El gobierno de AMLO acumula más problemas que soluciones.
Esta vez un grupo de inconformes presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República por el espionaje que lleva a cabo el gobierno de la 4T, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de los quejosos; la denuncia, adelantaron, será por el delito de intervención ilegal de sus comunicaciones.
Periodistas, activistas y otros más se quejaron del espionaje de que son objeto y el cual tanto criticaba el hoy presidente, por parte de las instancias gubernamentales. Los denunciantes también exigirán resultados de las denuncias que presentaron por los mismos hechos en tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El sistema de espionaje conocido como “Pegasus” fue adquirido en el sexenio pasado a empresa israelita, ¿la razón?, se dijo entonces, para acceder e intervenir teléfonos de los miembros de la delincuencia organizada y otros delincuentes. Este hecho está permitido por las disposiciones legales en materia penal, previo acuerdo de la autoridad judicial competente; es constitucional bajo estrictas medidas legales.
Sin embargo, corresponde a la autoridad investigadora esta función, que para el caso sería la Fiscalía General de la República, reitero, con previa autorización judicial.
El problema se agrava en el gobierno de la 4T, dado que no es la FGR la que interviene las conversaciones privadas, autoridad competente para ello; no, es la Sedena la que realiza el espionaje; por lo tanto, doblemente ilegal. Una, espían a sus críticos y no a delincuentes; dos, el espionaje lo lleva a cabo autoridad incompetente para ello; el personal del Ejército Mexicano no tiene competencia para ello y, en tratándose de la persecución de delincuentes de alto nivel, debiera estar bajo las órdenes de la FGR.
Si bien el hoy disputado y discutido artículo Quinto Transitorio de la Constitución que autoriza a las Fuerzas Armadas permanentes para combatir la delincuencia organizada, no les faculta intervenir conversaciones privadas, mucho menos de personas que no son acusadas penalmente de ningún hecho delictivo. Eso se llama persecución política y ejecutada por personal del Ejército resulta verdaderamente preocupante; paso previo al reforzamiento de la militarización en funciones de competencia civil.
¿También la Sedena ejecuta investigación política? Aún más peligroso. Gobierno de corte autoritario y fascista.
La prestigiada organización internacional Artículo 19 es una de las quejosas. Su director, Leopoldo Maldonado, afirma desconfiar de la Fiscalía General de la República (de Alejandro Gertz Manero). Por ello el asunto se complica más. No le falta razón al desconfiado, pues de la primera denuncia presentada hace varios años por los mismos hechos, a la fecha no hay resultado alguno.
Artículo 19 es una organización fundada en 1987 de ámbito internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama la libertad de expresión.
El sistema de inteligencia del gobierno de la 4T pasó de Gobernación a la Sedena; el espionaje sigue vigente y los aparatos para espiar, criticados duramente por AMLO, se siguen utilizando.
Si imaginamos lo que pudo lograr el gobierno de Peña por medio del espionaje en contra de AMLO, vaya que deberán conservar celosamente información valiosa que al paso del tiempo se ha ido dando a conocer sobre los sucios negocios del ahora presidente de la República. Tal vez por esa razón no le interese mucho al gobierno morenista investigar ese negro pasado del espionaje, dado que López Obrador, se asegura, fue espiado durante varios años.
¡Lo que conocerán de Andrés Manuel López! Y se viene el libro intitulado “El rey del cash”, en el que se devela la manera en que AMLO recaudaba miles de millones de pesos ilícitamente. Todo un enredo de negros y sucios intereses de políticos, empresarios y más.
Total, el personal del Ejército Mexicano metido e involucrado en todo. Sigue candente lo de la participación en los hechos del homicidio múltiple de los 43 normalistas, hechos en los que funcionarios del mismo gobierno los “empinan”, fueron involucrados por Alejandro Encinas; ahora también en el espionaje de los críticos al intolerante régimen.
El presidente López Obrador no le dará importancia a la denuncia, dirá que es competencia de otras autoridades; está metido hasta el tuétano, pero como está enfermo de sus facultades, le recomendaron guardar descanso; así que dará reposo a cualquier investigación que le incomode e involucre en más delitos.
