En abril pasado el Presidente de la República, presumía haber conformado un “brillante” grupo de abogados “incorruptibles” para defender y litigar los cobros de impuestos no pagados por parte del SAT. Abogados que dependen directamente del Presidente ¡Inconcebible! López debe saber (otra cosa que seguramente ignora) que no solo se necesita ser buen Abogado para ganar un juicio, fundamentalmente se requiere tener la razón legal para prosperar en la intención de allegarse más recursos económicos por medios coercitivos. Durante el primer semestre del año, el SAT ha perdido la mitad de los juicios que ha enderezado en contra de supuestos deudores del fisco. 2,256 juicios no han podido ganar. La pregunta es ¿Cuánto dinero está pagando el gobierno federal a ese brillante grupo de Abogados litigantes “incorruptibles” en materia fiscal? Solo falta que en lugar de conseguir más recursos (dinero), el SAT los esté perdiendo, como suele suceder en el gobierno de Andrés Manuel López. O, tal vez solo se trate de ayudar a sus amigos Abogados para que cobren una iguala mensualmente.
Los resultados habrá que analizarlos a la luz de las pretensiones del Presidente de la República, quien busca sin razón legal alguna allegarse ilegalmente de más dinero, cobrando a miles de causantes, impuestos que no adeudan. El problema que está enfrentando el gobierno federal, es luchar en contra de una sociedad de contribuyentes que no se deja, hartos de ser exaccionados injustamente ante la tolerancia del impositor frente al comercio informal, quien no paga impuestos al menos al fisco. Seguramente muchos de los 2,519 juicios que han logrado ganar, no ha sido porque el SAT tenga la razón, habría que verificar si esos causantes no fuero extorsionados por el Fisco, al no poder defenderse y no necesariamente porque le asista la razón legal a los exaccionadores del fisco.
La exacción es el “cobro ilegal de un impuesto, derecho, producto o aprovechamiento”. Luego entonces podríamos estar frente a la existencia de otro de tantos delitos que comete el gobierno lopista, en aras de “embolsarse” más dinero, como lo hiciera en la cena de sus tamales de “chipilín”, cena en la que extorsionó a los empresarios más ricos de México, para que realizaran compra millonaria de “cachitos” (mil quinientos millones de pesos) para la rifa de un avión que no será rifado, dinero que utilizaría para el sector salud. Esos actos indudablemente están fuera del marco legal, pisan el suelo fangoso de la materia penal. Pero, como en México lo que impera es la impunidad, parece que a nadie extraña que también el gobierno se sume a la comisión de actos ilícitos, presuntamente investidos de legalidad.
Me imagino al gobierno (los intelectuales del abuso) como aquellos Abogados tramposos que en un juicio embargan hasta el triple de lo adeudado, para lucrar y quedarse con mucho más de la suerte principal, sobre todo cuando el demandado no tiene recursos para pagar quien al Abogado que lo defienda ante los tribunales. Así el SAT, cobra a supuestos evasores del fisco; pero, quien se defiende puede evitar el pago; quien no puede defenderse, obligatoriamente tiene que pagar lo indebido y para reclamar el pago de lo indebido, resulta mucho peor. Es como un “pago de piso” estilo delincuencia organizada.
Vale recordar que, como justificación a la conformación del grupo de Abogados “incorruptibles”, dijo haber entregado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, un oficio con los nombres de 15 personas y empresas que adeudaban impuestos por 50,000 mil millones de pesos, recursos con los que se podrían comprar hasta 40 mil ventiladores respiratorios o aumentar hasta 3 millones los apoyos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) (por supuesto que no lo ha hecho) y comprar demás insumos médicos ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esa fue entonces la insulsa justificación de López Obrador, quien lleva el 50% de juicios perdidos y no ha podido cobrar parte de esos 50 mil millones de pesos en impuestos que ya los hacía suyos. Seguramente olvidó otra de tantas promesas, cuando ofreció que no cobraría coercitivamente los impuestos, que serían los propios contribuyentes quienes voluntaria y honestamente lo hicieran ¡Tómala! Wallmart (fue presionado) pagó 8 mil, 79 millones de pesos, por concepto de adeudos fiscales, lo aseveró López; y el filántropo de Carlos Salim, adelantó pago de impuestos para solidarizarse con Andrés Manuel López y cómo no solidarizarse si es el empresario consentido del gobierno federal.
El Presidente de la República intimida, ofende, calumnia y amenaza para cobrar lo indebido. Recordemos los argumentos de ese momento: “A partir de que se presenta una querella, una denuncia; le damos seguimiento y si un juez mete en el cajón la denuncia y ahí la deja por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia para que se termine con la impunidad” … “Los grandes empresarios buscaban despachos fiscales que les aseguraban que no pagarían sus obligaciones tributarias, debido al tráfico de influencias”.
Aún así, López Obrador continúa pidiendo el apoyo solidario de los empresarios. Conclusión. Los empresarios tienen el derecho a defenderse con buenos Abogados y van ganando el 50% de de todos los juicios en contra de los abusos fiscales. Hasta hoy no hay denuncias en contra de jueces. Al parecer, la impunidad la practica el mismo gobierno. Los Abogados de López, seguramente son “incorruptibles”, pero no muy buenos en el litigio.
