Hoy día está de moda la transparencia y la fiscalización de los dineros púbicos. Todos se vuelcan para que haya transparencia, pero ¿Quién fiscaliza o transparenta a los órganos responsables de esta labor? ¡Ellos mismos! ¿Y los empresarios no debieran también rendir su 3 de 3?
No parece justo que en tiempos en que hasta los empresarios exigen transparencia con su 3 de 3, ellos tampoco tengan ninguna regla para transparentar sus ingresos y egresos; la clase empresarial también debe sumarse a esta demanda y exigencia. No siempre son los redentores de la transparencia; ahí está el ejemplo mundial de #PanamaPapers, entre políticos, empresarios, artistas y demás buscando cómo esconder grandes fortunas para evadir el pago de impuestos.
Así están tanto a nivel federal como en los estados con aquello de la autonomía los organismos responsables de la fiscalización y de la transparencia. Ellos mismo se califican, se autorizan y se aprueban ingresos y egresos o la transparencia de sus actos.
Podrá justificarse que, como los órganos fiscalizadores son de carácter técnico y dependen de las legislaturas, pues éstas son quienes autorizan y fiscalizan los dineros que les son aprobados. Pero ¿Usted puede creer que los diputados van a revisar las cuentas públicas del órgano fiscalizador y sancionar, en su caso? ¿Claro que no!
Les resultaría contraproducente, pues la fiscalización vendría de regreso hacia las mismas legislaturas y las observaciones que regularmente son muchas, se evidenciarían. Tal es el ejemplo cuando la Legislatura LVII no autorizó el incremento salarial a los empleados, violentando no solo el contrato colectivo de los trabajadores del estado, también muchos decretos en los que se establece la jubilación dinámica. Sin responsabilidades las partes y los empleados se quedaron sin incremento salarial ese año. Los diputados no fueron observados. Así que resulta mucho más civilizado que no haya problemas entre ellos y se auto aprueben sus cuentas públicas para nunca jamás recibir observaciones.
Lo mismo sucede con el órgano de transparencia, quien observa, señala y califica a los entes que incumplen con la transparencia ¿A este órgano quién lo califica en la medida de su propia transparencia? Vamos, apenas es capaza de emitir tibios señalamientos cuando observamos que la mayoría de las páginas de transparencia de los entes públicos “escamotean” la información pública. Ejemplo. Hay municipios que ya no suben a sus portales las plantillas laborales, las estructuras administrativas, muchos menos los salarios de los empleados. Esconden la información cuando otras administraciones sí lo hacen o lo hacían.
Y las débiles recomendaciones no sirven para nada, salvo que algún particular se queje. Hay enormes océanos –no lagunas- en la transparencia y rendición de cuentas; y no parece existir voluntad política para que prospere la demanda social de transparentar el uso de los dineros públicos.
Tan sencillo que es para los legisladores reformar las leyes, perfeccionarlas y dar nitidez y fuerza legal a la transparencia. Pero cuando no hay voluntad política, simple y llanamente las coas seguirán como hasta ahora, en donde no se avanza como en otras naciones mucho más cultas y democráticas.
Es tiempo de que los legisladores locales y federales luchen en verdad por una total transparencia sin subterfugios legales para generar intencionalmente océanos de impunidad ¡Todos a rendir cuentas y todos a la transparencia ¡Sin excepciones! La aplicación del dinero debe eficientarse y transparentarse.
