El gobierno federal es la mayor administración pública del país, miles de empleados de desempeñan a lo largo y ancho del país. En tiempos de Vicente Fox se creó la Ley del Servicio Profesional de la Administración Pública Federal, publicada el 10 de abril de 2003, con la finalidad de profesionalizar el servicio público, evitar contratar personal improvisado.

Contrario a lo establecido por la ley en comento, el presidente López Obrador omite su cumplimiento. Su criterio de contratación se basa en un 10 por ciento de conocimiento. Razón por la cual puede entenderse el fracaso de su administración desde que iniciara. No han cesado los cambios y renuncias en la administración pública, sea por cualquier razón unos dejan el servicio, otros son despedidos y muchos son cambiados de adscripción.

El diagnóstico es claro: el presidente no sabe administrar, por lo tanto, tampoco conocer el arte de gobernar bien. Él mismo menospreció el conocimiento al afirmar que no “tenía ningún chiste gobernar”. Y así ha ido destruyendo al país en sus tres años de gobierno; se rodea de lealtad ciega, como lo dijeran Germán Martínez y Jaime Cárdenas Gracia, al abandonar sus empleos. Ni floreros ni lealtad ciega. En tanto AMLO prefiere la lealtad y los floreros, aunque sean realmente neófitos en la materia.

Ayer martes volvió a la cargada el presidente López, repitió la misma dosis, removió a cinco personas de sus cargos. Obvia la respuesta, no han sido capaces en su trabajo, les ha faltado la profesionalización que exige la ley de la materia. Podrán justificar que la ley no aplica al personal de confianza, cierto, pero sí se actualizan los criterios de contratación; tres años de experimentos.

Rogelio Jiménez Pons, quien presumía unos días antes los nuevos cambios al trazo de la ruta del Tren Maya, hecho que comentamos en esta columna, resulta que fue enviado a una de las subsecretarías de Comunicaciones y Transportes. Prueba irrefutable, Jiménez no pudo con la obra y sus problemas adyacentes y Javier May Rodríguez en adelante se hará cargo de la obra, permuta su cargo de secretario de Bienestar por el de director de Fonatur. Este tampoco dio resultado en la secretaría consentida, la cual se caracteriza por derrochar presupuesto, esa dependencia en la que desaparecen los apoyos del programa “Sembrando Vida”. Más de 4 mil 500 millones de pesos de los beneficiarios están perdidos. Pero el plus consiste en que ambos gozan de la amistad de AMLO.

Carlos Morán Moguel, quien deja la subsecretaría que ya ocupa May, es el nuevo director del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Enfrentará los enormes problemas del espacio aéreo que generará el tráfico simultáneo del aeropuerto de Santa Lucía, Toluca y el AICM (cinco tristes pistas entre los tres aeropuertos) el cual pretende ser inaugurado el 21 de marzo próximo, según promesa del presidente. De hecho, el caos ya existe, muchos vuelos se retrasan por la pésima planificación, no avalada por el Centro de Desarrollo Aeronáutico, MITRE. Aún así ya fue publicada en el Diario Oficial la nueva cartografía aérea.

Con la finalidad de “generar confianza”, el gobierno federal argumentó que tuvieron la participación de las líneas aéreas nacionales e internacionales; la Fuerza Aérea Mexicana; la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); la Asociación Internacional de transporte Aéreo (IATA); la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos (FAA); el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM); el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo (Coctam); la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA); la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero); y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en su calidad de autoridad rectora. Mas nada demostraron con documentos que hiciera creíble el aval de las organizaciones antes referidas. MITRE asesora a más de 50 aeropuertos internacionales, la empresa no dio su aprobación.

María del Rocío Pérez García ahora ocupa una subsecretaría en Bienestar. Experiencia laboral como secretaria taquimecanógrafa, telefonista y auxiliar en área administrativa en una institución académica. Dejó la dirección del DIF. La señora se dio a conocer por el descuento del 2 al 4% del salario a personal que labora en el DIF, en donde se inscriben mil 2 empleos; alguien calculó el monto de los descuentos y ascendía a la nada despreciable suma de 7 millones, 900 mil pesos anuales. Le iniciaron carpeta de investigación y AMLO la premia con una subsecretaría.

Ariadna Montiel Reyes estrena la Secretaría de Bienestar, mientras a May lo degradan a director. Montiel pasó de subsecretaria a secretaria; de profesión arquitecta, se ha desempeñado más en el ámbito político como legisladora, integrante de Morena, exlegisladora en varias ocasiones. Se presume que AMLO pretende reforzar la “experiencia” política en “Bienestar”, brazo económico de los programas “sociales”, secretaría que se caracteriza por regalar y robar dinero a manos llenas.

Así da inicio AMLO el segundo periodo de su mandato constitucional, privilegiando la lealtad a la capacidad. ¿Y la ley del Servicio Profesional? Solo sirve de adorno. Empieza el declive del gobierno, por esa razón apuntala su administración con amigos y amigas de su partido. Deja en claro que los cambios han sido un fracaso en la selección profesional del personal.

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