¡Guerra sin cuartel!
Mientras el INE ordena la suspensión de toda la propaganda relativa a la “ratificación de mandato” y acuerda quitar 278 espectaculares, 36 bardas pintadas, 11 lonas y publicidad adherida de la que nadie se hace responsable de haberla contratado, según la investigación hecha por la autoridad electoral, los legisladores de Morena apuran la reforma a la norma electoral para que puedan hacer más propaganda en favor de AMLO.
Los morenistas han encontrado el camino más corto para trastocar la Constitución, reformando las leyes secundarias. Esta vez el decreto de reforma lo sustentan en diversos criterios de sanción que han recibido partidos políticos, medios de comunicación y actores políticos, basados en la ley que rige la publicidad gubernamental, norma de naturaleza distinta a la de carácter electoral y política.
Así, en un solo día los diputados de Morena en compañía de las rémoras que los acompañan, presentaron iniciativa y la aprobaron con 268 votos. De inmediato enviaron la minuta con proyecto de decreto, relativa al concepto de propaganda gubernamental. En el artículo transitorio acuerdan que entre en vigor la reforma al día siguiente de su publicación. Violación clara a las normas constitucionales. Hecho que no les preocupa, se han acostumbrado al abuso del poder con el respaldo del presidente de la República, claro ejemplo del titular de los atracos legales.
De la investigación que llevó a cabo personal del INE para saber quién financia la propaganda, nadie se responsabiliza de ello, no encontraron a los autores de la campaña mediática que promueve la “ratificación de mandato” de AMLO. Clara corrupción y delito electoral que no serán sancionados. Aunque la presunción recae en una de las organizaciones de Morena, especialmente en la denominada “Que Siga la Democracia”, la cual tampoco se responsabiliza de hacer campaña.
Sea cual sea el resultado de la primera consulta popular sobre la “revocación de mandato”, quedará marcada por una serie de actos de corrupción que, concatenados, dan forma inequívoca a diversos fraudes electorales. ¡Fraude a la democracia participativa! Una de las razones del porqué millones de mexicanos no avalan las trampas promovidas desde el centro del poder político en México: la Presidencia de la República.
El INE y el TEPJF no han podido meter en cintura a López Obrador y a los morenistas empeñados en el ejercicio de la “ratificación”, evidenciando el repudio a la figura de la “revocación de mandato”.
Ellos quieren la “ratificación, promueven la “ratificación”, van por la “ratificación”. De ahí la urgencia en reformar el marco legal secundario para poder hacer campaña político-electoral sin responsabilidad alguna. De hecho, han venido haciendo la campaña desde la misma Presidencia de la República, mas no quieren correr el riesgo de ser denunciados penalmente con posterioridad, limpian el sucio camino que andan.
El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, comentó con certeza y claridad: “Si hay una prohibición de propaganda gubernamental durante el periodo de la Revocación de Mandato; es decir, desde la convocatoria que se emitió el 4 de febrero hasta el día de la jornada el 10 de abril próximo, es porque así lo pusieron y lo pactaron las fuerzas políticas en la Constitución y en la ley”.
Lo que ellos aprobaron ahora lo rechazan. AMLO, Morena y sus aliados han constatado que perderán la batalla de la “ratificación”, por eso han realizado violaciones a las normas legales, han promovido toda clase de propaganda gubernamental, de ahí la urgencia de abrir la puerta a la prohibición constitucional, “campaña exclusiva a cargo de la autoridad electoral”.
¿A quién le interesa el ejercicio de la consulta popular? Precisamente a los promotores de la misma. Desde el gobierno se impulsó el engranaje para que AMLO sea “ratificado”, cuando que él fue electo constitucionalmente para un periodo de gobierno de 5 años 10 meses, ni un día más, ni un día menos.
La consulta popular, “una campaña de egos”. Destinada al fracaso. AMLO perderá la consulta. Jamás alcanzará el objetivo de los poco más de 37 millones de votos de la Lista Nominal de electores que se compone de más de 93 millones de empadronados. No será vinculante, pero seguirá ejerciendo el poder menguado a falta de apoyo popular.
