Derivado de los trámites engorrosos para que los gobiernos en sus diferentes niveles paguen el daño ocasionado a los bienes de los ciudadanos por funciones administrativas irregulares, el senador Juan José Jiménez presentó iniciativa de ley en la materia.
El senador Jiménez externó que todos en alguna ocasión hemos sufrido algún daño por el ejercicio de una función del Estado, como alguna afectación patrimonial ocurrida por la poda de un árbol, por la colocación de algún puente, el arreglo de alguna vía, o uno de los más comunes, la ponchadura de una llanta ocasionada por el mal estado de calles.
Ante un gran número de situaciones más, el Estado debe garantizar el pago, sin importar si el daño fue causado por accidente o con intención; sin embargo, dichos trámites no son conocidos y duran mucho tiempo por el desahogo de pruebas.
La iniciativa propone una reforma al artículo 109 constitucional para establecer que los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado se lleven a cabo a través de un proceso sumario.
El procedimiento sumario es abreviado, dado que se concentran actos o etapas del mismo, lo que permite garantizar una justicia pronta y expedita en términos de lo que dictan los artículos 17 y 20 constitucionales.
“En ese sentido, el último párrafo del artículo 109 de la Constituciónn Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se da la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares; y estos tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”, comentó Jiménez Yáñez.
Juan José Jiménez dijo que actualmente existe legislación federal y estatal relativa a la responsabilidad patrimonial, sin embargo, los procedimientos se agotan en plazos muy largos, pues en algunos casos llegan a durar años por motivo de impugnaciones.
Finalmente, lamentó que no exista una estadística real de los daños que se ocasionan por la actividad administrativa irregular de los diferentes gobiernos, lo anterior sin lugar es en perjuicio de los particulares, quienes “no pidieron ni desearon sufrir un daño por parte de la autoridad que, además, actuó de forma irregular y muchas veces negligente, pues es a través del pago de los impuestos y derechos correspondientes, que la autoridad debe mantener en buen estado una calle, hacer una reparación de forma expedita, podar los árboles, entre otras muchas más actividades que los órganos de los tres niveles de gobierno están obligados a realizar”.
