El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, propuso a trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y a la Junta de Conciliación y Arbitraje pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador la designación de un interventor-administrador que garantice el funcionamiento normal de esa empresa y no se vea afectada la situación laboral y legal de su fuente de trabajo.
En ese sentido, destacó que siente la obligación de dar esa recomendación, ante la situación delicada actual en la región centro de la entidad, por el congelamiento de las cuentas de AHMSA y las acusaciones con la consecuente detención en España del presidente de la empresa, Alonso Ancira Elizondo.
En un comunicado de la Diócesis de Saltillo, agregó que en la petición debe incluir a las secretarías del Trabajo y de Economía para que avalen el desarrollo integral de la empresa, al tiempo de resaltar que con el nombramiento del interventor-administrador también se garantizaría la seguridad de trabajos y salarios de proveedores y clientes.
El jerarca católico hizo notar que AHMSA es la fuente de trabajo más importante que se tiene en la zona centro norte de Coahuila, por lo que la situación debe atenderse cuanto antes para evitar afectaciones a los trabajadores y pobladores del lugar mientras se resuelve el proceso jurídico que se ha iniciado.
Según Vera López, en la cadena de investigación de este caso están comprometidos públicamente la apoderada legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Fiscalía General de la República.
Añadió que el nivel de esas dependencias federales implica que no pondrán en riesgo la seguridad de las 50 mil familias que hoy en día tienen relación con AMHSA.
Acción que está relacionada con investigaciones de índole internacional conocidas como el caso Odebrecht, en el que la Secretaría de la Función Pública y la iniciativa privada de una decena de países han dañado estructuras políticas y económicas mediante ilegalidades, sobornos y corrupción.
Asimismo, resaltó la importancia de que todas las áreas de producción deben articularse dentro de un proceso que lleve a la empresa a prestar al país los servicios para los que fue creada.
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