La propuesta busca garantizar que los proyectos hídricos cuenten con una normativa robusta y se alineen con las necesidades de la población
Con la finalidad de garantizar que todos los proyectos en el tema de subsanar el estrés hídrico en el estado cuenten con una verdadera normativa y vayan de la mano con las necesidades de la población, los diputados por Morena, Eric Silva Hernández, Blanca Flor Benítez, Rosalba Vázquez y María Margarito, presentaron una propuesta para fortalecer el marco jurídico de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Querétaro.
El diputado Eric Silva informó que para el fortalecimiento de esta ley se tiene al momento la modificación de 19 artículos que garantizará que cualquier otro proyecto o decreto que se lleve a cabo, cuente con un verdadero marco jurídico que defienda a los queretanos; pero harán extensiva la invitación a la sociedad civil, colectivos, ambientalistas y técnicos en la materia para que den acompañamiento a esta propuesta de reforma y lograr así una ley robusta, consensuada con la población en general para que garantice que esta ley tenga la aceptación necesaria y cumpla con lo que la ciudadanía demanda.
El legislador mencionó que una de las reformas propuestas es prohibir el uso de aguas residuales para consumo humano, es decir, homologar lo dispuesto en la NOM 127 a nivel estatal.
“Otro punto, es darle la facultad a la Comisión Estatal de Aguas para disminuir o cancelar el volumen de agua concesionada a las empresas, fábricas o a todas aquellas organizaciones de índole privado en caso de sequía o riesgo para que la disponibilidad del agua sea para consumo humano”, precisó el diputado.
Asimismo, se propone generar transparencia en el tema de las concesiones y de esa manera establecer si verdaderamente se tiene agua en Querétaro; así como la creación de un registro de los derechos del agua con datos de todas las concesiones y asignaciones por parte del gobierno del estado, así como de Gobierno Federal en la entidad y sea información de carácter público.
Silva Hernández indicó que también se pretende condicionar las concesiones y asignaciones dependiendo de la disponibilidad de agua en el estado, con el objetivo de priorizar siempre el agua limpia para uso doméstico, ya que no considera lógico otorgar concesiones a empresas que gastan mucha agua, mientras que la ciudadanía se queda sin el vital líquido; Asimismo, se especificarían las sanciones y causales de cancelaciones para las concesiones, como incumplir las normas sanitarias y el manejo de aguas residuales.
Por su parte la diputada Blanca Benítez, representante de los municipios serranos, consideró que es necesario reformar el marco jurídico para que, apegados a este, los proyectos a futuro tengan bases claras y no vayan en contra de las normativas federales ya establecidas.
Informó que en la ley no existe la obligatoriedad a la CEA para que sus ingresos sean invertidos en infraestructura, ya que en la Sierra Gorda aún existen muchas localidades sin el vital líquido, por lo que esta propuesta obligaría a la comisión a invertir sus ingresos en infraestructura.
Por otra parte, dijo que es necesaria la creación de un órgano independiente para que vigile que los ingresos que obtiene la CEA sean transparentados, ejecutados y dejen la opacidad, ya que no se tiene claro en qué se invierte lo recaudado. Además de que esté conformado por personas de la sociedad civil.
La diputada Blanca Benítez consideró importante el tema de la fijación de las tarifas, ya que precisó: “existen contratos que van hasta los 50 mil pesos y la Sierra no es la excepción, ya que existen localidades con alta marginación que están pagando contratos inaccesibles, por lo que es necesaria la regulación con criterios claros y que los costos no afecten a las familias más vulnerables en el estado”.
