Solo aquello en lo que le viene en gana, el presidente Andrés Manuel López pone en práctica la doctrina de los fisiócratas del siglo XVIII, “laissez faire, laissez passer”, encabezada por Adam Smith, que significa “dejar hacer, dejar pasar”.

López deja a un lado el derecho positivo mexicano, menosprecia el cumplimiento de las normas que le imponen obligaciones y se conduce como un verdadero autócrata. Eso hizo el jueves pasado cuando, personal de la policía, en cumplimiento de una orden de aprehensión, lograron la detención de Ovidio Guzmán; el hecho generó serios problemas de seguridad, “normales” en tratándose de uno de los cabecillas más poderosos del negocio de la narcodelincuencia en México y en el mundo ilegal del negocio de estupefacientes. ¿Lo ignoraron o lo menospreciaron? El problema se les salió de control y la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la convirtieron en un verdadero campo de batalla. Delincuentes con armas de alto poder por doquier.

Contrario a lo que pensó Andrés Manuel López, unos años antes, cuando el padre de quien ahora fuera detenido se fugó de una cárcel de máxima seguridad en el pasado sexenio; el hoy Presidente, a gritos exigía la renuncia de Enrique Peña Nieto por aquella fuga, advirtiendo que México sería el hazmerreír del mundo.

En esta ocasión, el hazmerreír fue López Obrador; ya al mando del Poder Ejecutivo, voluntariamente ordenó, no se fugó, ordenó dejar en libertad a uno de los delincuentes más buscados; no evadió la justicia; no, estaba detenido y resguardado por la autoridad ejecutiva y el mismo titular del Poder Ejecutivo, desconociendo, violando la ley, ordenó dejar en libertad al delincuente, quien además era reclamado por la justicia estadounidense.

Aplicando selectivamente la amnesia, olvidó lo que antes exigía a gritos; en tanto que hoy, en funciones ejecutivas, ordena, una vez más, violentar la ley contra viento y marea, sin importar lo que la normatividad ordene. Dejar hacer, dejar pasar, doctrina que proponían entonces los fisiócratas, que la sociedad sola se ordena, sin necesidad de la intervención del Estado. Por supuesto esa escuela económica francesa no prosperó, es necesaria la regulación del Estado, para que exista armonía, paz, justicia y prosperidad en una sociedad.

Andrés López, sin embargo, aplica esa teoría cuando así conviene a sus intereses. ¡Deja hacer, deja pasar! Abrió de manera impune y cínica (también pertenece a esa escuela el Presidente) la puerta a la impunidad, una vez más; esta vez, para favorecer a los cárteles mexicanos. Apertura la nueva era lopista para negociar con el Estado: por medio de la fuerza. Lo había hecho unos días antes con estudiantes de una de las escuelas normales, en el Estado de México, a quienes les otorgó todo lo que solicitaron mediante el chantaje de la fuerza, secuestrando y robando, esa fue la manera de coercionar al gobierno de la Cuarta Transformación.

Va más allá López Obrador, también pone en práctica el cinismo en sus acciones de gobierno, es irónico, sarcástico y burlón. Peligrosa su inestabilidad emocional para gobernar; sus decisiones las toma más por medio de impulsos, caprichosamente basado en su escaso conocimiento de la gobernanza, diría nula experiencia. La decisión del titular del Poder Ejecutivo confirmó que, en su gobierno, una de las maneras más efectivas para negociar es la fuerza, la presión, el delito, el cohecho, la amenaza, la violencia; método efectivo que ha dado buenos resultado a los delincuentes, son abiertamente tolerados y aceptados por el Presidente de la República; “también son pueblo”, dice Andrés Manuel.

Los mexicanos buenos, al menos 70 millones de ellos, en total desventaja con senda manera de gobernar. Todo aquel que se somete a la ley, debe atenerse a las consecuencias de la misma. Aquellos delincuentes que presionan al gobierno, le imponen condiciones, no se subordinan a la ley y obtienen lo que quieren.

Abiertamente, el gobierno de López Obrador ha proscrito los acuerdos basados en la armonía de la ley, en la imposición del Estado de Derecho, para mutar a doctrinas añejas que no tuvieron éxito. Peligroso para la estabilidad social, política, económica y el Estado de Derecho, que deja de aplicar la justicia. Es claro que, rompiendo las reglas legales, el Presidente de la República ha preferido dejar hacer, dejar pasar y cínicamente no molestar a la delincuencia para no tener problemas en su gobierno, dejando sola a la sociedad a merced de la delincuencia.

Por eso su “doctrina” de no más masacres, no más guerras: que la sociedad se defienda como pueda. El gobierno lopista está hecho para otras cosas más tranquilas; está presto para detener al evasor fiscal, para presionar al contribuyente, para gastar el dinero del erario en caprichos, para apoderarse del Poder Judicial, para someter al imperio de la ley a sus enemigos políticos. ¿A los delincuentes? A esos no los incomoden, son pueblo que no debe ser molestado, y si acaso la autoridad los detiene, que los suelten, sea por capricho, por medio de leyes de amnistía u órdenes directas del Presidente.

Esta política de sobre tolerancia la entienden bien los delincuentes de los cárteles, por eso trabajan impunemente, son aliados del gobierno de López Obrador. El Presidente bien lo sabe, no hay quien lo pare, no hay autoridad superior que lo detenga, no existe oposición política suficientemente fuerte para sancionarlo; actúa bajo el manto protector de la impunidad, nunca antes visto.

La historia lo registra y la historia lo sancionará, hoy nadie puede hacerlo. La arbitrariedad se enseñorea y López Obrador lo reconoce; mas tergiversa la realidad para aparentar que actúa bajo el imperio de la ley y en casos extraordinarios, pone de pretexto a la sociedad como bien superior a proteger, así justifica sus arbitrariedades, su incapacidad, así elude su responsabilidad y prueba su ineptitud para gobernar. ¿Quién puede detener al procaz Presidente? Parece que nadie. ¡El Presidente lleva a México a la desgracia! Las pruebas no mienten.

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