La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT), diputada Claudia Díaz Gayou, ingresó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado, nueve iniciativas de ley con el propósito de garantizar que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, observen criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y austeridad republicana.
La legisladora anunció, en rueda de prensa, la presentación de estas propuestas que contemplan la armonización de las legislación local con la Constitución federal, en materia de las jubilaciones y pensiones, cuya finalidad es acabar con las llamadas pensiones doradas.
La diputada Díaz Gayou recordó que la Constitución mexicana ahora establece que las jubilaciones y pensiones comprendidas en el supuesto, no podrán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, lo cual fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, recordando que esto fue aprobado en el Congreso de la Unión el pasado 10 de abril de 2026 y ahora todos los estados tienen que realizar la armonización correspondiente.
La legisladora puntualizó que esta reforma no está dirigida a los trabajadores en general, por lo cual no afecta a los maestros, al personal de operativo, administrativo, sindicalizado o de base. Destacó que tampoco modifica los requisitos para jubilarse, ni elimina pensiones, ni desaparece los derechos laborales adquiridos.
Aclaró que “la reforma se refiere específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza financiadas con recursos públicos dentro de organismos descentralizados, empresas públicas, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos”. En ese sentido, la diputada Claudia Díaz Gayou expresó que las iniciativas presentadas buscan: “armonizar para poder poner este freno y mejorar así las condiciones del recurso público”.
La diputada consideró que es indispensable realizar las adecuaciones legislativas correspondientes, por lo cual está proponiendo reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, a la Ley de Trabajadores del Estado, a la Ley de Administración Pública Paraestatal, a la Ley Orgánica Municipal, y diversos ordenamientos que regulan organismos públicos específicos.
Resaltó que no se trata de una reforma en contra de los trabajadores, ni de eliminar las pensiones, y tampoco de afectar los derechos laborales. “Se trata de cumplir una reforma constitucional vigente, armonizar nuestro marco jurídico local y garantizar que los recursos públicos se administren conforme a los principios que establece nuestra Constitución Federal”, reiteró.
Mencionó que de manera preliminar, se han identificado a alrededor de 43 entidades paraestatales y 25 entidades paramunicipales que podrían encontrarse dentro del ámbito de aplicación de estas reformas, lo que representa un total de 68 organismos públicos, entre universidades públicas, organismos descentralizados, fideicomisos, entidades educativas, organismos especializados, y diversas instituciones que forman parte de la administración pública, paraestatal y paramunicipal del estado.
Para finalizar, dijo que ha solicitado información a las instituciones y dependencias que estén potencialmente involucradas, para conocer con precisión los posibles efectos financieros y presupuestarios de estas reformas.
