Fue sorprendido el “grupo de negociadores” mexicanos frente a los reiterados abusos de los norteamericanos. Ahora aprovecharon las modificaciones al T-MEC, después de que en noviembre del año pasado fuese firmado en definitiva el tratado comercial con los EU y Canadá; fueron los negociadores del equipo de Enrique Peña Nieto los que lograron la firma en aquel entonces, con la participación de “adorno” de Jesús Seade, hoy subsecretario para América del Norte, antes enviado de López Obrador, Presidente electo.

Los norteamericanos querían más, por eso sorprendieron a los “ignorantes” del Derecho, que conforman el equipo del Presidente de la República. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien va a todas, tiene licenciatura en relaciones internacionales; la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, siempre académica, tiene carrera de ecónoma; y, Jesús Seade también es economista. Ninguno de los principales negociadores del gobierno mexicano tiene conocimientos de Derecho, mucho menos de Derecho Laboral, tampoco Internacional. De ahí podemos deducir el porqué fueron sorprendidos en los ajustes al tratado en materia laboral, en medicina biomédica y partes automotrices.

Un desatino de parte del Presidente López Obrador el no asignarles expertos en la materia, seguramente con su criterio de austeridad los manda a negociar con una venda en los ojos; ahora están los lamentos de López Obrador, quien ha calificado “norma clandestina” lo referente a los inspectores laborales que tendrían participación en México,para inmiscuirse en empresas, sindicatos y salarios. Bueno, otro “ignorante” del Derecho, Andrés Manuel López Obrador, es politólogo de profesión, jamás ha ejercido, siempre dedicado a la política, de ahí que sea un lego en la materia y utilice un lenguaje “florido” y no preciso, exacto, según el tema de que se trate, por eso sus dichos “populacheros”.

La especie de “adendum” al acuerdo trilateral denominado Tratado Internacional, que más parecen ajustes dado que no ha sido aprobado por Canadá ni EU, no es un documento acabado; excepto para el gobierno de México, al cual le urge la firma del documento, mismo que ha sido firmado por 2 ocasiones y aprobado por el Senado de la República. Para México es esencial la actualización del tratado que lleva 26 años de vigencia, firmado entonces por el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Para demostrar la buena voluntad del gobierno mexicano, ayer aprobaron un incremento del 20% a los salarios mínimos, una de las exigencias de los otros 2 países, dada la disparidad de salarios, lo que hace que México sea un país de “trabajadores esclavos”, al tener un salario mucho menor que en los países de América del Norte, lo que a nuestro país le da un “plus”, por eso empresas norteamericanas invierten en México, resulta más atractivo al tener mayores ganancias, pagar salarios más bajos por los productos maquilados en territorio mexicano. Así de simples son las matemáticas. No fue un obsequio el 20% de incremento al salario mínimo, se dio a consecuencia de las exigencias de los otros dos socios, de ahí que los mismos empresarios mexicanos hayan estado de acuerdo con el incremento, que, como nunca, fue de un buen porcentaje, falta mucho más; la medida fue buena y beneficia a todos los trabajadores que perciben salarios de miseria; no creo que le agrade mucho a los pequeños o microempresarios ese incremento, tendrán que reflejarlo en incrementos; advirtiendo que, derivado de la reforma laboral por medio de la cual desindexaron los salarios mínimos de multas, penas y más, creando las umas (Unidad de Medida y Actualización), lo que evita arrastrar incrementos generalizados; también se debe a las reformas de los conservadores.

EU y Canadá exigen a México que sus trabajadores tengan mejores salarios para estar en igualdad de condiciones para competir, de eso se trata. Ha sido una respuesta inmediata de “buena voluntad” del gobierno de México, eso del incremento a los salarios mínimos. Veremos cómo se comportan los sindicatos, siempre buscan en las negociaciones contractuales, alcanzar, al menos, los aumentos al salario mínimo. Deseable no desencadenen la vorágine inflacionaria.

Así las cosas, cada una de las partes del gobierno mexicano que han intervenido en los cambios al tratado (ya firmado por México), esto es, Graciela Márquez, Jesús Seade y Marcelo Ebrard, han evidenciado que no se ponen de acuerdo; asunto que lo enreda más el Presidente de la República, al calificar la “modificación en letra chiquita” (así le han dicho) como “norma clandestina”. No puede ser clandestina, sus emisarios firmaron los cambios al acuerdo. Cada quien lanzó sus propias declaraciones sin que exista un hilo conductor en las negociaciones, que para el caso debiera ser Seade, Subsecretario para América del Norte, seguido de la Secretaria de Economía, más no Marcelo Ebrard. Literalmente se hicieron “bolas”.

Después de los desatinos del Presidente, vendría Ebrard, quien dijo: “Estos son métodos de negociación. Cada país trata de avanzar sus puntos. No nos sentimos engañados porque el tratado ha sido respetado como está firmado”. Su línea fue conciliadora. Sin embargo, en tratándose de los “inspectores” estadounidenses que participarían en México, comentó: “Ningún país puede designar agregados en México si la Secretaría de Relaciones Exteriores no los acepta o autoriza antes”. Su área de competencia. El proyecto del Tratado, que será ley, pretende que 5 funcionarios estadounidenses puedan realizar supervisiones temporales, cada seis meses, a quienes llaman “agregados” de Washington.

De la torpeza a la sorpresa. Al fragor de la polémica suscitada, los principales negociadores de EU y México se volvieron a reunir el lunes. El representante de Comercio, Robert Lighthizer, les respondió por medio de un simple comunicado, explicándoles que la figura del “agregado” es una práctica habitual en la relación diplomática. Les hizo ver que México ya cuenta con un puñado de estos funcionarios en distintas áreas como defensa, justicia o comercio. Lighthizer, con peras y manzanas, les explicó que esos funcionarios tienen potestades “exclusivamente técnicas”, que han de someterse a la legislación mexicana y que en ningún caso serán “inspectores de trabajo”. El pobre de Jesús Seade comentó, después de la reunión que, en todo caso, la medida les tomó por sorpresa y que “debió haberse discutido”. O sea, no supo lo que firmó el señor Seade. Vaya torpeza.

Seade tuvo que ir de urgencia a Washington para las aclaraciones pertinentes y no se convierta en otro obstáculo. Sí, para que le expliquen lo que firmó y no entendió. ¡Vaya diferencia con el equipo de Enrique Peña Nieto!

El gobierno de López Obrador es el principal interesado en ratificar al acuerdo cuanto antes, toda vez que en un mes inicia la campaña presidencial en los EU, situación que podría enturbiar el avance del nuevo marco comercial; las cámaras legislativas de Canadá y Estados Unidos no han avalado el tratado.

Sumado a lo anterior, no olvidemos que nuestra economía se encuentra en recesión, no hubo crecimiento durante el año que concluye, de ahí la urgencia por que se apruebe el tratado, podría darle un respiro al gobierno de López Obrador, atraer inversiones extranjeras, quienes hoy desconfían de la certeza jurídica.

Conclusión. Como sea que le llamen, los norteamericanos tendrán en territorio mexicano “inspectores” en materia laboral, o sea “los agregados”. Los negociadores mexicanos pecaron de “ignorantes” del Derecho, firmaron sin saber el significado jurídico de algunas palabras. Para otra ocasión deben contratar expertos en la materia, además dieron mostraron la ignorancia en el arte de la negociación; en esta ocasión no tuvieron al equipo de Peña Nieto para que les apoyara.

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