En franca rebeldía hacia las resoluciones judiciales, tanto diputados federales, como senadores y el mismo presidente de la República. Desacatan las ordenes emanadas de expedientes judiciales. Franco rompimiento del Estado de Derecho.
Si las mismas autoridades, obligadas a cumplir los acuerdos derivados de órdenes judiciales no las acatan ¿Qué se puede esperar de la seguridad jurídica en el país? Por esa razón, las inversiones extranjeras quedaron pausadas, desconfían de las actitudes de las autoridades y sus reformas constitucionales que avizoran total incertidumbre en el cumplimiento de la ley y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Durante la semana que termina, se han presentado más impugnaciones en contra de las arbitrarias reformas. Ciudadanos del estado de Michoacán, promovieron juicio de amparo para anular el voto de la senadora –traidora– de ese estado, quien obtuvo el triunfo por medio de la alianza PAN, PRI y PRD, la cual defraudó a miles de michoacanos que votaron por ella el pasado 2 de junio, misma que traicionó el voto popular al haberse cambiado de partido, el cual no ganó las elecciones y dio el voto en favor de la reforma. Sumamente razonable la interposición del juicio de amparo en contra del fraude electoral –que seguido cometen los políticos–.
Será una verdadera novedad lo que llegue a resolver la autoridad judicial federal. Claro, los amparistas solicitan se suspenda el acto de promulgación y publicación de la reforma constitucional hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Una vez más, el presidente desoirá lo que resuelva la autoridad judicial.
Otros ciudadanos han promovido sendos juicios de amparo, dado que la reforma lesiona sus Derechos Humanos. Se han concedido suspensiones y no hacen caso a ellas. Por supuesto que son actos que conllevan diversas consecuencias jurídicas y poco les ha importado, como al delincuente de Ricardo Monreal, quien se buró al señalar que los actos que ellos realizaron habían sido consumados, luego entonces, ya la autoridad no podía hacer nada, si acaso, sancionarlos. Así de irreverentes frente a las resoluciones judiciales.
Estamos en presencia de un serio y trascendente conflicto entre poderes públicos y no hay un tercero que resuelva. Desobediencia de los entes públicos a cumplir con el Estado de Derecho que les mandata la misma Constitución. Nunca antes una división y quebrantamiento institucional entre Poderes que genera una severa crisis.
AMLO y sus legisladores apuestan a la salida –despedidos o corridos por decreto– de los cientos de empleados judiciales. Por ello no acatan las resoluciones. Dejó de existir colaboración entre poderes, han roto en principio que les obliga la norma constitucional. Parece que a la mayoría de las y los mexicanos poco les importa que uno de los poderes públicos no pueda cumplir con sus obligaciones; les llenaron la cabeza de falsas ideas y solo atinan a pensar que deben ser despedidos para que “el pueblo” elija popularmente a las y los nuevos jueces ¡Democratizar la justicia! Vaya desparpajo.
La represión policial a cargo del Poder Ejecutivo se hizo presente en contra del personal que labora en el Poder Judicial.
Sin embargo, como nunca antes –en tiempos de paz– estamos frente a una severa crisis constitucional provocada por dos poder públicos, en contra de otro de ellos. Se terminó la colaboración entre poderes.
Y se avizora un mayor conflicto. AMLO no suspenderá la promulgación y publicación de las reformas. Otra acción ilegal que agrava la problemática judicial; franca confrontación de poder a poder.
El INE echó andar el proceso electoral. Solo falta que la autoridad judicial le ordene a esa institución no realizar acciones tendentes a la elección de jueces y juezas ¿Acatará la orden o también la incumplirá?
Y si la autoridad judicial ordena dar vista al ministerio público para que proceda en contra de aquellos que cayeron en la ilicitud, ese ministerio público seguramente también desoirá a la autoridad. Y así nos iremos quedando sin autoridades judiciales que impartan justicia. Es una posibilidad acorde a como se han desarrollado las cosas.
AMLO espera ver derrotados a las y los juristas para concretan su terrible plan y debilitar al poder que osó interponerse en su camino. La venganza personal trascendió a las instituciones hasta inhabilitarlas operativa y legalmente.
De esta manera, el presidente López Obrador, estará limpiando el camino para que no sea procesado por ningún delito una vez que deje el poder, en 15 días más.
El daño que ha causado AMLO a México, sus instituciones y a las y los mexicanos es de una envergadura inimaginable.
Hasta hoy no se ve por dónde se pueda resolver este delicado asunto. AMLO se resiste a cumplir la ley ¡Al diablo con sus instituciones! ¡No me salgan con que la ley es la ley! Cumplió con creses sus amenazas.
Deja un país desacreditado mundialmente. Sumado a la violencia que no pudo contener, todo por proteger a los cárteles mexicanos. De otros tantos problemas generados por la incapacidad y perversidad del presidente, será responsabilidad de Sheinbaum atenuarlos o agravarlos a partir del 1 de octubre.
