El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, informó que México aceptará la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (Comité CED) y que incluso ya se tiene comunicación con esa instancia de las Naciones Unidas.
“Estamos ya en el proceso de preparar a las instituciones para aceptarlo. Es más, ya hemos tenido comunicación con la ONU. Se va a hacer la invitación para que nos visite este mismo año y estamos afinando los detalles para que se haga el anuncio oficial de reconocimiento de la competencia”, detalló en rueda de prensa.
Lo anterior, toda vez que el reconocimiento de la competencia del referido Comité para casos individuales es un sentido y añejo reclamo de las organizaciones y colectivos integrado por familiares de las víctimas en el país, expuso el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre ellas, el reclamo de María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de los desaparecidos Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, quienes recurrieron al sistema judicial para obligar al Estado mexicano a que reconozca la competencia del comité en casos específicos como el de ellos.
Con la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, en 2010, México omitió reconocer el Artículo 31, que fue rechazado en 2018 durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Dicho artículo establece que “cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración”.
El 6 de febrero, la cancillería presentó un recurso de revisión contra la resolución del juez tercero de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que ordenaba a la dependencia a definir, en 60 días naturales, la aceptación de la competencia sobre casos individuales del referido Comité de las Naciones Unidas.
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