En sesión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LXI Legislatura del estado, presidida por el diputado Guillermo Vega, e integrada por los legisladores Enrique Correa y Homero Barrera, además de contar con la presencia del presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra; de la diputada Claudia Díaz y los diputados Arturo Maximiliano García y Éric Silva, así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura, Dirección Jurídica y regidores de los Ayuntamientos de Querétaro y Amealco de Bonfil, presentaron para su análisis la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para modificar la denominación del máximo órgano de impartición de justicia en la entidad.
El diputado Guillermo Vega, precisó que en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por el artículo 51, fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, resulta procedente remitir desde este momento la iniciativa de referencia a los 18 Ayuntamientos del estado, con la finalidad de que estos tengan conocimiento formal de su contenido y designen en su oportunidad el enlace institucional correspondiente para el seguimiento del procedimiento de reforma constitucional. “Lo anterior, obedece a que la remisión a los municipios constituye una actuación preparatoria, indispensable dentro del procedimiento legislativo de reforma a la Constitución local y permite que dicho trámite se desarrolle de manera paralela al análisis técnico y jurídico que esta comisión realiza”.
Al hacer uso de la voz, el diputado Homero Barrera comentó que hoy tienen la oportunidad de hacer un pequeño acto legislativo, pero un gran acto de memoria histórica, al recuperar para el Poder Judicial, el nombre con el que nació en 1826: “Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro, un nombre que se modificó en el contexto del centralismo del siglo XIX y que hoy 200 años después podemos reivindicar; porque recuperar nuestro nombre también es recuperar nuestra historia, nuestra identidad y la fortaleza de nuestras instituciones. Enhorabuena para el Poder Judicial”.
En su intervención, el presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, luego de externar su sentido pésame por el jurista Fernando Cervantes Jaimes, quien, dijo, fue de los pocos conocedores del derecho parlamentario en la entidad, un segmento difícil de encontrar en especialistas en Querétaro y en México; manifestó que esta Legislatura declaró como Año del Bicentenario del Poder Judicial, por los 200 años que tiene de existencia la impartición de justicia institucionalizada por la Constitución de 1824, aquella Constitución que, indicó, le dio un marco en el sentido del federalismo y en donde la discusión más importante que tuvo México en el siglo XIX, versó precisamente respecto a qué clase y qué tipo de país se quería, un centralista o ser un país federalista, “un país en donde el federalismo precisamente de cada entidad federativa mantiene su supremacía desde una perspectiva soberana; de ahí que Querétaro sea un estado Libre y Soberano”.
Resaltó que derivado de la Constitución del 12 de agosto de 1825, fecha de cumpleaños del estado de Querétaro, porque es cuando nace como una organización política y como una entidad federativa, se dispuso que se instalarían Supremos Tribunales de Justicia en el país.
“De ahí que la Constitución de 1825 expusiera el camino en el país, en la República, para que uno de los estados primeros en México, en 1826, el 3 de junio se dictara un decreto en donde se declaró, por aquellos entonces, los ministros que formaron parte de esa institución judicial, se pronunciaron las palabras: queda instalado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Después vino una era y una época turbulenta y oscura para México, en donde el presidente Antonio López de Santa Anna, el 28 de febrero de 1843, de un plumazo y un borrón y tinta en las disposiciones en nuestro país de carácter político, volvió a centralizar el poder en México, y Antonio López de Santa Anna desapareció a los Supremos Tribunales de Justicia y les dio el carácter de Tribunales Superiores de Justicia, que habían sido tribunales de segunda y de tercera instancia; es decir, ni siquiera con la connotación de ser supremos, sino que además ni siquiera tenían la elevación ni la jerarquía jurídica; pero no solamente para el dolor de la República, eso aconteció para los supremos tribunales de justicia, sino que Antonio López de Santa Anna removió, desplazó y desapareció a las Legislaturas de los estados, a las diputaciones de las entidades federativas y creó diputaciones provinciales nombradas desde el centro; igualmente, los magistrados y ministros fueron de los estados de la República, al igual que los diputados, nombrados desde el centro por el presidente Santa Anna. Cuando se recobra el proceso federalista y el espíritu con el que el que nació México en 1857, retornamos, y varias entidades federativas corrigieron ese error histórico, se regresaron a ser tribunales, a devolverle la connotación de supremos tribunales para que se reforzara y se recordara no una vuelta al pasado, sino una mirada al origen en donde las entidades federativas son libres y soberanas”, recordó el presidente del Poder Judicial.
Braulio Guerra Urbiola aseveró que el cambio de denominación no es de ornato, ni es un maquillaje general a la institución judicial, que cumple 200 años en este año, sino que tiene un profundo simbolismo y sentido federalista; razón por la cual agregó, en esta ocasión del Bicentenario, por unanimidad de magistrados y magistradas, presentan respetuosamente a esta Legislatura, una iniciativa que considere renombrar en su origen al Supremo Tribunal de Justicia, “tal y cual se pensó, cómo nació y por las razones no simbólicas solamente, sino estructurales, incluso derivadas de la propia teoría del Estado mexicano, para que regresáramos a lo que México fue, pensó, diseñó en su espíritu y sus anhelos en 1826, el 3 de junio de ahí que a consideración de ustedes esta propuesta de regresar a la denominación original y poder exaltar precisamente la Soberanía del estado de Querétaro”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Guillermo Vega Guerrero, informó que una vez que ha sido analizada la iniciativa que los ocupa, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que remita copia de esta iniciativa a cada uno de los 18 Ayuntamientos del estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, y 51 fracciones I y III de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro.
