La diputada Adriana Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Querétaro, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de debido proceso, derechos humanos del personal educativo y perspectiva de género.
La propuesta legislativa plantea la incorporación de un nuevo capítulo que establece principios claros para la actuación de las autoridades educativas en procedimientos administrativos relacionados con personal docente, garantizando al mismo tiempo la protección integral de niños y adolescentes en el entorno escolar.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la iniciativa parte de la necesidad de consolidar un sistema educativo que combine la protección del interés superior de la niñez con el respeto pleno a los derechos humanos de los maestros, bajo criterios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y certeza jurídica.
Asimismo, se destacó que en los últimos años se han fortalecido los protocolos de actuación en materia de denuncias y medidas de protección dentro del ámbito escolar; sin embargo, se han identificado áreas de oportunidad relacionadas con la claridad procedimental, la homogeneidad de criterios, la protección de datos personales y la aplicación de medidas precautorias proporcionales.
La iniciativa establece que las medidas precautorias deberán ser temporales, debidamente fundadas y motivadas, y en ningún caso podrán constituir sanciones definitivas sin resolución formal. De igual forma, se reconocen derechos fundamentales del personal educativo sujeto a procedimientos administrativos, como el derecho de audiencia, defensa adecuada, acceso a pruebas y trato digno.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones administrativas, con el propósito de prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la igualdad sustantiva dentro del sistema educativo estatal.
La diputada promovente subrayó que la iniciativa no limita la atención de denuncias ni la protección de niños y adolescentes, sino que busca fortalecer la actuación institucional mediante reglas claras que brinden seguridad jurídica tanto a estudiantes como al personal educativo.
Asimismo, se precisó que la propuesta no genera impacto presupuestal adicional, ya que su implementación podrá realizarse mediante la adecuación de los protocolos y mecanismos administrativos existentes.
Finalmente, la legisladora reiteró que esta reforma contribuye a consolidar un sistema educativo más justo, transparente y equilibrado, en el que la protección de la niñez y el respeto a los derechos humanos del magisterio sean principios complementarios dentro del Estado constitucional de derecho.
