También la Consejería Jurídica de López Obrador se sube al ring para lanzar mentiras en contra de la SCJN, siguiendo la misma política de su mentor.
La señora María Esthela Ríos González, jefa de la oficina, emitió un tuit el fin de semana, en el cual expresa de manera maliciosa, tendenciosa y lépera que la SCJN no puede declarar la nulidad de ninguna ley, dado que sustituiría al Congreso de la Unión en sus funciones.
Torpe, torpe expresión de quien se supone es perito en Derecho. Por supuesto que los ministros tienen la facultad plena, derivada de la Constitución. Para eso son los juicios de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, cuando existen vicios de inconstitucionalidad que violan la Carta Magna, o bien, que hay invasión de competencias constitucionales por mandato legislativo plasmado en una ley inconstitucional.
Así se las gastan los “gánsteres” de la 4T. El desprestigio a través de la desinformación. Y por supuesto, la enorme, enorme mayoría de mexicanos desconoce la aplicación del Derecho Positivo Mexicano, mucho más la especialidad del Derecho Constitucional. Así que son fáciles de manipular, de conducirlos al error y al engaño. Treta delincuencial.
Este día es decisivo para la democracia mexicana. Muchas cosas de trascendencia están en juego, entre ellas el sistema jurídico mexicano y la democracia.
AMLO sigue empeñado en violar la Constitución y necesita cómplices en la SCJN para conseguir su objetivo. Aquellos ministros que de alguna manera puede doblar; las presiones del presidente como nunca en contra de los miembros de otro poder. Ya tiene sometido al Poder Legislativo federal, aunque son la minoría necesaria para vulnerar el marco constitucional. El gran dique para contener los abusos del presidente descansa en el Poder Judicial por medio de la SCJN. Si López Obrador logra vulnerar las murallas de la Corte, México está a un paso del totalitarismo jurídico, el político ya lo ejerce.
AMLO y su consejería quisieron ganar tiempo interrumpiendo el proceso de la inconstitucionalidad con la “chicanada” de la conexidad con otro juicio del año 2018; por unanimidad, los ministros desecharon por improcedente la fraudulenta petición.
Ocho votos de igual número de ministros, de 11, se necesitan para declarar la inconstitucionalidad de una norma, o incluso, de una ley. Tres se mantienen firmes con López Obrador, aunque este carezca de razón constitucional. Basta con que uno de aquellos que promocionó el presidente para ser ministro para que inclinen la balanza y las cosas cambien radicalmente.
Mucho se especula en los medios que una ministra fue doblada por amenazas, para que vote en contra del proyecto de Pérez Dayán, quien propone la inconstitucionalidad de varios artículos, no de toda la primera parte del “Plan B”. No se equivoquen, no es de todo, solo las partes que sí van en contra de principios constitucionales.
Cuando se impugnó la inconstitucionalidad no fue en “paquete”, fueron artículos específicos. Aquellos que equivocadamente impugnaron todo y sin mayores razonamientos, fueron desechados de plano, no entraron a estudio. Pero aquellos juicios de inconstitucionalidad y controversias que sí fueron fundados y razonados se turnaron para su estudio y sentencia o ejecutoria. No hay más.
Cualquier lego en Derecho Constitucional encontrará muchos preceptos adicionados y reformados que sí son violatorios de la Constitución, como sucediera con la Guardia Nacional que López Obrador, por capricho, adscribió a las Fuerzas Armadas, cuando que se trata de una fuerza eminentemente civil. Y a pesar de la claridad, tres ministros decidieron lo contrario. Ahí radica el peligro, ministros que no razonan constitucionalmente; se dejan llevar por las emociones políticas. ¡Inconcebible! Pero cierto en la tergiversada conducta de quienes se supone son peritos, doctos en Derecho.
Basten dos ejemplos de la inconstitucionalidad. Que las autoridades hagan campaña sin restricciones. Y la violación a las haciendas municipales que se les obliga a destinar un gasto mínimo para publicidad. En ambos casos la Constitución prohíbe lo que legislaron diputados y senadores de Morena y lacayos que los acompañan.
Por ello debe ser inequívoco el fallo de los ministros. Declarar la inconstitucionalidad. De lo contrario, habrá normas secundarias que contravienen la Constitución y con mayor fuerza que la misma Carta Magna.
Sería una decisión tomada por una minoría de ministros considerada como lépera, maliciosa, dolosa, delincuencial e inconstitucional, todo por obedecer a mandato político que rebasa la constitucionalidad de nuestro sistema jurídico mexicano. Hoy lo sabremos.
