Ningún gobierno federal había tenido dos cuerpos nacionales de seguridad pública y sumar al Ejército Mexicano y la Marina, para realizar tareas de seguridad pública.

Sin embargo, la inseguridad real y de percepción se ha incrementado como nunca antes. La comisión de delitos y formación de delincuentes se han disparado; secuestros, homicidios, robos, fraudes y se suman las asignaciones directas por parte del mismo gobierno, lo que conlleva un alto grado de corrupción.

La estrategia anunciada por el gobierno federal (desde antes de su inició) se suponía diferente, el presidente López Obrador había anunciado de manera reiterada que él acabaría con la violencia, por eso anunciaba que el Ejército regresaría a sus cuarteles, no más “guerra”, estrategia fallida desde Felipe Calderón; no cumplió el Presidente, hizo totalmente lo contrario a lo prometido, pidió a los legisladores federales le autorizaran, obsequiaran permiso constitucional durante todo su sexenio para realizar tareas en coadyuvancia por parte de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, así lo hicieron, le aprobaron continuar el con el Ejército en las calles, lo que tanto denostó en otros.

Luego, como parte de su estrategia de seguridad, anunció amnistía a miles de delincuentes, tampoco lo ha hecho. El populismo descarado, ofreció perdón y olvido a criminales, la sociedad se le fue encima, los afectados le recriminaron; tampoco cumplió.

López Obrador prometió “abrazos y no balazos” en favor de la delincuencia y “dispara” la violencia, los delitos se multiplicaron, los delincuentes aprovecharon la indecisión, el desconocimiento, la improvisación, la flacidez en materia de seguridad pública, sus foros en contra de la violencia, fueron un fracaso; todo fue un “espectáculo mediático”.

Llevaron a cabo 16 “Foros para la Pacificación y Reconciliación”. La delincuencia se propagó, dio esperanzas al delincuente de que no sería reprimido y sus derechos humanos serán respetados. ¡Por favor! Andrés Manuel López Obrador dijo al término de sus foros que: “el jefe del Estado (ahora es él) es el principal responsable de la inseguridad y la violencia”.

Ofreció el entonces presidente electo, que su estrategia para terminar con la violencia sería social y económica, no por medio de la fuerza; generar oportunidades de trabajo a los delincuentes (la generación de empleos ha decrecido más del 80%). La coordinadora de los foros, Loretta Ortiz, desapareció del escenario político, López Obrador la “lanzó” como aspirante a Ministra de la SCJN, los senadores la desecharon. Fracasó la académica. En la Ciudad de México (CDMX), el gobierno emula caricaturescamente la política federal de Amlo; Claudia Sheibaum, cuando tomó protesta del cargo de gobernadora de esa ciudad, anunció la desaparición del cuerpo policial de los granaderos, significó abrir las puertas a la delincuencia; la necia lógica se impuso, trayendo la misma consecuencia, se incrementaron los delitos exponencialmente en la Capital de la República.

Así las cosas, 6 mese de ejercicio del gobierno de la Cuarta Transformación, es cuando más inseguridad se vive en el país: más delitos, más delincuentes; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, cuenta, como nunca antes, con dos enormes cuerpos policiales para contener la ola de inseguridad, algo que nadie ha notado, lo han pasado por alto.

Sí, el Presidente de la República no solo tiene al nuevo organismo que debe brindar seguridad pública, llamado Guardia Nacional, militarizado en la práctica, más en la Ley se contempla mando civil, el cual es comandado por un militar que solo cambio de uniforme, pidió permiso para irse del Ejército e incorporarse a la guardia.

La creación de la nueva Ley de Seguridad, en diversos artículos transitorios, declara la no extinción inmediata de la Policía Federal, irá desapareciendo poco a poco; luego existen ambas corporaciones de manera simultánea, con las mismas atribuciones en seguridad pública; pero, dijeron senadores y diputados federales: “gradualmente” se irá transformando hasta extinguirse, desaparecer; los laxos y permisivos legisladores, no establecieron plazo para la desaparición de la Policía Federal; dejaron abierto el periodo de extinción, puede ser en una semana, un mes o años, según lo ejecuten y decidan las nuevas autoridades; extinción que languidecerá acorde al ritmo que marque López Obrador.

