La oposición, organismos no gubernamentales, diputados, senadores, comisiones de derechos humanos, municipios y otros han promovido la acción de inconstitucionalidad, en contra de la Ley de Seguridad Interna; cada quien tiene sus propios argumentos, lo cierto que este puñado de inconformes no tiene razón jurídica en lo general, tal vez en alguna particularidad pueda ser mejorada la ley vigente que hoy día no se aplica por “orden presidencial”, más bien parecen opiniones de carácter político, las cuales no prosperarán ante los criterios rigurosos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que entren al análisis de cada una de las acciones; un ejemplo de esto que comento es Marko Cortés –coordinador de la bancada de diputados panista-, quien no es capaz de identificar las diferencias entre procuración e impartición de justicia, pero se luce mostrando más de 100 firmas que avalaron la acción de inconstitucionalidad. Ayer lunes 22 venció el plazo que la Ley de Amparo concede para interponer la acción de inconstitucionalidad.
Por lo pronto con ley o sin ley de seguridad interna, la presencia del ejército mexicano, la marina y demás fuerzas federales es agradecida por gobernantes de todos los partidos políticos, sean perredistas, panista, verde ecologista o priistas; todos requieren del apoyo de esas fuerzas de seguridad para contener, que no eliminar, la ola de violencia que genera la delincuencia organizada; ciudadanos comunes también apoyan la presencia de las fuerzas del ejército en sus estados, dado que desconfían de las policías municipales y estatales o que carecen de la presencia policial. Hasta el “contreras” de Amlo está de acuerdo con el mando único de las fuerzas armadas y policiales, al considerar que esa atribución ya está en la Constitución. Aunque su forma de operar –propone- sería distinta, él dice que el fuego no se combare con fuego, no más violencia con violencia y por medio del mando único él así gobernará, integrará una guardia nacional, unirá a todas las fuerzas federales por medio de la unidad de 300 mil elementos del ejército, la marina, más las policías estatales y municipales. Ah, pero –también dijo- él nunca dará la orden de atacar a la población; que ordenará investigar la desaparición de los 43. El señor es un “galimatías jurídico”, pero tiene la leve idea de cómo deben operar las fuerzas armadas para la protección de la seguridad interior de la población. Así las cosas, también hay un presidente municipal –en Puebla- que se inconformó debido a que les quitan el mando de la fuerza policial municipal por medio de la Ley de Seguridad Interior.
Será mucho muy interesante el tratamiento que le den los Ministros a los diversos argumentos que justifican las acciones de inconstitucionalidad y la verdad jurídica de los peritos en derecho, de los doctos en la materia. Por lo pronto, todo el asunto ha sido totalmente mediático y aprovechado por los medios que ante la ignorancia muchos de ellos desinforman; la oposición se opone por sistema, las comisiones de derechos humanos también le han entrado al juego de la política hace mucho tiempo y con verdaderas tendencias de izquierda, ahí está como ejemplo Emilio Álvarez Icaza, que trabajó para la Comisión de Derechos Humanos del DF, en la ONU y hoy es pro activista de cualquier evento en contra del gobierno priista, según él, sigue defendiendo los derechos humanos. El Consejo Consultivo del INAI, también se sumó a la cargada. Solo faltó que se sumara el rijoso actorcillo de Diego Luna, quien por medio de vituperios manifestó estar en contra de la Ley, precisamente cuando los legisladores aprobaron la Ley, mas no dio argumento jurídico alguno; pero él se manifestó en contra, el “chiste” era estar en contra del sistema establecido ¿Se imagina si prosperan las acciones de inconstitucionalidad? Diría ¡Se los advertí!
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a pesar de que sancionó, promulgó y publicó la Ley, responsablemente dijo que no la aplicaría en sus términos hasta en tanto no resolvieran los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que estuviera en sus manos el asunto de la acción de inconstitucionalidad. Vencido el plazo que la Ley de Amparo establece para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, el juicio dará inicio, habrá acumulación de expedientes. Ahora solo queda esperar los argumentos de los peritos en derecho, los políticos ya agotaron su intervención en el juicio de la historia.
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