A 10 meses de distancia, el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por el morenista Andrés Manuel López Obrador, no se cansa (ni se cansará) de inculpar a sus antecesores de todos los males presentes y futuros que aquejan al país, desde la falta de recursos económicos hasta la descomposición social que se vive con la desbordada delincuencia.

Después de 18 años de campaña política para arribar a la Presidencia de la República, nadie mejor que López Obrador, conocía la existencia de problemas de los que hoy se queja, según sus constantes declaraciones, pareciera que de pronto le surgieron los conflictos, que estaban ocultos; no, cualquier ciudadano mexicano, con mediana inteligencia, sabía de los aprietos por los que atraviesa México, de ahí que resulte incomprensible que, después de 10 meses de gobierno lopísta, el Presidente continúe quejándose y eche culpas a los antecesores de todo aquello que no puede resolver.

Sabiamente, una de las mujeres más destacadas a nivel mundial en el arte de la gobernación, la alemana Angela Merkel, dijo: “Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar, con el propósito de corregir dichos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”. Luego entonces, López Obrador, es un mediocre. La conclusión es muy sencilla de comprender, lo cual parece imposible, inasequible para López Obrador, quien por demás mediocremente, insiste en culpara a sus antecesores de todos los problemas que a él le están resultando imposibles de solucionar.

Cambia las reglas del juego que juega y ni así le resulta, insiste en responsabilizar de su ineptitud para gobernar a todos aquellos que califica de conservadores, sin importarle lo que el pueblo de México piense, la sociedad mexicana ya se cansó de escuchar sus quejas, tanto él como sus colaboradores evaden responsabilidades derivadas de la Constitución y demás leyes secundarias, principalmente las orgánicas que describen con meridiana claridad las obligaciones; en ninguna de las normas vigentes, existe la evasión de responsabilidad, no hay artículo que faculte a la autoridad a “echar” culpas de no poder resolver los problemas. La ineficacia se sanciona con el despido.

Todas son obligaciones, facultades a cumplir y lo que hasta hoy ha hecho López Obrador, ha sido culpar a terceros de su probada ineptitud para administrar, a grado tal es su ignorancia e incapacidad, que ha rendido varios informes del estado general que guarda su administración, cuando que la ley apenas lo ha obligado a entregar el día primero del pasado mes de septiembre, con la apertura del periodo ordinario de sesiones del segundo año, el primer documento con el que acredita su caprichosa y desorganizada administración. Los mexicanos exigen buenas cuentas, no excusas, para eso quiso ser Presidente de la República, para solventar las problemáticas sociales, políticas, económicas, de seguridad, de salud, de educación, etcétera. No fue electo para quejarse. Pero no, es más sencillo para Andrés Manuel demostrar su mediocridad, que probar su eficacia y eficiencia, las debiera acreditar para gobernar.

Aunado a lo anterior, las erráticas políticas del Presidente, para atender y resolver los problemas que aquejan a nuestro país, son de suyas peligrosas, prevén en un futuro inmediato la probable desestabilización social generalizada; claro, de persistir la inequívoca tendencia desocializadora, inducida con la dañada intención, preñada de un odio acumulado durante muchos años y hoy demostrada hacia ciertas clases sociales. Ha logrado dividir a los mexicanos en dos grandes grupos; a los que él llama “fifís, pirruris, conservadores o corruptos”; y, el otro grupo, aquel que lo apoya a pesar de los tremendos y reiterados equívocos, aquellos ciudadanos que ha contaminado de su odio, los que aplauden, incluso, los más deleznables acuerdos con los delincuentes, so pretexto de pacificar al país.

Desbordan en torpeza y dañada intención varios de sus últimos actos de gobierno. Sus errores los pretende hacer ver como triunfos. Veamos los últimos traspiés. Negocia con delincuentes probados, aquellos que secuestran y roban, a ellos les concede privilegios, los hace ver como los olvidados, los desprotegidos que hay que ayudar. Me refiero a estudiantes normalistas, roban camiones y secuestran a los choferes como mecanismo de negociación; todas esas acciones son consideradas conductas típicas previstas en el Código Penal, luego ameritan pena privativa de la libertad.

Vamos, ni el “fiscal carnal”, se atreve a iniciar carpetas de investigación por oficio, a pesar de las evidencias delictivas. A los normalistas les fue concedido todo lo que exigieron a cambio de devolver los camiones robados y dejar en libertad a los secuestrados. El ejemplo cundió a otros normalistas, ahora los del Estado de Michoacán, bloquean vías del ferrocarril, al igual que lo hicieron maestros de la CNTE, para lograr prebendas de toda índole; el bloqueo de las vías del tren es considerado delito en el Código Penal, a pesar de ello no hay consecuencias legales; sin pasar por alto los daños que causan a la iniciativa privada, daños y perjuicios millonarios intencionales, por eso interrumpen el flujo del mercado; el gobierno de López Obrador, además de consentir a los delincuentes, les concede lo que le piden. La extorsión se ha convertido en herramienta efectiva de negociación, solo falta que ese delito lo prescriban del Código Penal y lo conviertan en mecanismo legal para negociar.

