Un juez español reabrió hoy la investigación por lavado de dinero a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, ante las revelaciones realizadas por dos testigos a la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que Moreira blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Audiencia Nacional española.
Pese a ello, los fiscales del caso continuaron investigando y recientemente recabaron el testimonio de dos personas residentes en Texas, quienes aportaron más datos sobre las presuntas actividades de blanqueo de Moreira, que tras ser detenido en España el 15 de enero de 2016 quedó poco después en libertad al archivarse la causa.
Pedraz archivó la causa contra Moreira después de que este justificara la procedencia de los 200 mil euros que se le atribuye haber blanqueado en España, dinero que alegó haber obtenido de sus retribuciones en México.
Entendía además que la Justicia española no era competente para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos ni veía base alguna para apreciar que Moreira perteneciese a una organización criminal.
La Fiscalía Anticorrupción basaba ya entonces algunas de sus acusaciones en las declaraciones que hicieron varios testigos al magistrado español en San Antonio (Texas), adonde se trasladó Pedraz en dos ocasiones para recabar de la justicia norteamericana información sobre el expresidente del PRI.
Algunos de esos testigos afirmaron que Moreira se había reunido con líderes del grupo de narcotráfico mexicano Los Zetas, algo que el juez español descartó.
También se le relacionó con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como “blanqueadores” de dinero para cárteles de la droga de aquel país.
Humberto Moreira ostentó la presidencia del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó al verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.
En 2013, se conoció que residía en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, supuestamente a manos de presuntos miembros de Los Zetas.
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