Después de la exhibida de corruptelas (no les quedó de otra) que dieron los ministros de la SCJN tanto al fiscal general de la República como a la Fiscalía de la CDMX, en el análisis del expediente de Alejandra Cuevas y su madre, la fiscalía capitalina de inmediato se deslindó, culpando de los gazapos a las autoridades del Poder Judicial de aquella entidad.
En redes sociales, la #FGJCDMX, entiéndase Ernestina Godoy Ramos, intentó acreditar su “inocencia y buena fe”.
Informó al respecto que “…la resolución adoptada este lunes por el pleno de la SCJN relacionada con la acusación a dos personas por homicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) manifiesta: El más amplio respeto a la determinación del máximo tribunal de nuestro país. Todas nuestras actuaciones han sido revisadas por el Poder Judicial, quien es garante de su legalidad y constitucionalidad…”.
En palabras simples y llanas, como el amparo que le fuera otorgado a las quejosas, para la fiscala Ernestina Godoy el culpable de que la señora Alejandra Cuevas haya sido privada de su libertad fue el personal del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Preguntas: ¿Quién denunció? ¿Quién creó la hipótesis de un delito inexistente? ¿Quién ejercitó acción penal e integró la carpeta de investigación en contra de las dos personas? Precisamente fue la fiscalía a cargo de la señora Godoy Ramos, con base en las pruebas y hechos planteados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en su calidad de denunciante, se ostentó como “tercero interesado y ofendido” a consecuencia del fallecimiento de su hermano Federico.
Gertz Manero siempre se ha escudado porque no actuó como fiscal general, sino como simple ciudadano. ¿Dónde dejaría la personalidad de fiscal cuando hizo su denuncia? Justificación más que tonta, como la ocasión en que “donó” 2 mil millones de pesos al presidente de la República para que lo gastara en lo que AMLO decidiera, dinero que al final tuvo que ser devuelto a la institución pública propietaria del peculio. ¡Ese es el fiscal general de la República!
Por supuesto que también las autoridades del fuero común del Poder Judicial de la Ciudad de México siguieron la farsa creada por las dos fiscalías, habiendo decretado la existencia de los elementos materiales de un delito inexistente, como consecuencia la presunta culpabilidad de las dos acusadas; una de ellas, Alejandra, fue encarcelada; habiéndose dictado auto que decretó la prisión preventiva sin derecho a fianza. Sobre la otra persona pendía una orden de aprehensión.
Ernestina Godoy también dijo en redes sociales que “…es autónoma y no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la ley”. ¿Por qué la justificación pública? ¡Justificación no pedida, culpabilidad manifiesta!, reza un principio jurídico.
Si bien las autoridades trataron de desaparecer los abusos cometidos, debido a la presión social y mediática, fue que resultó imposible ocultar las vejaciones a las dos personas y el fraude a la ley fue evidenciado.
Abusos que tuvo que corregir la SCJN por el voto de los 11 ministros que conforman el Pleno; los 4 ministros que dijo tener en la bolsa el fiscal general de la República, esta vez no pudieron apoyar a Gertz Manero. Lo obvio fue aberrante. El tema que se volvió emblemático y acogido por la sociedad civil, da pauta para imaginar cuántos más sufren de los mismos abusos, pero carecen de una buena defensa y del respaldo social por desconocer. Ahí está el asunto de Rosario Robles, otra injusticia en manos de la justicia a la vista de todos.
¿Saldrá el Poder Judicial de la CdMx a defender su postura ahora que la fiscalía lo ha responsabilizado de los abusos? ¿Qué podría decir en su defensa?
Lo cierto es que se constituyó el delito de colusión de funcionarios. Aquí es en donde el presidente de la Cámara de Diputados debería de denunciar el delito, no hacer el ridículo acusando a los consejeros electorales del INE, precisamente por el mismo delito.
A pesar de las evidencias del abuso de poder cometido por el fiscal general, el presidente de la República lo sigue apoyando y reitera que es persona de su confianza.
La sociedad reclama y exige la renuncia de Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy Ramos; dichos funcionarios carecen de vergüenza y civilidad para tomar la decisión de renunciar. López Obrador y Sheinbaum Pardo protegen a sus fiscales.
