La presidenta del PRI en Querétaro fijó una postura firme frente a los plebiscitos aprobados en Cadereyta y la capital
Querétaro no puede darse el lujo de gastar millones de pesos en ejercicios que no resuelven los problemas reales de la gente, así lo afirmó Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y diputada federal, al fijar una postura firme frente a los plebiscitos aprobados recientemente y a la agenda política que se perfila para el 2026.
El pasado 30 de septiembre, los municipios de Cadereyta de Montes y Querétaro solicitaron formalmente la realización de plebiscitos. En Cadereyta, se pretende consultar si el servicio de agua potable y alcantarillado debe pasar de la Comisión Estatal de Aguas a un organismo municipal. En la capital, se busca preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con la construcción de un teleférico que conecte San José el Alto y Menchaca con el centro de la ciudad.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el dieciocho de diciembre el calendario y los presupuestos de ambos ejercicios. El plebiscito en Cadereyta se programó para el 22 de marzo de 2026, con un costo de 7 millones 936 mil 313 pesos. En Querétaro capital, la consulta se prevé para el 27 de abril de 2026, con un costo de 30 millones 584 mil 501 pesos. En ambos casos, los recursos saldrán directamente de las arcas municipales.
Abigail Arredondo Ramos fue contundente al señalar que, aunque el PRI siempre ha defendido la participación ciudadana y los mecanismos de consulta, no se puede normalizar el uso de plebiscitos como herramientas de propaganda política ni como pretexto para evadir responsabilidades de gobierno. Recordó que estos ejercicios no son vinculantes, por lo que, aun después de gastar casi cuarenta millones de pesos en conjunto, las autoridades no están obligadas a acatar el resultado.
“La pregunta es clara: ¿vale la pena gastar estos recursos cuando hay problemas urgentes sin resolver?”, cuestionó la dirigente estatal.
En el caso de Cadereyta, la presidenta del PRI en Querétaro señaló que esos casi ocho millones de pesos podrían destinarse a cerrar definitivamente conflictos laborales que durante años han afectado al municipio.
Recordó que recientemente se negoció con el sindicato la reducción de una deuda que ascendía a alrededor de 52 millones de pesos a menos de 5 millones, y advirtió que hoy sigue sin claridad cómo se garantizará la estabilidad financiera y laboral del ayuntamiento.
Además, criticó la falta de información sobre el estado real de las obras de rehabilitación de caminos, puentes y comunidades afectadas por las intensas lluvias de octubre. “La gente sigue esperando respuestas y soluciones, no consultas costosas”, afirmó.
Respecto a Querétaro capital, Abigail Arredondo Ramos subrayó que más de 30 millones de pesos podrían destinarse a resolver problemas cotidianos que afectan directamente a la ciudadanía. Recordó que en agosto se invirtieron 28 millones 400 mil pesos para reparar 10 mil 660 baches, lo que demuestra que con recursos similares se pueden atender de inmediato las principales vialidades de la ciudad.
También señaló que, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, con 10 millones de pesos se puede dar mantenimiento a 300 kilómetros de ciclovías y ampliar 11 kilómetros adicionales, lo que evidencia que existen alternativas más útiles y socialmente responsables para el uso del presupuesto público.
En este contexto, el PRI Querétaro exigió que los gobiernos municipales dejen de usar los recursos públicos para ejercicios que generan ruido político, pero pocos resultados reales, y que se concentren en atender las necesidades básicas de la población, especialmente en materia de infraestructura, servicios y movilidad.
De cara al 2026, la diputada federal advirtió sobre la reforma político-electoral que se prepara desde el oficialismo. Señaló que se trata de un intento claro por concentrar el poder, debilitar la representación plural, reducir contrapesos y poner en riesgo la autonomía de los órganos electorales locales.
Asimismo, lamentó que se insista en una agenda legislativa subordinada al Poder Ejecutivo, dejando de lado miles de iniciativas pendientes. Actualmente, existe un rezago de más de tres mil trescientas propuestas sin dictaminar, principalmente en comisiones clave como Hacienda, Justicia, Salud y Trabajo.
En contraste, Abigail Arredondo Ramos reiteró que el PRI respaldará la reducción gradual de la jornada laboral a cuarenta horas semanales, propuesta que beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras, al considerar que es una demanda legítima de la población y no una ocurrencia política.
“El PRI no será cómplice de la simulación ni del uso discrecional del dinero público. Vamos a seguir alzando la voz para exigir gobiernos responsables, que prioricen a la gente y no los intereses políticos”, concluyó.
