El INE volvió a sancionar al presidente López Obrador, por entrometerse, nuevamente, en el proceso electoral federal. Bajo la trivialidad de que: “lo volvieron a cepillar” para acallarlo, se viola su derecho a la libre opinión.

Definitivamente AMLO no quiere entender que no es lo mismo ser un simple ciudadano sin cargo público, que el poderoso presidente de la República. Abusando quiere asumir ambos papeles. Gozar de libre ejercicio de los derechos de cualquier ciudadano, violando descaradamente la Constitución; a su vez, ejercer abusivamente el cargo de presidente.

La Comisión de Quejas y Denuncias, lo volvió a sancionar por violar diversas disposiciones legales y le ordenan “bajar” de las redes sociales la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova; aprovechando la “entrevista pagada”, la dedicó a la candidata de su partido, habló sobre los logros de su mentada transformación. Clara y directa violación al artículo 134 constitucional y otras normas electorales. Al “señor” lo entrevistan por ser presidente, no ciudadano; mientras que AMLO, desde la comodidad de Palacio Nacional, quiere el respeto a sus derechos ciudadanos. Vaya aberración presidencial.

Y, como no le agradó que lo “callen”, aprovechó la liturgia mañanera para quejarse como presidente y como ciudadano. El abuso es más que vidente de López Obrador. Juega y manipula las palabras con su aparente ignorancia e induce a interpretaciones erróneas de sus fieles seguidores para que, una vez más, sea la víctima y no el victimario de quebrantar la Constitución.

El mal ya está hecho y bien lo sabe, la entrevista se difundió nacional y mundialmente por distintos medios, tanto digitales, como impresos, radiofónicos y televisivos; se pagó la entrevista con dinero del erario, no del bolsillo salarial de López Obrador. Y se queja cual dolido ciudadano; su trillada frase: “me cepillaron”.

Rampante cinismo de López. Dijo, entre tanta “burrada”: “Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial (se inventa dichos que no existen), no es así, mientras no te notifiquen”. Ahonda en el cinismo que le caracteriza al haber agregado en su alocución que: “fue buena entrevista la conversación que tuvo con la periodista Inna Afinogenova, la cual se ha visto mucho en México y en España, y en la que compartió muchos temas de importancia, por lo que, (frase trillada) éste es un acto de censura”. De abuso pasa a ser acto de censura, de ahí la dolosa manipulación de la verdad legal.

Luego agregaría: “Hablamos de lo que me pregunta, y ahora resulta que quieren que la baje... censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mi y a ella no la censuran, la trajo el bloque conservador”. Inconcebible lo afirmado por AMLO. Se refirió a la diputada española, Cayetana Álvarez, quien disertó en una universidad poblana durante una conferencia; la conferencista fue cuidadosa al no mencionar al presidente para nada. Y López se pretende asemejar a la conferencista. No cabe duda de la perversidad y mala fe de Andrés López.

Otra ejecutoria plausible de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió un juicio de amparo indirecto promovido por una empresa productora de cine en contra de la aprobación y expedición del decreto de 6 de noviembre de 2020, por el que reformaron los artículos 33 al 38 de la Ley Federal de Cinematografía y determinó la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Poco le duró el gusto a López.

La empresa amparista afirmó que la derogación del fideicomiso referido implicaba un perjuicio a los derechos a la participación cultural, a la libertad de expresión y suponía una violación al principio de no regresividad de los derechos humanos. Un juez de Distrito sobreseyó en parte el juicio y negó la protección constitucional solicitada. La parte quejosa interpuso el recurso de revisión, que fue remitido a la Suprema Corte por el Tribunal Colegiado, ante la existencia de un tema de constitucionalidad. Y pues, que le tumban al presidente su apócrifo decreto.

Algunas de las razones fundamentales de la ejecutoria de la Sala. Asientan que, la luz de la doctrina de la protección más amplia para la libertad de expresión, en la que se reconoce a las manifestaciones artísticas como una dimensión especial del contenido de este derecho, además de su carácter como parte de los derechos culturales; y dadas las obligaciones impuestas por el parámetro constitucional de progresividad y protección a los derechos humanos, determinó que el decreto impugnado constituye una violación a los derechos de participación cultural y libre manifestación de ideas. Lo anterior implicó un acto legislativo con un retroceso no justificado respecto al estado de las cosas con el que los individuos ya gozaban de un nivel más alto de satisfacción a través de medidas positivas a cargo del Estado, por lo que es inconstitucional. Dirían los jóvenes ¡Tómala López!

Además, con la eliminación del Fidecine, existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural y de libre manifestación de ideas. Las razones dadas por el Poder Legislativo –utilización de recursos para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2 (Covid-19) y existencia de supuesta opacidad en el uso de recursos– para eliminar el Fidecine (y múltiples fideicomisos de manera simultánea) son vagas y carecen de una fundamentación puntual dedicada a justificar por qué específicamente el fideicomiso, con sus garantías de ley, debía extinguirse. De tal manera, dijeron los ministros, no demostraron que existiera un mal manejo de los recursos que integran al Fidecine, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad. Cayó de golpe la retórica, la perorata, el desgastado discurso presidencial de 5 años: Supuesta opacidad y corrupción no probadas, imputadas a sus antecesores; so lo es discurso político para eliminar instituciones y robarse los recursos públicos.

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