En rueda de prensa, previo a presentar dos iniciativas de ley en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la diputada Dulce Imelda Ventura Rendón acompañada de Tania Paola Ruiz Castro, presidenta de la Junta de Asistencia Privada en el estado, así como su delegado Arturo Beltrán Guzmán; y las representantes de la Red Casas Hogar, Paloma Cervantes Reynoso; de la Casa Hogar Esperanza para Ti, Dionicio Mares; de La Alegría de los Niños IAP, Alejandra Díaz Rodríguez; y de Senderos IAP, Diana Castañeda Castillo, presentó iniciativa de ley para reformar el Artículo 45 y 57 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del estado.
La legisladora informó que, con el objetivo de facilitar la rendición de informes de las Instituciones de Asistencia Privada (Iaps) ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro (JAPEQ), es necesario homologan los plazos, toda vez que actualmente en la ley se advierte que, para que las instituciones rindan sus informes ante la dependencia, estos no están homologados, es decir, el informe de actividades de la ley establece que debe ser anual, pero para el informe patrimonial, este debe rendirse cada seis meses.
“Es poco práctico mantener un esquema en el que las IAPs presenten a la JAPEQ informes semestrales respecto de su patrimonio, pero anuales respecto de sus actividades, cuando es evidente que ambos informes están ligados y son interdependientes”, consideró la diputada.
Ventura Rendón indicó que, continuar con este esquema de informes patrimoniales semestrales y de actividades anuales dificulta el trabajo de revisión de la JAPEQ de forma innecesaria, requiriendo que ésta disponga de recursos humanos, materiales y financieros, que podrían concentrarse en un solo foco temporal. Por ello, esta iniciativa propone que tanto los informes de actividades, como los informes patrimoniales sean presentados de forma anual.
Por otra parte, para alinear la ley en materia de publicación de la lista de Iaps certificadas, se propone que el presidente de la JAPEQ tenga la facultad para gestionar la publicación de la lista de instituciones certificadas en la Sombra de Arteaga y obtengan un documento oficial, además de su certificación individual, que les acredite ante cualquier autoridad, como una IAP debidamente certificada con lo que les facilitará obtener la calidad de donataria autorizada.
Por su parte, Tania Ruiz informó que el número de instituciones que se tienen registradas en el estado son 157, de las cuales 98 están activas, pero fueron 80 las que en 2022 cumplieron y están en regla, el resto, en estos momentos se está revisando su estatus, ya que hay algunas que desde hace algunos años dejaron de operar, pero tienen qué cumplir con la ley, dándose de baja.
Por otra parte, la diputada Dulce Ventura presentó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleven a cabo todos los trámites necesarios para la adhesión de México al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest, con el objetivo de contar con un estándar internacional vinculante en materia penal que permita prevenir, investigar y sancionar los ciberdelitos en materia de pornografía infantil.
Este convenio se firmó en noviembre de 2001, a la fecha, son 68 los países que han ratificado el Convenio de Budapest, 44 estados europeos y 24 que no son miembros del Consejo de Europa. De América, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana son parte del este, pero México no ha firmado este convenio.
La legisladora considera importante que el país sea parte de este convenio ya que es el único instrumento internacional vinculante en materia penal, que establece herramientas legales para perseguir y sancionar aquellos delitos cometidos ya sea en contra de sistemas o medios informáticos, o mediante el uso de estos.
Ventura Rendón mencionó que dentro de los delitos que incluye el convenio y sobre los cuales se centra la cooperación que se deriva del mismo están los delitos de derechos de autor; el fraude informático; la pornografía infantil; los delitos de odio; el terrorismo y las violaciones de la seguridad en redes, entre otros, siempre y cuando se cometan utilizando sistemas informáticos, es decir, su objeto es regular los ciberdelitos.
“Contar con regulación jurídica adecuada para prevenir, investigar y sancionar estos delitos de pornografía infantil es fundamental y el Convenio de Budapest ofrece el único marco internacional penal vinculante en el mundo”, precisó la legisladora.
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