La semana pasada se distribuyó por las redes sociales el escrito de denuncia del juicio político presentado en contra del presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Denuncia que seguramente no prosperará.
Siempre he sostenido que el juicio político es una “jalada legal” de los políticos para entretenerse cuando no tienen otra cosa qué hacer. En el caso particular el control de la LVIII Legislatura está en manos del PAN, de tal manera que no permitirían que uno de sus integrantes fuese juzgado en tribuna, mucho menos considerarlo responsable para que el Tribunal Superior de Justicia lo condene.
Por eso el mismo denunciado pretendió derogarlo cuando fue legislador: por inocuo. En la Legislatura, la Comisión Instructora, instancia responsable de iniciar el procedimiento también está en manos de los diputados panistas; son tres sus integrantes, dos del PAN y uno del PRI.
Por lo tanto no procederá ni la radicación del expediente para que fuese emplazado el presidente municipal. Por si lo anterior no fuese bastante, la instancia jurídica que se encarga de instrumentar el procedimiento también está controlada por el PAN.
Históricamente el 99% de los asuntos que se denuncian como juicios políticos ante la Legislatura, resultan improcedentes. Excepción cuando existe el “interés político” de aquellos que cobran como diputados, es cuando prosperan los juicios y en el caso de Marcos Aguilar, si bien los panistas están divididos en la búsqueda por las candidatura, no permitirían el desprestigio público de uno de sus miembros distinguidos, dado que se trata del presidente municipal de la capitán queretana.
Alfredo Serrano Valdés y Alejandro Perlín Vital, dicen su escrito de denuncia que Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, en ejercicio de sus funciones ha incurrido en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Así de laxa e imprecisa es la ley cuando, quienes la crean, pretende evadir la responsabilidad. Y así lo han hecho desde que nació esta controvertida figura de especial aplicación.
Y no es que no tengan razón los denunciantes, el problema radica en la dificultad para demostrar la responsabilidad de cualquier acusado para que se le instruya juicio político. Aun tengo presente los hechos de la denuncia que presentaron en contra de los consejeros del IEQ. El problema era realmente menor, sin embargo diputados del PAN y PRI se coludieron y anticipadamente los condenaron, como así fue. La pretensión era destituirlos cuando perdió Fernando Ortiz y ganó Ignacio Loyola.
Los priistas atribuyeron la derrota a los consejeros. Y los panistas provecharon la salida de los consejeros que estaban identificados con el PRI, lo que permitió el ingreso de nuevos consejeros que trabajaron de la mano con el gobierno panistas; al igual que los magistrados de entonces. Así las dos partes interesadas consiguieron que “políticamente”, destituyeran a los consejeros por utilizar dinero del IEQ, para simples préstamos personales.
Hoy no se ve que exista ese profundo interés político en “crucificar” a un panista cuando todo está controlado por militantes del PAN. El desgaste político sería tremendo para el Partido de Acción Nacional, y no tanto para Marcos Aguilar, que él solo se encarga de desgastar su propia imagen –no necesita ayuda–, quien seguramente se quedará sin candidatura en la próxima contienda electoral. Sin embargo, el asunto se ha prestado para divertirse un poco en las redes sociales. Y hacer sorna del presidente municipal. Su imagen política está cada vez más desgastada, eso nadie lo pone en tela de juicio.
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