Funcionarios del primero al cuarto nivel, encabezados por el expresidente Enrique Peña Nieto, fueron los cómplices y artífices de la trama que desvió millonarios recursos por los que está encarcelada Rosario Robles Berlanga, la única mujer relacionada con el caso, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
La cadena de responsabilidad ante el desfalco se rompió con Robles Berlanga, pero la red de complicidades está formada por hombres, el propio Peña Nieto, además de secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, directores, jefes de oficina, todos participaron de una u otra forma en la llamada “Estafa Maestra”, señaló el portal Animal Político.
También estarían involucrados rectores de siete universidades públicas y un instituto técnico, quienes accedieron a subcontratar servicios solicitados por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a precios inflados, o reportaron trabajos que no se realizaron.
El exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, dijo a El Universal que sostuvo cinco reuniones con Peña Nieto para explicarle lo que estaba sucediendo con las universidades. “Están abusando del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones”, le dijo. Él sólo tomó nota, no evitó el desfalco, señaló.
En la trama, las universidades sirvieron de intermediarias y los recursos desfalcados terminaron en 144 empresas fantasma, creadas ex profeso, y que fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En la lista de funcionarios involucrados publicada por Animal Político destacan siete secretarios de Estado, entre ellos el excandidato priista, José Antonio Meade, quien se desempeñó durante la administración de Peña Nieto como secretario de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
También se mencionan Emilio Chuayffet, exsecretario de Educación; Luis Enrique Miranda Nava, de Desarrollo Social; Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes; José Calzada Rovirosa y Enrique Martínez, exsecretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como Ildefonso Guajardo, de Economía; todos parte del primer cuadro presidencial.
Le siguen José Reyes Baeza, exdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Alfredo del Mazo, exdirector del Banco Nacional de Obras (Banobras); Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos; Alfredo Llorente, del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
Ramón Sosamontes, exjefe de Oficina, muy cercano a Robles Berlanga en su paso por las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; así como Emilio Zebadúa, oficial mayor de ambas dependencias cuando la exfuncionaria estaba a cargo.
En la trama surgen los nombres de Enrique Sánchez Cruz, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Registro Agrario Nacional.
También hay rectores como José Manuel Piña Gutiérrez, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Eduardo Gasca Pliego y Jorge Olvera García, de la Autónoma del Estado de México; José Antonio Ruz Hernández, de la Autónoma del Carmen.
Alejandro Vera Jiménez, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como Querubín Fernández Quintana, de la Universidad Popular de la Chontalpa.
Además, Arquímedes García Alcocer, de la Universidad Politécnica del Golfo de México; Manuel Quintero Quintero, del Instituto Técnico Superior de Comalcalco, y Fernando Calzada Falcón, de la Universidad Tecnológica de Tabasco.
Los que no hicieron nada para frenar la estafa
Entre los funcionarios de la administración peñista que habrían conocido la trama millonaria y que no hicieron nada por detenerla, figuran Julián Olivas, Virgilio Andrade y Arely Gómez, extitulares de la Función Pública.
El Poder Legislativo no estaba al margen de lo que sucedía, los diputados de esa legislatura habrían tenido conocimiento del desvío, como Luis Maldonado, expresidente de la Comisión de Vigilancia, quien ya falleció, así como el coordinador de los priistas, César Camacho Quiroz.
El que se negó a participar
Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), declaró que se negó a participar en el esquema de desvío de recursos públicos que le propuso Rosario Robles, cuando esta era titular de la Sedatu.
Fraude transexenal
El esquema de desvío millonario de recursos públicos habrían comenzado desde el gobierno de Felipe Calderón, con las adquisiciones para la celebración del Bicentenario de la Independencia y la construcción de la Estela de Luz, apodada popularmente “Estafa de Luz”.
Ese mecanismo de ocultamiento de recursos públicos mediante empresas fantasma lo habría heredado Peña Nieto, y Robles Berlanga está acusada de tener participación directa, razón por la cual se encuentra recluída en el penal de Santa Martha Acatitla.
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