La diputada federal Sonia Rocha Acosta participó en la primera mesa de las comparecencias públicas que se abrieron este martes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para analizar la creación de la Guardia Nacional, bajo el tópico de “Seguridad Ciudadana en los Estados”, en donde participó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.
Tras la intervención del mandatario estatal en el micrófono, la legisladora encontró concordancia en la importancia de que el nuevo organismo de seguridad que pretende crear el nuevo gobierno federal, atienda las problemáticas y emergencias en materia de seguridad que presenta cada estado del país de manera particular, ya que, dijo, hay gobiernos que sí están haciendo su tarea.
Como lo expresó Domínguez Servién, la legisladora ha hecho hincapié durante sus intervenciones en la máxima tribuna del Congreso de la Unión sobre la importancia de que se realice un análisis a detalle para delinear los reglamentos y características que deberá tener la Guardia Nacional, ya que es imposible que exista una estrategia generalizada, sin ver los detalles que se viven en cada estado.
La legisladora aseguró que esta solicitud se apega al artículo 21 de la Constitución Política de México que a la letra dice: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.
Además, respaldó la postura del gobernador Domínguez Servién, la cual ya ha sido señalada en otras ocasiones por Acción Nacional para que la Guardia Nacional tenga un mando de carácter civil, con el fin de apegarse a la norma constitucional y de lograr con ello que su actuar garantice el respeto a los derechos humanos.
“La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública”, dice la Carta Magna.
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