La propuesta busca obligar legalmente a los servidores públicos a responder los exhortos en un plazo máximo de 30 días naturales
Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y combatir la impunidad administrativa en el estado, el diputado local Édgar Inzunza Ballesteros, coordinador del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 38 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.
La propuesta busca obligar legalmente a los servidores públicos del estado y de los municipios a responder los exhortos emitidos por el Congreso local en un plazo máximo de 30 días naturales. En caso de negativa, las autoridades deberán comparecer ante el Poder Legislativo para justificar su actuación. La omisión de respuesta sería considerada como falta administrativa sancionable.
Durante la exposición de motivos, el legislador subrayó que muchos de los exhortos aprobados por el Congreso del Estado terminan siendo ignorados o archivados, lo que limita el impacto de la labor legislativa y genera frustración ciudadana. “No podemos permitir que los llamados del Congreso queden sin respuesta. Esta práctica ha debilitado el diálogo institucional y socavado la confianza en las instituciones”, advirtió Inzunza Ballesteros.
La iniciativa responde también a un contexto nacional preocupante: México ocupa el lugar 140 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una calificación de apenas 26 puntos sobre 100, de acuerdo con Transparencia Internacional. Ante ello, el legislador sostuvo que el combate a la corrupción requiere herramientas eficaces, empezando por garantizar el cumplimiento de las responsabilidades públicas.
La propuesta establece que la falta de respuesta a los exhortos del Congreso será sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, en apego a los principios de legalidad, eficacia y rendición de cuentas.
Finalmente, el diputado Édgar Inzunza Ballesteros afirmó que esta reforma busca que el Congreso sea un órgano más eficaz en su labor de vigilancia, y que los exhortos legislativos dejen de ser simples comunicaciones sin consecuencias. “Con esta iniciativa, buscamos que la voz del Congreso tenga peso, y que el servicio público se ejerza con responsabilidad”, concluyó.