Lo sucedido ayer martes frente a la puerta principal de Palacio Nacional, fue un acto artero y cobarde del gobierno lopista en contra de presidentes municipales que acudieron a pedir audiencia para negociar, piden no les reduzcan participaciones federales, dinero que se traduce en millones de pesos, lo que impide realizar un mejor gobierno, entre esos dineros va la reducción a programas de seguridad pública, obra pública y otros. Los presidentes municipales quisieron aprovechar la “conferencia mañanera” que a diario ofrece en Palacio Nacional. Los presidentes municipales no solo no fueron recibidos, fueron “combatidos” por las fuerza pública que resguarda la seguridad del inmueble, los trataron peor que delincuentes, con gases lacrimógenos los dispersaron y ahuyentaron; nunca recibieron ese trato los “anarquistas” que grafitearon el inmueble, dañaron las añejas puertas y gritaron toda clase de consignas; a estos no se les hizo absolutamente nada, no hubo acción de disuasión, no hubo denuncias, nada, se les toleró hasta el cansancio. Sin embargo, las autoridades municipales sí recibieron trato de perniciosos manifestantes que pretendieron irrumpir en la conferencia de prensa del Presidente. Olvida López Obrador, que, como representantes jurídicos de los municipios, también los representan políticamente, son la célula que conforma los estados, y estos, a su vez, a la federación, la nación mexicana tiene esa composición.

Por lo tanto, el Presidente de la República, atacó arteramente a la estructura democrática y política de la unión mexicana. Inconcebible, pero cierto. Horas después vendría la injustificable argumentación de López Obrador, acusó a los munícipes de provocadores, no sin antes advertir que “pudo evitar una situación más grave”. ¿Cuál situación grave pudo pasar? Ninguna. ¡Pamplinas presidenciales! Simplemente fue un acto arbitrario para combatir acciones legales con la fuerza pública; contrario a ello, es consecuente con los delincuentes, a ellos les concede lo que piden, a pesar de infringir la ley arteramente ¿Eso es gobernar con justicia? ¡Claro que no! Eso es abuso de autoridad, son actos autoritarios que rompen con la armonía institucional y se castigan; mucho más conociendo el pensar y actuar del Presidente, para él, los responsables de todo fueron los munícipes, solo falta que el “Fiscal carnal”, a esos sí, les abra carpeta de investigación, por desestabilización social, terrorismo, rebelión, sabotaje, disolución social o qué se yo. El contrasentido de la ilógica de la lógica.

Más incongruencias cerebrales del Presidente de la República, al sugerir que, debido a los recortes presupuestales, a la austeridad republicana, lo que deriva en menos dinero a las haciendas municipales, los presidentes municipales también le entren a la austeridad, que se bajen los salarios y de los regidores también, que no compren vehículos de lujo, que reduzcan personal, etcétera. El Presidente, inmiscuyéndose en asuntos que no son de su competencia, López se comporta como cualquier ciudadano y no como autoridad que solo puede hacer aquello que le faculta la ley. López Obrador, voluntariamente viola la autonomía municipal que consagra el artículo 115 constitucional, el cual ordena que los municipios sean gobernados por un ayuntamiento, no por el Presidente de la República; los municipios están investidos de personalidad jurídica y ellos manejan su patrimonio, sin injerencias de ninguna especie, Andrés Manuel López es incompetente para “sugerir” qué deben hacer los municipios con su hacienda ¡Inaudito! Nadie es capaz de ponerle un alto. No le falta razón a más de algún gobierno que ha sugerido, en voz baja, romper los acuerdos de coordinación fiscal con el gobierno federal, el cual se queda con la mayor parte de la recaudación y aun así, López Obrador quiere más dinero para sufragar los caprichosos gastos.

Hay más ejemplos de la retahíla de excusas del Presidente para amainar su probada incompetencia para gobernar. López no resuelve los ni los grandes ni pequeños problemas, solo excusas y concentración de más poder político y económico, sin importarle la viabilidad del país; eso sí, negocia con la delincuencia, ahí está como prueba inadmisible de rendición y sumisión a la delincuencia, la liberación de Ovidio Guzmán López, acto deleznable que quebrantó, una vez más, las normas legales para subordinarlas a su caprichosa decisión. ¿Cuándo terminarán las excusas del mediocre?

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