La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación al gobierno federal por violaciones a los derechos humanos cometidos por la Secretaría de Bienestar. La recomendación también se dirige al DIF nacional.
Derivado de las quejas presentadas por padres de familia y administradores de las estancias infantiles, a virtud de los recortes al presupuesto; ya no hay dinero público para las estancias infantiles, lo que obligó a los padres de familia a buscar alternativas de cuidado y atención de sus menores. De pronto 322 mil menores se quedaron sin cuidado y sin atención temprana.
El gobierno federal cambió las reglas del juego, en lugar de estancias infantiles, ahora obsequia 1,600 pesos bimestrales a cada padre de familia para que manden a sus hijos a la guardería de su elección o, como dijera el Dr. Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, que los cuiden los abuelos ¿Lo Recuerdan? Y López Obrador tuvo la desvergüenza de respaldarlo. De ese asunto comentamos.
En la queja 29/2019, la CNDH, emitió la recomendación, a instancia de los agraviados, partes que consideraron violados los derechos superiores de los niños, sus derechos humanos, al privarlos del derecho que el mismo gobierno había otorgado a miles de menores desde el sexenio de Felipe Calderón, de pronto les fueron arrebatados esos beneficios. Derechos humanos que fueron violentados por el gobierno federal, supuestamente a razón de la corrupción que había con el manejo de los dineros que se entregaba a las estancias infantiles (no hubo denuncia ni acusados); de suerte tal que el gobierno ahora da dinero a los padres de los menores cada bimestre, para que, con 800 pesos mensuales los padres que estudian o trabajan, lleven a sus hijos a donde les plazca o de plano se queden con esos dineros. Este es el fondo del asunto, violencia ejercida por el gobierno federal en agravio de los infantes.
Ya no sorprende a nadie la manera en que responden las autoridades a resoluciones que les incomodan, no están dispuestos a ser observados, mucho menos que se les critique, así sea por parte de autoridad judicial o, como en este caso, derivado de la recomendación que emitiera a finales de mayo la CNDH.
Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no son vinculatorias por sí mismas, solo son recomendaciones. Sin embargo, la misma Comisión tiene la obligación de notificar al superior jerárquico del obligado a cumplir la recomendación, en caso de resistencia; aún más, puede dar vista al Ministerio Público, si se trata de algún delito. De ahí que la autoridad, López Obrador y María Luisa Albores González, considere de “aberrante” la recomendación. A María Luisa no le importa la recomendación, por el contrario, la critica, mediatiza el asunto, como es costumbre del gobierno de la Cuarta Transformación.
La autoridad responsable de la violación de los derechos humanos, en lugar de responder con argumentos, soporte jurídico y pruebas, prefiere el denuesto a la CNDH; y ahonda, va más allá la rebelde autoridad, fustiga el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pretende evidenciarla por los asuntos de la guardería ABC, los 43, caso Tlatlaya, etc. Politiza la recomendación la Secretaria del Bienestar. Una total resistencia a cumplir con la recomendación por violaciones a los derechos humanos de los miles de menores. Inaudito desde cualquier punto de vista, inaceptable.
Más grave aún cuando el mismo Presidente de la República, considera como vergonzosa la recomendación y adelanta que no la cumplirá, ya que, de hacerlo violaría derechos humanos. “También es experto en derechos humanos el Presidente”. Así de aberrante y vergonzosa la declaración Andrés Manuel López, Presidente de la República; quien, recordemos, comprometió a su gobierno a no violaría derechos humanos y no se cansa de repetirlo. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador, es autoridad que determina quién sí o quién no es violador derechos humanos. Atribuciones metalegales. Facultades metaconstitucionales se arroga y adjudica el Presidente de la República.
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no le quedará más remedio que denunciar a la Fiscalía la probable comisión de delitos, pero Alejandro Gertz Manero, es subordinado de López Obrador, así que no prosperará acción legal alguna. O quedarse callado y aguantar la vergüenza a fin de no enfrentar la ira del Presidente de la República. Los interesados seguramente acudirán a instancias internacionales, tendrán que cruzar la frontera para reclamar justicia. Veremos si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es capaz de alzar la voz, o también callará, guardará silencio, se someterá a la voluntad, al autoritarismo del Presidente; recordemos que la CIDH es aliada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La actitud presidencial confirma, una vez más, la no aceptación al Estado de Derecho, su resistencia a dar cumplimiento a las resoluciones de autoridades. Vamos (¿o estamos?) directo al estado autoritario, despótico.
La actitud de rechazo a la recomendación que emitiera la CNDH, confirma el desprecio de López Obrador, por esa y muchas otras instituciones. Andrés Manuel López Obrador, quiere autoridades a modo, que se plieguen a sus caprichos, lacayos. Por eso el interés del Presidente de minar las facultades del Poder Judicial. Peligrosamente estamos en presencia de la figura del autoritarismo sin restricción, a tiempo de frenar más abusos. El contrapeso legal está en manos de las autoridades, estas deben frenar y defender el Estado de Derecho, antes de sucumbir bajo la “bota” de la intolerancia.
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