Todas y todos los candidatos en campaña desde el pasado 5 de abril, cumplieron “religiosamente” con los requisitos establecidos por las leyes electorales; los partidos políticos entregaron sus plataformas electorales y convenios de coalición.
Constitucional, legal y procesalmente cumplieron con lo establecido por las normas de la materia. Sin embargo la presión sobre la corrupción existente en el medio político -tomado de la mano de algunos sectores empresariales- ha hecho que muchos de los candidatos se sujeten al cumplimiento de obligaciones extralegales. Se han sumado organismos empresariales y se han formado otros más para exigir a los candidatos la entrega de exámenes toxicológicos, de confianza, patrimonial, fiscal, de conflicto de intereses y todo aquello que se le ocurre. Nada es legal, pero la “demanda social” los presiona.
¿Porqué no pedir a los organizados demandantes que ellos también cumplan con los requisitos que piden a los candidatos, a fin de estar en igualdad de condiciones? Digo, total, no es obligación legal. Buscan subirse a la orla de la transparencia, dado que nuestro País –todos-, según datos de Transparencia Internacional, logra la lastimosa calificación de 3.7, de 10.00. O que decir del índice Internacional de Impunidad -de la ONU- que nos ubica en el lugar número 2 de 59 países. Nadie se escapa de la duda razonable de estar inmerso en la corrupción, según estos datos.
Se habla de infinidad de organizaciones no gubernamentales unidas en el mismo fin: pretenden que candidatas y candidatos muestren sus “virtudes humanas y civiles”. Las legales ya fueron cubiertas ante los organismos electorales. Hay quienes también demandan la prueba del polígrafo para saber si son o no honestos con lo que dicen y lo que hacen. Los demandantes atraen los reflectores para que, candidatas y candidatos, cumplan con las “ocurrencias” –bien recibidas por muchos- de los organizadores. Celia Maya García, no aceptó presiones extralegales.
Otros ya cumplen con las demandas de las ONGs y es que resulta indispensable ganarse la confianza de estos ciudadanos y ciudadanas que pretenden juzgar sin ser juzgados. Es tiempo de subirse a la ola de las demandas sociales en busca de eliminar la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro País. Estas organizaciones obligan a candidatos a suscribir agendas ¿Acaso no es esto presión o conflicto de intereses? ¡Si ganas te obligas a cumplir este o aquel compromiso suscrito con las ONGs!
Seguramente desconocen los promotores de la honestidad que cada candidato de partido político, tiene una plataforma electoral y se obligan a cumplir en caso de obtener el triunfo ¡Las y los candidatos sustentan sus campañas en las plataformas electorales! Y los compromisos que realicen durante las campañas se acompasan con esas plataformas. Por eso –cito ejemplo- el PAN nunca se obliga a legislar sobre matrimonios entre personas del mismo sexo: su plataforma lo prohíbe. Tiempos de demandar transparencia y honestidad, aunque nada exijan de gobernanza ¿Y quién califica a los calificadores?
