El general comandante de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, durante la conferencia mañanera de este día, advirtió a las autoridades tanto del ámbito de la procuración de justicia, como de la impartición, lo siguiente: “Yo quisiera aprovechar también para mencionar a las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como federal, que cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos”. “Recomendación relacionada con la detención de El Marro”, José Antonio Yepez Ortiz. El general, fuera de sus atribuciones, metido en política, solo eso nos faltaba.
Se me vio a la mente dos eventos en los que la estrategia del mismo General, dio al traste y no cumplió con la responsabilidad que le tocaba en aquellos dos trágicos momentos. El primero, sucedido en enero de 2019, en el Municipio de Trahuelilpan, Hidalgo, cuando fallecieron 137 personas por el descarado robo de gasolina, frente a los elementos del Ejército Mexicano. El otro, en el momento en que ejecutaban la detención de Ovidio Guzmán, en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. Me pregunto ¿Cumplió con su responsabilidad en ese momento el General Secretario? Claro que no cumplió ¿Por qué ahora pide a las autoridades civiles que cumplan con su responsabilidad? López lo induce.
No encuentro congruencia en las tácticas tanto disuasivas como de combate por parte de elementos del Ejército, al mando del General Cresencio Sandoval. En Tlahuelilpan, enero de 2019, apenas un pequeño grupo de soldados hicieron frente al pueblo “huachicolero”, cuando robaban gasolina; luego llegaron 400 elementos más como refuerzo, tampoco hicieron nada, solo observaron desde lejos el evento del robo masivo de gasolina. Así lo describió el mismo General en una conferencia mañanera, ante el Presidente de la República. La inacción trajo como consecuencia la muerte de 137 personas. Hasta hoy, no hay responsable de la muerte masiva; el gobierno federal omitió cumplir con su obligación de garantizar la seguridad pública, lo que acarrea responsabilidad penal. Después trascendió que la orden de López Obrador, fue la de no intervenir, so pretexto de evitar un enfrentamiento con los huachicoleros. El personal del Ejército estuvo inactivo. Después de la explosión que causó la muerte de huachicoleros, hasta entonces intervinieron los soldados, no se sabe si López lo ordenó o fue acción inmediata en ayuda de la población, aplicando el Plan DNIII.
El 17 octubre de 2019, un “piquete” de soldados, junto con “personal civil” de la Guardia Nacional, cumplían con la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial, a petición de un homólogo estadounidense ¿En contra de quién era esa orden? ¡De Ovidio Guzmán López! Hijo del “Chapo Guzmán”. Los sucesos se desarrollaron en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. Cuando habían ejecutado la orden judicial, inicia lo que podría denominarse una “guerra de guerrillas”. Docenas de delincuentes salieron a las calles a defender a su “comandante Ovidio”; mataron, amagaron, amenazaron, causaron innumerables daños, quemaron vehículos, detuvieron a personal del Ejército; los delincuentes usaron armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas; esos delincuentes pusieron contra la pared a las autoridades federales. El mismo detenido, Ovidio, tuvo que dar la orden de detener los ataques que se suscitaban por toda la ciudad. A cambio, dejaron en libertad al detenido. Una vez más incumplieron con la responsabilidad que emana de las normas legales que les impone la obligación de guardar el orden, de asegurar la existencia de la seguridad pública; tuvieron que ceder ante el empuje de la delincuencia, mejor organizada en esos momentos ¿Cuál fue la estrategia que obligó a entregar la plaza a la delincuencia? Las autoridades nunca dijeron la cantidad de elementos de la fuerza pública civil y del Ejército, que intervinieron en la acción que resultó una vergüenza internacional.
Ayer lunes, 3 de agosto, el Ejército se adjudicó la detención de “El Marro”, habiendo utilizado mil elementos para la aprehensión del peligroso delincuente ¡Mil elementos del Ejército Mexicano! Sin contar el número de la fuerza civil. Así lo reconoció el mismo General Cresencio Saldoval González. Esta vez, cual político en acción, al menos de buena manera, dijo a las autoridades civiles en conferencia de prensa: “Yo quisiera aprovechar también para mencionar a las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como federal, que cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos”. Vaya que no siempre es la misma respuesta en las acciones para combatir a la delincuencia. En unas incumplen con su responsabilidad, en otras ceden ante la presión delincuencial y en otras, exigen a las autoridades civiles “cumplan con su responsabilidad”. Y todo por culpa del Presidente de la República, quien arbitrariamente utiliza a las fuerzas armadas a su antojo, a tal grado que en los trae desde albañiles hasta ingenieros en la construcción de obra pública.
Las autoridades no están para exigirse entre sí, que cumplan con lo que la ley les mandata, según su ámbito de competencia. Las autoridades, todas, están para cumplir cabalmente, cada una de sus obligaciones, con las atribuciones emanadas de las normas jurídicas; esa es su responsabilidad, no es arbitraria ni facultativa a capricho. Nada de estarse enviando mensajes. Para esto está la sociedad, obligada a exigir a cada una de ellas se apliquen y cumplan cabalmente con las responsabilidades que protestaron cumplir y hacer cumplir, empezando por el desobediente y tozudo Presidente de la República.
Deseable no vuelva a repetir el Genera Comandante del Ejército Mexicano, el vergonzoso acto que le ordenó Andrés Manuel López, de lanzar advertencia a las autoridades civiles, para que cumplan; no está entre las facultades de la milicia, las autoridades solo deben hacer aquello que les faculta la ley, nada más. Es oportuno advertir que el Ejército no debe intervenir en asuntos políticos, tampoco en temas de la competencia civil, de suyo es peligroso para la democracia.
