Una tragedia que pudo evitarse. Sin embargo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México fueron omisas en dar el debido mantenimiento a las instalaciones de la Línea 12 del Metro. La consecuencia, 26 fallecidos y un centenar de heridos.
La Fiscalía de la Ciudad de México, presta a cubrir las culpas de los funcionarios omisos, pide al juez que sigue la causa legal del procedimiento de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, en agravio de algunos exservidores públicos que estuvieron a cargo de la obra, que les imponga pena de prisión hasta por 52 años; claro, ningún responsable de la administración omisa de Claudia Sheinbaum.
Los acusados por la señora Ernestina Godoy, auxiliar de la gobernadora, son Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del proyecto de la Línea; así como los exfuncionarios Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles; Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil; Juan Carlos Ramos Alvarado, exsubdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, exsupervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12; Fernando Ramiro Lalana, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto Metro; y Ricardo Pérez Ruiz, excorresponsable de seguridad de la Línea 12. ¿Algún funcionario responsable del mantenimiento de la “Línea Dorada”? Nadie.
Si bien aún falta un buen tramo del proceso penal, el que seguramente podría llegar a la SCJN, a la fiscala le urge echar tierra al asunto, ya pide se condene como responsables a los citados exfuncionarios. No hubo acusaciones en contra de las empresas constructoras, algunas de ellas trabajan para el gobierno federal de la 4T, empresas consentidas del presidente López Obrador. El dueño de una de ellas ofreció reparar los daños, así se lavó las manos y no hubo acusaciones en contra de los constructores.
Así las cosas, el tercer y último dictamen de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) sobre el desplome de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, señaló por primera vez, en mayo del 2022, fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia y que llevaron a que la infraestructura siguiera funcionando cuando no estaba apta. Fue cuando a Claudia Sheinbaum ya no le agradó el trabajo de poco más de 20 millones de pesos; primero ponderó como una de las empresas de mayor prestigio a nivel internacional, para después desacreditarla y tildarla de parcial, mal hecha y poco profesional. Urgía a la señora Sheinbaum generar la distracción del error cometido por su administración en el gobierno, pretender y, como así lo hizo, deslindarse de responsabilidad tanto ella como a los empleados del Metro en las áreas de mantenimiento y supervisión. ¡Cayó en su propia trampa!
El detallado y extenso dictamen que constó de tres partes, refirió cuatro grandes causas que llevaron al colapso del tren de la Línea 12. El problema fue desde el diseño de la obra, la mala construcción (vicios ocultos), la falta de supervisión de la obra por alguna empresa calificada; por último, la falta de mantenimiento y supervisión constante, lo que no se hizo a pesar de los terremotos de 2017 y sismos de 2018.
Tres administraciones involucradas en el problema que generó 26 muertes y más de 70 heridos, aunque el gobierno de la CDMX, en enero pasado dio a conocer una lista de 59 heridos.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, una de las “corcholatas” de AMLO, sin responsabilidad; Miguel Ángel Mancera, senador de la República y aspirante a la Presidencia de la República, sin responsabilidad; y la otra “corcholata” de López Obrador, Claudia Sheinbaum, libre de toda culpa. Empresarios constructores, sin culpa. ¿Procuración de justicia selectiva? ¡Por supuesto que sí!
Mientras varios exfuncionarios, chivos expiatorios, siguen su proceso penal en libertad por tratarse de delitos culposos.
Les urge tanto a Claudia Sheinbaum como a su fiscala, Ernestina Godoy, dar carpetazo al asunto, que se dicte sentencia y se archive; los tiempos se acortan para iniciar el proceso electoral federal de 2023-204. Los acusados, mientras tanto, se defienden de las acusaciones de los gobiernos federal y local.
Por lo pronto, Morena y sus lacayos se “agandallaron” los 7 nombramientos del comité técnico de evaluación, para nombrar a los próximos consejeros del INE y al presidente del Consejo General. Historias engarzadas.
