Apenas analizamos el día de ayer las razones jurídicas que inducen al Presidente de la República a la presentación de la iniciativa de ley para reformar el artículo 4° Constitucional, basada fundamentalmente en la no discriminación y respeto a los derechos humanos, cuando el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, afirmó que siempre sí entrarán al estudio sobre la reforma al Código Civil.
Sin embargo, Eric Salas González, de extracción panista y Presidente de la Mesa Directiva, argumenta que realizarán una “especie de consulta ciudadana” para ver qué opinan sobre las “bodas gay”. Salas dijo que no emitirá una postura personal, que su tarea es tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Lo cual por supuesto no es cierto.
También comentó que: “Más que matrimonio igualitario, nosotros le llamamos uniones igualitarias, de decisiones personales de un mismo género, pero nosotros lo que queremos determinar es qué nos dice la ciudadanía, escuchar los que están a favor y en contra. Si es un mandato que el presidente Peña va a obligar, lavándose las manos y sale en su mayoría, no tenemos ningún impedimento de que salga aprobado en el estado, pero eso vamos a determinarlo”.
Las consideraciones del diputado están fuera de todo contexto jurídico, falta de respeto a los derechos humanos y clara discriminación. Sus aseveraciones encierran la discriminación, al pretender legislar, llegado el caso, sobre uniones igualitarias y no simplemente matrimonios. Los diputados deben conjuntar la mayor información y no cometer errores como el sucedido en el estado de Colima, en cuya legislación dividieron los matrimonios entre un hombre y una mujer y los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que llevó a la Corte a declarar inconstitucional la norma.
Los legisladores no deben someter a votación o a la búsqueda del apoyo popular como si se tratase de una elección. El respeto de los derechos humanos o la discriminación no están a votación ni gustos. En el supuesto que comentamos sería iluso preguntar a la ciudadanía si apoyan o no el respeto a los derechos humanos y que, una parte de la población sea discriminada por la ley. Sería aberrante someter estas preguntas a una “especie de consulta ciudadana”.
En la especie tampoco los legisladores están en libertad de votar a favor o en contra, de respetar los derechos humanos, las garantías individuales y la no discriminación. Estos derechos universales no están a votación, se deben respetar, sobre todo por parte de la autoridad “legislativa”; tienen la obligación de hacerlo y no escudarse en que, harán una consulta a la ciudadanía y que cada legislador está en libertad de votar como quiera. Craso error.
Los legisladores deben leer con detenimiento la recomendación general número 23 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aprenderse de memoria la tesis jurisprudencial 43/2017, ambos documentos emitidos en año anterior. Ahí encontrarán la fuente de información que les permita conocer algo de los derechos humanos y la no discriminación.
En el caso, la iniciativa presentada por el PRD, habría que analizarla para verificar si está bien fundamentada para su procedencia, en el supuesto de no ser así, los legisladores pueden hacerle las mejoras necesarias. Y nada de esperar a que la iniciativa presidencial se apruebe, la recomendación está hecha a los diputados, muchos menos justificarse con lavarse las manos; la obligación del legislador es respetar los derechos humanos y no discriminar por medio de la ley. Así de simple es el derecho y aun los ignorantes del derecho deben hacerlo. El gobernador ya les advirtió, si no lo hacen, él lo hará ante la omisión legislativa.
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