Hecha la denuncia clara y precisa, pidiendo el apoyo a los medios de comunicación, el General del estado Mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda, sobre su situación irregular en el combate a la delincuencia organizada, ahora los legisladores federales se “atascan” en la tramitología legislativa.
Incluso las bancadas parlamentarias del PAN y PRI ya se disputan la paternidad de la creación de la nueva ley, que podría llamarse Ley de Seguridad Interna, ley de excepción dicen algunos. Mal momento para los legisladores que se “estancan” por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, por ello hablan de un periodo extraordinario para tratar un tema que lleva 10 años irregular.
Seguramente todas las legislaturas que han pasado no pretendieron la regularización del marco jurídico, desde que se autorizó la salida del ejército a las calles para combatir a la delincuencia organizada, por órdenes de Felipe Calderón, entonces Presidente de la República, pensando que sería transitoria la presencia de los elementos del ejército, que acabarían pronto con los delincuentes.
Llevan 10 años en la calles los soldados en y el combate no cede, por el contrario hay momentos en que pareciera ¿O es así? Que la delincuencia ha ganado terreno, no cede, que se multiplican los grupos delincuenciales, se diversifican, incluso se han fortalecido jurídicamente; bueno hasta políticamente se han incrustado en organizaciones defensoras de derechos humanos, provocan manifestaciones y cierres de carreteras, se infiltran por todas partes, usan toda clase de camuflaje.
En tanto que los soldados, por el contrario, son criticados, acusados, vejados y desde entonces más de 400 elementos han muerto en ese desigual combate; organizaciones de derechos humanos piden juicios para soldados; los agresores, en el caso de los 43, pretendieron a toda costa desacreditar al ejército mexicano cuando pedían ingresar a todas las zonas militares del país a buscar a los “desaparecidos”.
A ese grado ha llegado el conflicto por culpa de los legisladores, por no crear el marco jurídico que permita la certeza legal en su actuar. De ahí la clara denuncia que hiciera el General, Secretario de la Defensa Nacional. Seguramente muy molesto. Y el Presidente de la República los respalda, solo faltaba que no lo hiciera.
Ante esta denuncia los actuales legisladores, senadores y diputados federales se desgarran las vestiduras para acelerar la creación y aprobación de esa ley. Pero, ahora salen los imponderables legislativos. Que no puede haber ley si no se reforma antes la Constitución. Así que el proceso legislativo va para largo.
La iniciativa se encuentra en el Senado y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados ya se apunta para participar, no quieren ser cámara revisora. El protagónico de Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional de ese partido, ya urge que los soldados regresen a los cuarteles ¿Quién los entiende? Fue precisamente el panista Felipe Calderón quien los puso a trabajar en las calles. Las veleidades políticas de los políticos, se apoderan y empoderan en su deprimente personalidad.
En tanto los legisladores discuten cuándo trabajar al respecto, sus indecisiones hace que se “estanquen y atasquen” en un terreno fangoso mucho más difícil de transitar ¡Y los delincuentes haciendo de las suyas!
La patria reclama la solidaridad de los legisladores, los soldados se la exigen. Los diputados federales y senadores, de alguna manera son responsables del problema que hoy aqueja con mayor ímpetu a las fuerzas armadas de México, al no tratar con diligencia y responsabilidad estos álgidos problemas que afectan a nuestro país. Eso sí, ya se apuntan para el proceso electoral del 2018.
No son momentos de protagonismo político para “acarrear agua al molino” de los partidos ni de los políticos. Es tiempo de pensar en México. Las fuerzas armadas requieren del marco jurídico que de certeza a su actuar, sin exceso de facultades en la persecución de los delitos y delincuentes que puedan llega a vulnerar derechos humanos de los mexicanos, en aras del combate a la delincuencia organizada.
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