Lo volvió hacer el gobierno federal de la cuarta transformación. Ilegalmente se apoderó de más de 10 mil millones de pesos de varios fideicomisos propiedad del Poder Judicial de la federación.
Antes lo hizo el gobierno de Andrés López Obrador, se apropió de 40 mil millones de pesos de las afores de los adultos mayores de 70 y más que mantenían sus cuentas inactivas.
Por simple decreto, los Bancos trasladaron esos 40 mil millones de pesos a la tesorería de la federación. Si algún interesado –adulto mayor o beneficiarios– requerían su dinero, habría que tramitar juicio de amparo por el abuso y arbitrariedad. Y nada pasó, varios millones de mexicanos y mexicanas perdieron todo. AMLO gastó el dinero en cuanto tuvo en dinero en la tesorería.
Esta vez, el gobierno federal, a cargo de Claudia Sheinbaum –quien me tiene bloqueado en Twitter o X– se apropia de más de 10 mil millones de pesos. Dinero propiedad del Poder Judicial. AMLO adelantaba, desde entonces, aplicar ese dinero en becas, en beneficio de los damnificados de Acapulco, ectéctera. Esta vez le tocó a la presiente, quien de inmediato le dio destino a un dinero ilegalmente obtenido por la Secretaría de Hacienda.
El Consejo de la Judicatura, se quejó del abuso e ilegalidad cometida por la institución fiduciaria y financiera, responsable de administrar el dinero. Nacional Financiera –Nafin–; Banco propiedad del gobierno federal ¿Ahora entienden el por qué del robo? ¿Quién los sanciona? Nadie.
Nacional Financiera, el director, argumentó vía correo electrónico que, por órdenes superiores, el dinero –más de 10 mil millones de pesos– del fideicomiso, propiedad del Poder Judicial, simplemente se trasladó a la tesorería de la federación. Se trata de un delito a cargo del director.
Veamos simplemente el contrato de Fideicomiso. Un Fideicomiso se compone de 3 partes. Quien pone el dinero, quien lo administra y el o los beneficiarios. El Poder Judicial puso el dinero, Nafin lo administraba y personal del Poder Judicial obtenía beneficios contractuales. No sangraban el presupuesto. Todo en base a un contrato mercantil. Así funcionó por muchos años.
Veamos. El presidente o la presidente de México es quien nombra al director general de Nacional Financiera (Nafin). Luis Antonio Ramírez Pineda es el actual director general de Nafin, cargo que asumió el 1 de enero de 2022. Nafin es una institución que promueve productos y servicios financieros. Entre sus productos se encuentran fondos de inversión, como el de promoción bursátil, diario, estratégico, entre otros. Nafin es propiedad del Estado mexicano y su empresa matriz es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿Ahora entienden cómo se entretejió el robo, fraude o saqueo del dinero del Poder Judicial Federal? ¡Por órdenes superiores! Y A cometer el delito por órdenes superiores.
La presidente Sheinbaum, la científica que nada sabe de Derecho, argumentó retóricamente en su mañanera que había estado bien lo que hizo Nafin y ya con el dinero de origen ilícito en su poder, de inmediato le dio destino, muy diferente a las propuestas de su antecesor. A dar el dinero al ISSSTE, dijo, para favorecer a los profesores. Con tintes políticos para lograr el respaldo del robo.
Las reformas a la Constitución y ley orgánica del Poder Judicial, que destruyen al Poder Judicial, ordenan la indemnización a los funcionarios judiciales que no continúen en funciones después del fraudulento proceso electoral. Ahora resulta que no habrá recursos para ello, independientemente de la violación al contrato de fideicomiso y el delito cometido por el director de Nafin.
Acelerado el cinismo y la pérdida del Estado de Derecho. El mal ejemplo cunde.
Otro delincuente que en nada se diferencia con la delincuencia organizada aprovechó el momento. Se trata del gobernador del estado de Puebla. Públicamente amenazó a empresarios poblanos con donar un predio de 2 hectáreas, de lo contrario les quitaría 4 hectáreas; que, muy bien les ha ido a esos empresarios, dijo el sátrapa gobernador como justificación ¿Qué diferencia existe con la delincuencia organizada y el gobernador Alejandro Armenta Mier, ambos exigen pago de piso a empresarios o se atienen a las consecuencias? Legalizan la ilegalidad.
Acelerada pérdida del Estado de Derecho a cargo del gobierno de la cuarta transformación.
En el caso del robo de los más de 10 mil millones de pesos propiedad del Poder Judicial federal –que servirían para indemnizaciones laborales–, la misma autoridad es la que se queda con el dinero ¡por orden presidencial!, misma que justifica la ilegalidad.
¿Quién puede defenderte frente a semejante abuso? En el caso, existen juicios de amparo y suspensiones que ordenan no tocar esos recursos económicos, incluso plasmado en las reformas a la Constitución. Otra violación más al Estado de Derecho.
Además, el director de Nafin viola el contrato de fideicomiso, todo por órdenes superiores ¡Inconcebible!
Grave y peligroso deterioro del sistema de seguridad jurídica en México.
¿Quién quiere invertir en México con la evidente y oficial falta de seguridad jurídica?
Y, la presidenta Claudia Sheinbaum, la neófita en Derecho, justifica el abuso, arbitrariedad y de inmediato notifica que, la aplicación del dinero producto de un ilícito se va al ISSSTE.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, “patalea”. Iniciará juicios, denuncias y más ¿Alejandro Gertz Manero, fiscal general, iniciará carpeta de investigación? Por supuesto que no. Claro contubernio oficial, en contra de lo que queda del Poder Judicial Federal.
