Ante su manifiesta incapacidad para conocer la legislación electoral, a pesar de ser senador de la República con licencia, Felix Salgado Macedonio echó la culpa a Morena o sea a Mario Delgado, por no presentar su informe de ingresos y egresos, incumpliendo por ello con la obligación legal que les impone a quienes aspiran a cualquier candidatura en su calidad de precandidatos. Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el infractor confiesa que incumplió e igual que AMLO, repartió culpas para evitar la responsabilidad.
La ignorancia de la ley no evita su cumplimiento. Nadie está obligado a conocer las miles de disposiciones legales que imponen obligaciones a los particulares, para eso hay especialistas en Derecho y el Derecho Electoral, que hace apenas unos años no existía, ahora es necesario que los militantes de un partido, mucho más los aspirantes a cargos de elección popular, conozcan las reglas del juego, traducidas en normas jurídicas. La ignorancia de la ley es manifiesta, más no excluye a Salgado Macedonio de su cumplimiento. Literalmente pide perdón a los magistrados para que le aprueben la candidatura a gobernador de su Estado natal.
El supuesto el “toro, convertido en becerro” ¿o borrego? ¿Recuerdan cuando amenazó con desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no se bajaban los salarios? Ahora acude a ellos, vamos al Poder Judicial, para que le autoricen participar en la campaña electoral y ser partícipe en las elecciones del 6 de junio próximo. En febrero de 2019, lanzó la amenaza a los ministros de la SCJN en la tribuna del Senado de la República. Y todo a razón de que su compadre, AMLO, ordenó bajar los salarios por medio de un decreto inconstitucional. Asunto que en juicio litigioso perdió el mismo presidente al pretender violentar derechos laborales adquiridos.
Los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene bajo su delicada responsabilidad resolver varios juicios de profunda trascendencia. Uno, las normas administrativas emitidas por el Consejo General del INE, para regular con claridad la asignación de las diputaciones de representación proporcional, para evitar la inconstitucional sobrerresentación en la Cámara de Diputados, principio violado en varias ocasiones por los partidos políticos. En espera de la decisión jurídica y no política, de los magistrados, aunque todos desconfían del entreguismo del presidente de la Sala Superior a la cuarta transformación.
Segundo. Las apelaciones interpuestas por los incumplidos de Morena, para que les regresen las candidaturas. Criterio que de alguna manera la Sala Superior aprobó hace algunos días, bajo la condición impuesta a los consejeros, para que estudiaran más a fondo las cancelaciones de registros, privilegiando el derecho a ser votado, pero sin obligarlos necesariamente a registrarlos. Aunque existe una norma específica en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a cancelar los registros a todos aquellos que no rindan sus informes financieros en la etapa de precampaña, independientemente de si erogaron o no gastaron un solo peso. No hay opción de hacer una gradación de las sanciones. La norma obliga a la cancelación. Al igual que lo exige Hacienda en las declaraciones, aunque sea en ceros, pero debe presentarse la declaración de impuestos.
Y vendrán más impugnaciones por la reiterada intromisión de AMLO en la etapa de las campañas, prohibición clara establecida en la Constitución. El presidente ya debiera estar en la cárcel, pero la bancada de Morena lo protege en la Cámara de Diputados, no es posible retirarle el fuero constitucional y procesarlo penalmente; bueno, además del inepto de Alejandro Gertz Manero que nada hace al respecto, más específicamente la FEDE, por medio del fiscal especial. ¡Están dormidos!
Conforme a la aplicación de estricto Derecho, los magistrados tienen la obligación de confirmar el acuerdo tomado por el Consejo General del INE, negando la oportunidad a participar en las elecciones a los violadores de la ley, entre ellos a Félix Salgado Macedonio; e imponer una multa a Morena por incumplida, lo ha condensado el propio litigante. Así lo obliga la ley, no hay otra alternativa.
Si hacen lo contrario y revocan el acuerdo del INE, abrirán las puertas a la impunidad, será un claro anuncio de lo que podemos esperar en todos los resultados de las elecciones. Los magistrados dispuestos a torcer la ley para darle triunfos a Morena y desplazar el voto popular.
Eso sí será un peligro para el sistema democrático. Independientemente de las amenazas que pueda proferir AMLO, el ejemplo de independencia y libertad en la impartición de justicia, la están dando algunos jueces de distrito, como Juan Pablo Gómez Fierro, quien a pesar de las amenazas directas del presidente de la República, ha mantenido firme su criterio jurídico y conservar inviolable la Constitución. Mañana jueves empezaremos a conocer los criterios “jurídicos” de los magistrados del TEPJF.
