Andrés Manuel López Obrador sostuvo el criterio durante toda la campaña, que el Ejército Mexicano y la Marina deberían regresar a sus cuarteles, que la labor de seguridad pública no era de las fuerzas armadas federales. Los criminales por supuesto que le aplaudieron y los ciegos seguidores del candidato también lo hicieron.
Ahora que el Presidente electo se reunió con los comandantes supremos de esas fuerzas armadas, cambió de criterio y de inmediato, en conferencia de prensa anunció que esas fuerzas militares continuarían en las calles en apoyo de la seguridad de los mexicanos, seguir combatiendo la inseguridad que se vive en el País a consecuencia de la enorme cantidad de grupos de la delincuencia organizada que se disputan no solo la producción y venta de las drogas, también extendieron sus redes a otros delitos como tratantes de personas, robo de combustibles, secuestros, extorsiones, seguramente también el control de algunas autoridades políticas y más delitos. Los titulares de las fuerzas armadas debieron de exponerle con claridad la gravedad y delicadeza del asunto de la inseguridad. Andrés Manuel López Obrador, no quiso recordar en lo más mínimo su promesa de retirar de las calles a esas fuerzas federales que ofrendan su vida diariamente en defensa de la paz de la nación, no siempre reconocida por algunos grupos que quisieran ver postrado al país a los pies de la delincuencia.
Andrés Manuel López tuvo que justificar y con sobrada razón, que la policía Federal no tiene la capacidad para contener a la delincuencia, vamos criticó que ni con destacamentos cuentan en todos los Estados; y sobre las policías estatales y municipales, que tampoco tiene la capacidad ni el equipo para combatir ese nivel de criminales. No falta quienes afirmen que hoy día, la delincuencia organizada mexicana, supera a cualesquiera otras del mundo delincuencial, que al menos son medio millón de delincuentes que se distribuyen entre las bandas y se disputan el territorio nacional y mundial en la fabricación, distribución y venta de las drogas. Una fuerza con capacidad impresionante para dominar, controlar o comprar lo que les plazca. Muy fácil resulta la crítica superflua cuando no se tiene idea de la magnitud del problema.
Alfonso Durazo, apenas se va interiorizando en las fangosas tierras que pisa, por ello se ha fijado un plazo de al menos 3 años para alcanzar, tal vez, abatir el 50% de la criminalidad que a su ámbito de competencia corresponderá, por lo pronto se entretiene con los foros de pacificación, como medida política, que de nada servirán para logra medidas de pacificación; para eso son los expertos en la materia, no las quejas aunque bien recibidas, de las víctimas o morbosos que se acercan a los foros o críticos sistemáticos del sistema. Se requiere no solo la fuerza y la inteligencia a la que tanto aludía uno de los perdedores de la campaña presidencia; no, se necesita conocimiento en la materia, experiencia en el campo de batalla no de la academia, equipo, preparación en materia de seguridad tanto preventiva como de ataque, conocimiento jurídico procesal en materia penal para que no se les vayan los delincuentes en los juzgados una vez que son detenidos. Nada sencilla la labor de la seguridad pública en un país con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial y millones de mexicanos en pobreza que son presa fácil para incorporarlos a las filas de la delincuencia. Y un factor de esencial importancia, es la coordinación de esfuerzos entre las tres instancias de gobierno que atienden la materia; la supina ignorancia hace pensar a muchos que solo es problema del gobierno federal; cuan equivocados están, la seguridad pública está enmarcada en la Constitución como responsabilidad a cargo de los municipios, los Estados y la federación. Responsabilidad compartida y muy mal repartida
Todos saben que los políticos se han apoderado del tema y muchos presidentes municipales o gobernadores niegan la coordinación con la federación y entre los Estados, de ahí que los delincuentes hagan de las suyas, saben de la falta de coordinación y escasa fuerza policial, así como la falta de armamento y capacidad operativa, lo que les ha permitido (a ellos), aumentar su fuerza destructiva, participar en política, por corruptor y fuerza económica. Más vale tarde que nunca, y en el caso, bien por López Obrador que logró entender que, con la seguridad no se juega políticamente, por ello es necesaria la presencia de las fuerzas armadas para coadyuvar en las labores de seguridad pública. Y en lo que respecta a la tan criticada Ley de Seguridad que fue aprobada, pero no ha sido aplicada, entre en funcionamiento, si desean con algunas reformas, pero que por medio de esa norma les dé seguridad jurídica a la intervención de las fuerzas armadas en el delicado problema que aqueja a todo el país; en unos lugares más que en otros, pero ningún Estado se escapa de la presencia de la delincuencia. Es incuestionable que para lograr el mejor de los objetivos y contener a la delincuencia, es necesario la coordinación de esfuerzos entre las tres instancias de gobierno. Veremos si es capaz el gobierno de Andrés Manuel López, de generar y establecer esos mecanismos de coordinación transversal y olvidarse de los colores partidistas, la patria es primero, pero requiere seguridad.
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