En sesión plenaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de los magistrados dieron la razón al INE en tres distintos expedientes.
Las sentencias, sin lugar a dudas, vienen a fortalecer la confianza y profesionalismo de la institución que últimamente ha sido sistemáticamente golpeada por el máximo poder político en México.
En la primera de las ejecutorias, la Sala Superior ordena al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, la entrega de copia certificada de los cuatro expedientes relacionados con Odebrecht y OHL, generados a virtud de las denuncias presentadas por Morena y el PRD, en contra del PRI, del Verde Ecologista y Emilio Ricardo Lozoya Austin, a consecuencia del posible financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto por parte de las empresas.
Sistemáticamente, la fiscalía había negado la información bajo el pretexto de ser “información reservada”, información que también debe tener el INE, dada su facultad de fiscalizar y sancionar, en su caso, el uso indebido de dinero en las campañas políticas. Durante tres años, López Obrador ha manipulado a su antojo la información “reservada” en manos de la Fiscalía General de la República.
Segunda sentencia. Los magistrados asertivamente determinaron que el INE es la única autoridad competente para resolver lo relacionado con las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos, cuando estos quieren renunciar o devolver dinero de las prerrogativas.
Morena, aprovechando la pandemia hizo campaña política manipulando el “dinero de las prerrogativas” aseverando que donaría para que se utilizaran para vacunas. Uno, el dinero está etiquetado y no se puede utilizar para asuntos distintos a los político-electorales. Dos, Morena pidió al INE, le regresara dinero de las prerrogativas para hacer la “donación”, hecho que negó la autoridad electoral. Tercero, el dinero al que se renunció, se devuelve a la Secretaría de Hacienda. ¡Ah!, pero Mario Delgado quería la devolución de un dinero al que ya habían renunciado.
Este hecho fue develado anticipadamente. En el Pleno de la Cámara de Diputados (en comparecencia forzada) el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello, desnudó la mentira de Mario Delgado, dirigente de Morena. De ahí la supuesta indignación de los morenistas al haber sido exhibidos, dado que no donaron nada y utilizaron la denominación del dinero de las prerrogativas, para hacer campaña política.
Tercera ejecutoria. Morena presentó una queja en contra de la organización “Sí por México” por la presunta difusión en redes sociales de propaganda relacionada con el proceso de revocación de mandato, al considerar que tal organización hacía un llamado a la ciudadanía a no participar en el procedimiento. ¡Otro palo!
Al respecto, la Sala Especializada determinó la inexistencia de la infracción atribuida a Alonso Ernesto Cedeño Gutiérrez, responsable de las publicaciones en los perfiles de Facebook y Twitter a nombre de “Sí por México”, al estimar que se trató de la opinión o postura de un grupo de ciudadanos amparada en el derecho a la libertad de expresión, respecto del ejercicio del procedimiento de democracia directa. Con su mismo discurso de “libre expresión y democracia directa”, les negaron la razón.
Morena alegó, entre otras cuestiones, que (primera sentencia) la Sala Especializada omitió pronunciarse sobre la connotación negativa de las publicaciones, así como de la obstrucción que generó el mensaje en la etapa de recolección de firmas del aludido procedimiento. Los delincuentes hablando de justicia.
Así las cosas, la Sala Superior del TEPJF confirmó la determinación de la Sala Especializada. “Sí por México” no cometió infracción alguna. Argumentaron los magistrados que las publicaciones objeto de denuncia no impiden a la ciudadanía participar en el proceso de revocación de mandato, ya que solo se trata de la difusión de la opinión o postura de un grupo de ciudadanos sobre el ejercicio de participación directa. Cuando Morena y el mismo presidente de la República, son los que han abusado y cometido fraude tras fraude en este proceso de la “revocación de mandato”.
Conclusión. El Pleno de la Sala Superior consideró que la opinión de la organización “Sí por México” es legal. Por un lado, se presume que las publicaciones denunciadas fueron espontáneas, y por el otro, la normativa reconoce que la ciudadanía, de manera colectiva o individual, puede dar a conocer su posicionamiento a través de los medios que tenga a su alcance, bajo el amparo de la libre expresión de ideas. ¿Pensaron los morenistas que solo ellos pueden ejercer ese derecho y trastocarlo a su antojo? Esta vez sí fue: ¡Palo tras palo!
