El tema de la subrogación, que implica que el gobierno estatal contratará a abogados particulares para que participen como defensores en la función pública, es un tema de justicia social, afirmó el Presidente del Colegio de Abogados Litigantes, Calixto de Santiago Silva.
Al asistir al “Foro de Consulta Ciudadana del Proyecto Cosmos, Institución de la Defensa Penal Pública”, que se realizó la mañana de este jueves en conocido hotel de la ciudad, el dirigente de los Abogados manifestó que “esta subrogación, implica la certificación obligatoria, nos obliga a los abogados a una capacitación constante, es un tema no sólo generacional sino de pensamiento”.
“Los abogados debemos adecuarnos a los tiempos de la nueva justicia que existe en el país, regresar a estudiar, porque todo el andamiaje jurídico que existe, ya no es el mismo andamiaje jurídico con el cual nosotros iniciamos nuestra carrera”.
Para ello dijo que debería comenzarse con los medios alternos de solución de conflictos, “donde se logre bajar la incidencia y lograr que sólo el 30 por ciento de los casos lleguen a juicio, con ello despresurizar a todas las instancias gubernamentales para tener la oportunidad de que esto realmente funcione”.
Este foro, presidido por el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, contó con la presencia del Procurador General de Justicia del Estado, Alejandro Echevarría Cornejo; el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres; la Presidenta Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo Garfias y el Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura, Eric Salas González.
El Secretario de Gobierno Estatal, presentó los requisitos para la Subrogación de la Defensoría Pública: “el esquema básico de capacitación serán: evaluación curricular para el ingreso, curso-taller de 100 horas, modular especializado, grupos de 20 alumnos, certificado con valor curricular, certificación por el Instituto de Capacitación y Estudios de Seguridad del Estado de Querétaro (ICESEQ), validado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)”.
Juan Martín Granados también anunció que la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, estará integrada por académicos de facultades de derecho y asociaciones; como Presidente fungirá el Gobernador del Estado, un representante del Poder Judicial, un representante de la Legislatura, tres de las facultades de derecho, tres de colegios y barras de abogados y un secretario técnico.
Calixto de Santiago, reiteró la disposición del Colegio de Abogados Litigantes de apoyar estas acciones, y además informó que ya se trabaja de la mano de los legisladores, en las modificaciones a la Ley de Arancel, acorde al nuevo Sistema Penal Acusatorio y “una modificación completamente a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, y a la Ley Orgánica del Tribunal, para que la remuneración económica de la subrogación de la defensa pública sea viable para el Estado y el abogado litigante”.
En este foro participaron directores de las facultades de derecho de las universidades Anáhuac, Cuauhtémoc, Univa, del Valle de México, de Londres y la Universidad Autónoma de Querétaro, así como presidentes barras y colegios de abogados.