Así las cosas, hoy día legal y administrativamente existen dos cuerpos policiales con las mismas atribuciones. Es por ello que resulta incomprensible, que en las operaciones de contención de los migrantes centroamericanos los 2 cuerpos policiales estén participando en las mismas labores de contención y detención de los ilegales migrantes. Todo es incertidumbre debido a la total inexperiencia en el ramo policial, principalmente del titular de la Secretaría de Seguridad, el señor Durazo.

Todo lo que hoy es patrimonio de la Policía Federal pasará a formar parte de los bienes de la Guardia Nacional, desde policías hasta armamento; bajo la incertidumbre de cuándo fallecerá legalmente el cuerpo odiado y vituperado por Andrés Manuel López, en tiempos de campaña política de Andrés Manuel, quien siempre la calificó de abusivos y corruptos a esos policías, esos que ahora trabajan bajo su mando. En mi experiencia legislativa, y las normas así lo exigen, todas las leyes deben contener exactitud en su redacción, puntos y comas, nada de ambigüedades; las normas deben ser precisas, rechazar la incertidumbre en su interpretación legal, mucho más en tratándose de los periodos de vigencia, de aplicación. Bajo la nueva modalidad legislativa, todo es confuso e incierto; así les convine, mientras tanto echan culpa de todo al pasado.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha reculado en su discurso y en la semana que concluyó se vio en la urgente necesidad de crear 2 nuevos cuerpos de seguridad pública, derivado de la enorme ola delincuencial, de inseguridad en que sumió su inexperto y populista gobierno a los capitalinos. La señora dejó atrás el discurso populista de no más violencia ni represión en contra de la población, que la llevó a desaparecer al cuerpo de policía de granaderos; la dura realidad se estrelló en su maltratado rostro, se vio obligada a cambiar su discurso, aunque no a reconocer su tremendo error de cálculo; el reclamo social se volvió estridente, histérico, colérico. La inexperiencia para gobernar le recrimina a Sheinbaum y la sociedad civil otro tanto. A la gobernadora no le quedó más remedio que “revivir a los granaderos” y transformarlos, como lo hiciera López Obrador con la Guardia Nacional, en otro cuerpo policial; ahora serán camuflageados en un “Comando de Operaciones Especiales” y en una “Unidad Táctica de Auxilio a la Población”.

Ya era urgente para los capitalinos contar con cuerpos de seguridad pública especializada para combatir al crimen, sea o no organizado, y a Claudia no le quedó más que reconocer, con sus acciones, el enorme equívoco que cometió durante 6 meses de gobierno. En lo sucesivo contarán con un comando especial para atender asuntos de seguridad y un grupo de apoyo a la población, según versión de la gobernadora.

Ahora tendrán que esperar a ver resultados, por lo pronto, ambos gobernantes, Sheimbaum y López, reconocieron con sus nuevas acciones (sin decirlo ni aceptarlo) el enorme error en materia de seguridad pública, todo en perjuicio de los gobernados, aunque no lo acepten de palabra, sí lo reconocen de obra, con sus hechos. Lo tozudo no se les quitará y nunca aceptarán haberse equivocado en perjuicio de la seguridad pública, en agravio de la población; en la mayoría de los casos, no pueden resarcir los daños que han sufrido miles de personas por la falta de seguridad pública. La primera obligación del Estado, es brindar seguridad a la vida, bienes y derechos de los gobernados.

Al menos seis Artículos Transitorios de la Ley de Seguridad Nacional, se refieren a la gradualidad de la extinción de la Policía Federal, más nunca refieren a la coparticipación en actividades conjuntas o simultáneas en materia de seguridad pública; eso sí, los policías federales, aquellos que aprueben los exámenes de confianza y capacitación, pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, mutan; por lo pronto, este nuevo cuerpo de seguridad funciona con expolicías del Ejército y la Marina; Durazo, a más de 6 meses de de gobierno, no atina, no sabe, experimenta y no baja la inseguridad: ofreció reducirla, más nunca prometió que en su periodo de ajustes y aprendizaje repuntaría la inseguridad.

