Ayer martes, varios miles de sindicalizados trabajadores al servicio de los poderes del estado, salieron a las calles a manifestar su inconformidad por violaciones al Contrato Colectivo de los Trabajadores, concentrándose en Plaza de Armas, para demandar al gobernador el respeto a sus derechos laborales. Intentarán la huelga si no los respetan.
De acuerdo a la dirigente sindical, Carmela Mancha, continúan las violaciones en agravio de aquellos trabajadores que están en tiempo de jubilarse y no se respeta el Contrato Colectivo, sobre todo ahora con las reformas legales aprobadas en esta Legislatura, al capítulo de jubilaciones y pensiones, dado que hoy se exigen 60 años para acceder a la jubilación; y la norma anterior solo contemplaba 30; pero, por Contrato Colectivo, se logró bajar la antigüedad a 28 años y no quieren respetar esta conquista laboral.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, Eric Salas, salió al paso diciendo que pondrían una mesa de diálogo para la semana próxima. Sin embargo acotó que las reformas legales están por encima de lo establecido en el Contrato Colectivo. Esta advertencia sienta la base del diálogo: no habrá reforma que modifique la ley.
Carmen Mancha, argumenta que se quede la ley como está, pero se respeten los derechos adquiridos, el Contrato Colectivo y no se aplique en perjuicio de los trabajadores la nueva norma. Los dos criterios quedaron establecidos para la mesa de diálogo. De acuerdo a las posturas, podemos adelantar que serán irreconciliables. Máxime cuando el legislador apuntala su criterio, según él, en que se han perdido los amparos que han promovido varios trabajadores y que la ley está sobre el Contrato Colectivo.
Este tema lo comentamos cuando los legisladores aprobaron “fast track” la iniciativa del Poder Ejecutivo, sin mayores trámites. Incluso la mayoría de la oposición estuvo de acuerdo en violar los derechos de los trabajadores al crear una norma deforme que atenta contra derechos adquiridos y viola la garantía de la irretroactividad. Garantía constitucional que protege derechos adquiridos, salvo enuncia expresa de ellos.
Le falta razón jurídica al legislador cuando afirma que la ley está por encima del Contrato Colectivo. Falso. Precisamente esos derechos adquiridos se denominan “extralegales”, son derechos que nacen por la voluntad de las partes y solo esa misma voluntad puede modificarlos, de tal manera que, unilateralmente es ilegal, inconstitucional.
Si bien es cierto que las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y sus municipios, ya vigentes, son aplicables; lo cierto que, en estricto derecho deben aplicarse a los empleados de nuevo ingreso, aquellos que son contratados bajo la vigencia de nuevas disposiciones legales. Pero, esas normas no son aplicables a todos los empleados que gozan de la vigencia de las disposiciones legales reformadas y mejoradas por medio de los Contratos Colectivos que han suscrito los Poderes y municipios con sus respectivos sindicatos. La regla legal y jurídica es esta, no hay otra interpretación, salvo que se pretenda tergiversar la sustancia del derecho laboral y constitucional.
Que hubo muchos abusos en el sexenio pasado y por ello se tuvo que reformar la ley, es cierto, pero ello no implica que deban lastimarse los derechos de los trabajadores que tienen garantizada la vigencia –dado que son mejores- de las normas reformadas. Es inconstitucional pensar que una reforma legal deroga derechos adquiridos, excepción hecha de no defenderse adecuadamente. Ahí está el claro ejemplo con el Sindicato de Pemex, las autoridades federales tuvieron que respetar el Contrato Colectivo y modificar el clausulado solo para el pesonal de nuevo ingreso a fin de que no se jubilen a temprana edad.
Eso deben hacer aquí las partes, cogenerar oportunidades para, en su caso, modificar el Contrato para el personal que ha ingresado apenas en esta administración. Pero no perjudicar a todos aquellos que llevan años laborando y ahora penden de la nueva interpretación para alcanzar los derechos que pretenden arrebatarles, exigiéndoles 60 años de trabajo en lugar de 28 para alcanzar la jubilación. Esta postura es eminentemente inconstitucional.
Ahora que, si bien puede ser cierto lo que afirma el legislador cuando refiere que han perdido los juicios de amparo algunos trabajadores, ello no significa que tengan la razón legal. Más bien habría que ver en contra de qué se ampararon, si estuvo bien elaborada la demanda y si detrás de esa defensa hay un buen abogado que los defienda. De lo contrario, aun teniendo el derecho, si no saben pedirlo, lo pueden perder.
