No sorprende que las brigadas de Morena que desplegaron por toda la República Mexicana alcanzaran el 3 por ciento de firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, más si consideramos que el principal promotor de la “revocación de mandato” la encabeza ilegalmente el presidente de la República. Siempre sostuvimos que “va la innecesaria consulta popular”.
Lo que sorprende es la enorme cantidad de trampas que llevaron a cabo para lograr el objetivo, fraudes electorales que saltan a la vista. ¿No habrá sanciones a los responsables del fraude electoral?
López Obrador prometió que no volverían a tolerar los fraudes electorales, incluso sus legisladores incrementaron las penas a los delincuentes que cometieran delitos electorales, sin derecho a fianza al considerar como grave el fraude. En la práctica nada de eso sucede.
El INE, por medio del titular del Registro Federal de Electores, René Miranda, en conferencia de prensa afirmó que de la revisión de las firmas de apoyo a la “revocación de mandato”, que aún no termina han detectado más de 800 mil irregularidades; entre las trampas del apoyo al proceso de revocación encontraron que “electores fallecidos” también firmaron (12 mil 800 muertos firmaron); firmas duplicadas y credenciales de elector vencidas. ¿Acaso no es delito de fraude electoral el uso de credenciales de personas fallecidas?
Es una lástima que la legislación electoral ni la reglamentaria prevean la nulidad del sucio proceso fraudulento que llevaron a cabo las brigadas de militantes morenistas.
AMLO, con la finalidad de minimizar la información, prefiere seguir hostigando al INE, haciendo creer que el órgano electoral es el más costoso en América Latina; para ello utiliza a su partido, para difundir noticias falsas. En redes sociales dieron a conocer, con cifras, el costo en pesos mexicanos de la operación de los organismos electorales en 6 países: Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile y México.
El INE tuvo que salir y aclarar la mentira propalada por Morena. Comentaron que ninguno de esos organismos presta los servicios que otorga en México el Instituto Nacional Electoral, como la expedición y actualización de las credenciales de elector, capacitación a miles de funcionarios de casilla, prerrogativas a partidos políticos, capacitación y educación cívica, etcétera. Más mentiras para intentar desprestigiar al INE.
El primer trámite procesal se cumplió. Faltan varios más para estar en posibilidad de emitir la convocatoria y decidir el número de casillas que se instalarán, lo cual dependerá de la respuesta formal del Secretario de Hacienda, a la petición del INE, contestación que deberá llegar a la sede de la Sala Superior de TEPJF, para ser analizada por los magistrados. Estos solo tendrán dos salidas. O conceden la razón a López Obrador para no dar un solo peso para su consulta u obligan a la SHCP a proporcionar mil 739 millones de pesos que faltan para que la consulta cumpla con los requisitos de una elección constitucional.
También está pendiente la sentencia que deberán dictar los ministros de la SCJN, respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley reglamentaria que fueron tachados de inconstitucionales. De resultar procedente el juicio de inconstitucionalidad (debe de prosperar) la boleta a sufragar no deberá contener la leyenda “ratificación”, exigencia que no contempla la Constitución que, morenistas y aliados agregaron a la ley reglamentaria. Por eso debe prosperar la inconstitucionalidad. De este tema AMLO socarronamente ha sido omiso.
La campaña mediática de defenestración y denostación hacia funcionarios electorales y del INE, encabezada por AMLO y sus “compinches” continúa su marcha. Campaña costosa si consideramos que el despreocupado y fraudulento presidente de la República hace uso del tiempo oficial del gobierno federal para su “marketing político”.
Les interesa el desprestigio del árbitro. Destruir el prestigio logrado durante más de 20 años, en el que han laborado millones de mexicanos contando y custodiando los votos en cada elección; no solo les importa negar el apoyo económico para conseguir el capricho de la consulta, sino para debilitar al árbitro electoral y, en su momento descalificarlo, culpar a la institución en la que confían la mayoría de los mexicanos, sobre todo, porque AMLO no alcanzará el deseado 40% de apoyo de los más de 92 millones de empadronados.