Los primeros cargos de mando quedaron a bajo el mano de exmilitares, de acuerdo a los nombramientos que hizo públicos López Obrador, cuando aún no se aprobaba la norma. La misma ley restringe la ocupación de los mandos superiores, no puede ocuparlos cualquier persona; no, tan solo por la edad, aquí empieza la restricción legal, seguido de la supuesta experiencia en el ramo; la nueva norma exige, para ser comandante o coordinador, artículo 14, tener al menos 50 años de edad y 20 años de experiencia en materia de seguridad. ¿Quiénes reúnen esos requisitos? Decidieron no aceptar improvisados, ni nadie de la fuera de la esfera de influencia de los mandos castrenses, no podrán ocupar los cargos de mando los nuevos elementos, aunque lleguen a pasar con 10 todos sus exámenes, la edad y “experiencia” son un obstáculo. La norma fue hecha de forma exclusiva para personal del Ejército y la Marina, tal vez para uno que otro de la Policía Federal.

La inseguridad en el país se ha incrementado, relamo que crece e irrita a los mexicanos; sin que haya certeza de que pronto mejorará la seguridad. Por el contrario, los indicios apuntan al crecimiento de la inseguridad, por aquello del ingreso masivo y fuera de control, de miles de centroamericanos y de otros países por la frontera sur de nuestro país; frontera que parece coladera, porosa y sin restricción alguna para ingresar a México.

De ahí devino la presión de Donald Trump, quien obligó al gobierno de López Obrador, para que volteara hacia el sur y pusiera orden, dado que esa inseguridad corroe y se mina hacia los EUA. La falta de control llega hasta los mandos del gobierno federal; el secretario de Relaciones Exteriores, suple, suplanta, se arroga funciones que le son de la competencia de la Secretaría de Gobernación, quien ha sido desplazada por su incompetencia (aunque Marcelo Ebrard tenga cierta experiencia, fue jefe de policía en el DF).

Ahora, una gran parte de los elementos de seguridad pública tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Federal, se han apostado, por disposición presidencial (complacer a Trump), en la frontera sur para contener la oleada de inmigrantes. Y millones de pesos del erario nacional se van directo a Centroamérica, para contener el paso de migrantes y obligarlos, “por amor a su tierra”, a quedarse en ella; 30 millones de dólares fueron comprometidos para el Salvador, el obsequioso de López Obrador ya firmó por medio de convenio, para que México aplique ese dinero, producto de nuestros impuestos, para beneficio de los extranjeros; falta contabilizar y erogar lo que se vaya a destinar para mantener a todos aquellos que se quedarán en el “tercer país seguro” (México), entretanto esos migrantes recibirán más beneficios que los propios mexicanos, bueno, hasta trabajo les consiguen mientras esperan la autorización o denegación para ingresar a los EU.

Con todo el desorden causado en estos 7 meses del nuevo gobierno, más aquellos vicios que se venían arrastrando de años, todo parece sugerir que la inseguridad continuará reinado en el país. Para el gobierno federal (cambió de planes), ahora es más importante destinar a cientos de elementos de seguridad pública, a custodiar a miles de migrantes, mientras los ciudadanos mexicanos se quedarán sin esos elementos para brindar mayor seguridad pública que permita un desarrollo del país armónico.

Ya la vemos objetivamente, ahí está el decrecimiento en la fuente de empleos, por algo la falta de inversión del empresariado mexicano y extranjero; por algo la inseguridad jurídica con actos del mismo gobierno, que no respeta ni sus promesas. Y, mientras al país lo lleva directo el gobierno de la 4T al “despeñadero”, el Presidente de la República tiene otros datos: afirma que México va a “todo dar”.

Solo espero que demasiados policías no conviertan a México en un Estado Policía y repriman derechos humanos, libertades individuales, supriman garantías en aras de mantener el orden y, maquiavélicamente cambien las reglas democráticas (van en contra de la desaparición de los institutos electorales de los estados), clásico de todos los regímenes de izquierda, se exaltan cuando el desorden ha sido causado por ellos mismos, derivado de su malicia, perversidad y falta de expertiz para hacer un buen gobierno. ¡Los experimentos en democracia salen muy costosos!

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