir se mine la fuerza legal del Poder Judicial, por medio de las pretendidas reformas de modernización, tampoco obsequiarle poder omnímodo.

El Poder Judicial debe ser fortalecido, por supuesto, más hoy en día en que se encuentra a prueba la resistencia de su fortaleza; sí, más no subordinarlo al Poder Ejecutivo, ambición, pretensión que no disimulan los miembros del gobierno de la 4T. El Senado de la República, tiene la obligación de evitar se cometan abusos legislativos en perjuicio de la justicia. Poco a poco minaron la autonomía de ese Poder, lo hicieron por medio de la abusiva reforma que permite tener 2 senadores y un representante del Poder Ejecutivo, en el seno del Consejo de la Judicatura, organismo administrativo de la mayor envergadura que decide todos los asuntos financieros, económicos y administrativos del Poder Judicial. La embestida legislativa debe contenerse; la oposición, históricamente obligada a que ello suceda, de ahí la necesidad de sumarse apara que Morena lo logre sus aviesos propósitos.

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