La Constitución plasma como derecho constitucional el derecho a votar y ser votado.

Con el paso del tiempo, la garantía al voto fue transformada en derecho humano, inalienable e intransferible.

El derecho al voto es secreto. Ninguna tercera persona puede obligar al elector a votar por opción distinta a la que decida el votante.

¡El voto no se vende!

Normas de naturaleza penal –Ley General en Materia de Delitos Electorales– sancionan con pena de cárcel a todo aquel que violente el libre derecho del votante a sufragar por quien desee. El violador de la ley penal puede ser funcionario público, funcionario de partido político, funcionario electoral, o simplemente, cualquier particular. Para todo aquel que violente la norma hay pena de prisión; si bien les va a los infractores, por la comisión de alguna otra conducta electoral prohibida, trae la destitución del cargo, multa e inhabilitación. Respetando la garantía de audiencia, por supuesto.

El ministerio público tiene la obligación de intervenir, aun de oficio, sin requerir denuncia. No perdamos de vista que el gobierno federal tiene el monopolio de la procuración de justicia de estos ilícitos por medio de la Fepade (FGR), a cargo de un funcionario morenista, quien está dispuesto a perseguir a los opositores, no así a sus compañeros de partido. Procuración de justicia parcial en materia de delitos electorales.

La tecnología digital ahora es utilizada para la comisión de un sinnúmero de delitos, entre ellos los de naturaleza electoral. La tecnología digital mal usada, un peligro en manos de los delincuentes. Pueden intervenir en la realización de fraudes cibernéticos, generar desconfianza e incertidumbre en los cómputos, alterar cifras desde lugares remotos.

Uno de los primeros atracos –ilícitos– de nuestra historia fue cometido por el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, hoy funcionario morenista, en las elecciones de 1988. Rudimentario entonces el sistema digital, primera vez utilizado en unas elecciones; no existían entonces los delitos electorales. Por medio de la Secretaría de Gobernación, que dirigía la Comisión Federal Electoral, se controlaban todos los procesos electorales federales. Primera vez que se informaba a la nación de los “conteos rápidos”. La ventaja en los números era para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano frente a Carlos Salinas de Gortari.

Dada la inexistencia de la tecnología digital actual, se les ocurrió una idea genial: “se cayó el sistema”, y dejó de fluir la información de los 300 distritos electorales. Una vez restablecido el sistema, los números eran diferentes: ganó Carlos Salinas de Gortari. La calificación de la elección, en manos de la Cámara de Diputados.

Todo es historia, pero puede repetirse y con mayor virulencia. Morena prepara el megafraude electoral digital.

Una de las acciones “modernas” en como hoy se lleva a cabo el fraude, se ejecuta por medio de la compra del voto. ¿Cómo?

Muy sencillo. Millones de personas electoras sin interés partidista alguno, tampoco compromiso con la democracia y la nación, pero necesitadas de dinero, venden su voto por 100, 200, 500 o mil pesos. Encontraron una forma por demás sencilla: tomar fotografía a la boleta sufragada por medio de teléfono digital y enviarla a la sede del control del fraude, encargada del pago.

La ley es omisa en cuanto a la permisibilidad o no de introducir un teléfono celular en la mampara en donde vota el ciudadano; este toma la fotografía, lo cual no está prohibido, y la envía al grupo de los fraudulentos. Después la paga por el voto o los reclamos.

Sin embargo, si hacemos extensiva la interpretación constitucional y legal en lo referente a la secrecía del voto, con la característica de ser intransferible, es entonces en que se concreta la violación a la norma; por lo tanto, se puede estar en presencia de la comisión de un delito. Para que el INE no se “lave las manos”, la solución es meramente administrativa.

Si el INE no quiere estar en esa tesitura, le resulta aun más sencillo tomar un acuerdo por medio del cual prohíba administrativamente la introducción de los teléfonos celulares a las mamparas de votación; de esta forma, la misma autoridad electoral preverá y estará evitando el megafraude que ya maquina el gobierno federal por medio de su movimiento político.

Ya en otros momentos se intentó la toma de este acuerdo y no faltó quien argumentara la violación de algún otro derecho. No será fácil, mas tampoco imposible. Habrá resistencia de los fraudulentos y delincuentes militantes que en su momento se resistan a dejar su teléfono fuera de la mampara de votación. La prohibición es simple: “no tomar fotografía a la boleta sufragada”. No se impedirá ni prohibirá al elector alguna otra acción que vulnere sus derechos.

Estamos a tiempo de impedir el megafraude electoral que planea el sistema gubernamental por medio de la compra masiva del voto a través de medios electrónicos.

Otro mecanismo del golpe que planea el mismo presidente, ya que su candidata no levanta en el ánimo de los electores.

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