Toda resolución judicial debe cumplirse y las autoridades están obligadas a hacer cumplir las sentencias, en su caso el Poder Ejecutivo debe apoyar al Poder Judicial para la debida ejecución o cumplimentación de la sentencia emitida por la autoridad competente.
En toda sociedad que se precie de tener un sistema democrático de vida, así se debe conducir a fin de vivir en armonía y con plena seguridad de su vida, bienes y derechos. Hacer lo contrario, se trata de gobierno que someten a la sociedad a sus caprichos, viven bajo un régimen autoritario; los derechos de los ciudadanos no existen, solo valen las acciones del gobierno que sojuzga, el Estado de Derecho no existe.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, raya en la línea de la rebeldía, de la intolerancia; se resiste a cumplir con la Constitución y leyes que de ella emanan, a pesar de vivir bajo un régimen democrático, su misma Presidencia emana de un proceso legalmente instituido en las leyes y a través de ellas fue electo por mayoría relativa; tomó protesta al asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ofreció cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes que de ella emanan. Varias acciones dan prueba de su rebeldía para acatar el Estado de Derecho.
Desde que fuera electo dio comienzo con la imposición del capricho en sustitución de la ley. Tomó acuerdos de trascendencia para la vida económica del país, por medio de “consultas populares” ilegales, fuera del derecho, atentatorias a la Constitución; así ordenó cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco, a pesar de la existencia de contratos e inversiones multimillonarias; por medio de una votación inconstitucional que apenas alcanzó el millón de electores, decidió rescindir contratos y endeudar la hacienda pública; ordenó integrar mesas directivas a su antojo, ubicarlas donde le pareció, en un número raquítico y violentó el artículo 35 fracción VIII de la Constitución. Una consulta que en el fondo no fue consulta, él ya había decidido cancelar la obra del nuevo aeropuerto, para hacer la construcción de otro, en un lugar inapropiado, sin permisos de ninguna especie.
Esta fue una de las primeras acciones ilegales, sin ser Presidente de la República echó a andar un proceso totalmente inconstitucional, para tomar una trascendente decisión que afectó la hacienda y el desarrollo de México, cancelando arbitrariamente la creación de más de 400 mil empleos, directos e indirectos. Luego le siguieron otras farsas de consultas populares ya siendo Presidente en funciones, continuó su intransigencia y resistencia a cumplir con la Constitución. Algo nunca antes visto, inusitado, ilegal, inconstitucional por parte del Presidente de la República; derivado de acciones totalmente autoritarias fuera de la ley.
La semana pasada, a instancia de ciudadanos amparistas, jueces de distrito han concedido suspensiones definitivas en obras de capricho del Presidente de la República, como las del aeropuerto de Santa Lucía. Lugar lleno de problemas para la construcción, sin permisos, sin estudios de aeronáutica, sin aprobaciones de dictámenes de impacto ambiental, vamos incluso por la presencia de un cerro que nunca vieron y que tendrían que remover o cambiara la trayectoria de la pista de aterrizaje, etcétera.
Bien, el viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador llenó de epítetos a los que promovieron el juicio de amparo, condenando al juez de distrito que ordenó la suspensión de las obras. Inconcebible, el mismo Presidente de la República utilizando a los medios de comunicación como su más ferviente aliado, amenazó a los amparistas y al juez federal; advirtió que los exhibirá y condenará moralmente en el patíbulo por interponerse a sus planes.
El presidente López Obrador, mostrando al pueblo de México su alto grado de intolerancia y peligrosidad, no acepta respetar la ley ni las órdenes judiciales, en cambio intimida tanto a los que accionan y reclaman la aplicación de la justicia, como a quien tiene la obligación de impartirla. Actos inauditos jamás nunca antes vistos.
El mismo Presidente de la República tiene el derecho de defenderse en los tribunales, de accionar la acción de la justicia, de aportar pruebas en el expediente, de asistir a juicio y alegar lo que a su derecho corresponda; pero no, ese presidente porfiriano prefirió acallar y reprimir al pueblo que reclama justicia, por medio de epítetos, diatribas, ofensas y amenazas; López Obrador tiende acudir al juicio mediático, a la condena pública, a litigar en los medios de comunicación en lugar de acudir al juzgado (por medio de sus representantes legales que deben ser cientos) para defender sus actos de autoridad.
Se trata, inequívocamente, de una acción intimidatoria propia de un tirano, de cualquier delincuente común, autoritario y abusivo; eso se llama corrupción, se califica como corrupción. Para eso se instituyeron los tribunales, para dirimir las controversias jurídicas.
¿Acaso no puede defender su derecho el Presidente? ¿Acaso se trata de un acto de autoridad inconstitucional y por eso van perdiendo el juicio de amparo? Para López Obrador es mucho más sencillo tildar de corruptos, sin prueba alguna, a los amparistas y al juez, que proceder a probar, a demostrar en el juicio de amparo, que aquellos están equivocados.
El Presidente hace uso del poder mediático, al cual, por cierto, le paga cientos de millones de pesos para que difundan sus rabietas y caprichos, que promuevan sin problema alguno sus frustraciones; es más mucho fácil alentar el desprestigio, que promover en juicio que le asiste la razón legal y constitucional de sus actos. Para eso se instituyeron los tribunales, en especial los juzgados de distrito, para defender al pueblo de la violación de los derechos humanos o garantías individuales, por parte de los abusos de las autoridades.
Y así están por la misma situación las obras de la refinería de Dos Bocas, Tabasco y la obra del Tren Maya, las autoridades federales del Poder Ejecutivo están realizando acciones de autoridad sin cumplir con la normatividad, en especial los dictámenes de impacto ambiental.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa mostrando resistencia a cumplir con el Estado de Derecho, viola derechos humanos y se niega a reconocer que incurre en responsabilidad, en cambio, golpea con la fuerza del poder a quienes osan cruzarse en su camino.
Solo las autoridades judiciales pueden contener y detener esos abusos de poder que a capricho desborda constantemente el Presidente de la República. Enhorabuena por el juez de distrito y los amparistas que actúan en defensa de millones de mexicanos, que evitan se cometan actos de injusticia, gracias a sus acciones impiden actos de autoridad abiertamente corruptos; aquellos buscan limitar el abuso del poder, a que se ciña Andrés Manuel López Obrador al marco de la ley; eso es todo, limitarse y circunscribirse a aquello que le faculta la ley, lo demás son excesos que deben ser restringidos y castigados.
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