Al gobierno de AMLO se le distingue, entre otras razones, por las “desavenencias” con el personal que él seleccionó y contrató para acompañarlo en su administración. Desacuerdos con el Presidente que han generado renuncias, despidos y reacomodos en el gobierno de la 4T, producto de una mala administración pública.

Pensemos en una empresa privada. Los dueños ya hubieran corrido de inmediato al gerente por el excesivo movimiento del personal a su cargo. Ese inepto “gerente general” hubiese quebrado la empresa de sus patrones; las demandas laborales estarían reclamando despidos injustificados y demás prestaciones laborales que habría que cubrir y la cadena de mando, generaría un caos.

Pero en el caso del gobierno federal no hay problema, no pasa nada, es la empresa del pueblo, este absorbe y paga todos los daños directos e indirectos. El presupuesto aguanta todo, no hay responsabilidad alguna para el inepto “gerente general”, que en este caso se llama Andrés Manuel López Obrador. Esta persona en su vida ha generado un solo peso de riqueza, siempre viviendo de donaciones, apoyos y del presupuesto público; el problema fue haber contratado a un inepto, sin experiencia para dirigir la más grande empresa de México: El bienestar de los mexicanos.

Muchos “reacomodos, renuncias y despidos” en la administración pública federal, denominada por el incapaz como: gobierno de la 4T. Han transcurrido un año 8 meses desde el arribo a la “gerencia general” de López y se pueden sumar más de una docena de empleados corridos bajo el nuevo esquema laboral denominando: desavenencias con el jefe, no son más que despidos injustificados, de acuerdo con la ley.

Han sido corridos de su trabajo secretarios de Estado, subsecretarios, comisionados, titulares de organismos públicos y más; sin pasar por alto las miles de plazas desaparecidas en aras de la austeridad republicana en perjuicio de los empleados de la burocracia que fueron lanzados a la calle sin indemnizaciones. No hubo necesidad de mover las oficinas de las secretarías a otros estados, para que renunciaran por cambio de lugar de trabajo, simplemente fueron despedidos; hasta el día de hoy el erario no ha gastado por el arrendamiento de oficinas por los traslados que anunció López al inicio de la administración, el inepto del “gerente general”. De la descentralización de oficinas no se ha vuelto a comentar nada.

Algo está funcionando mal en el gobierno y ese algo se llama López Obrador. Varias de las renuncias se acompañan de “denuncias” públicas, como la última a cargo de Javier Jiménez Espriú; una semana antes se sabía de la renuncia que no había reconocido el Presidente de la República.

Jiménez, como otros más, dejó constancia del caos administrativo; mucho le molestó otra de las arbitrariedades de Andrés Manuel, quien fuera de la ley dejó a cargo de militares las aduanas, cuando la ley determina que deben ser civiles, no militares, los responsables de administrar las aduanas. Antes había menospreciado a Javier Jiménez, secretario de Obras Públicas, al quitarle la construcción del aeropuerto, para dejarla bajo la responsabilidad y “mando” de personal militar.

Otros secretarios prefieren callar para conservar el empleo, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, a quien ha ridiculizado en múltiples ocasiones –desde que ocupaba la subsecretaría en esa misma área–; la última afrenta fue por el uso de cubrebocas, el secretario dijo que eso ayudaría a recuperar la economía, mientras que López aseveró lo contrario, lo desmintió, obligó a Herrera a desdecirse desde el “púlpito presidencial”. ¡Secretario sin dignidad!

Cinco renunciantes por desavenencias dejaron huella por medio de denuncias, advirtiendo el desorden a cargo del mismo Presidente de la República. A saber: Germán Martínez, entonces director general del IMSS, denunció la intromisión de terceros en las decisiones de la institución, además del desabasto de medicamentos e insumos antes de la pandemia; Carlos Urzúa abandonó la Secretaría de Hacienda, acusó el mal manejo del presupuesto público, como ha quedado demostrado, también le quitó atribuciones; Javier Jiménez Espriú, por lo señalado con anterioridad; Josefa González Blanco Ortiz Mena, a quien le exigieron emitir indebidamente dictámenes de factibilidad en los delicados asuntos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, la excusa fue haber retardado la salida de un avión; Javier May Rodríguez, responsable del programa “Sembrando Vida”, le quitaron todas las atribuciones y los resultados han sido desastrosos, los árboles se mueren y no sembraron los millones que prometieron, pero los miles de millones de pesos sí se aplicaron. ¿Dónde quedó ese dinero?

Este caos es fuerte distintivo que caracteriza a la “administración pública” de la 4T. En todos los casos uniforma la misma razón de las renuncias: abusos y desorden en la cadena de mando, intromisión de terceros en áreas que invaden competencias, generando una pésima calidad en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Malévolamente, no fijan metas ni objetivos que sean medibles y evaluables, así logra evitar y evadir responsabilidades el señor López Obrador.

El Presidente de la República, léase Andrés Manuel López Obrador, ha desnaturalizado las atribuciones administrativas, alienta fuera de la ley la invasión de competencias. Acciones ilegales que deberían llevar a promover reformas a la Ley Orgánica, mas no realizar acciones de facto, ignorando el Estado de Derecho, quebrantando el marco jurídico sin atisbo de pretender cambiar las cosas; más bien, la pretensión es empeorar la situación. Muchas de las acciones presidenciales evidentemente son ilegales, traducidas en un claro abuso de autoridad.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya aplicación es a cargo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, contempla diversas sanciones por la comisión de las ilegales conductas administrativas, cometidas por López Obrador. La secretaria, sin embargo, cual fiel “siervo de la nación”, omite y evade la responsabilidad por la que cobra. Están las pruebas que demuestran fehacientemente la responsabilidad del Presidente Manuel López, es el principal orquestador del desorden administrativo, actúa impunemente. Ni su ignorancia ni su incapacidad son excluyentes de responsabilidad. Debe ser juzgado y despedido por tener un pésimo desempeño como “gerente general”, irresponsablemente lleva a la quiebra a la más grande e importante empresa: México.

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